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El fin de semana pasado, en una sorpresiva visita a Venezuela, el presidente Evo Morales anunció que la parte que queda del yacimiento de hierro más grande de Sudamérica sería explotada por una empresa binacional boliviano-venezolana. La sociedad estaría conformada por el Empresa Siderúrgica del Mutún, por parte boliviana, y la empresa equivalente de Venezuela. El anuncio estuvo respaldado, incluso, con la firma de una carta de intenciones. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llegó a decir en la ceremonia protocolar realizada para dar la noticia, que el consorcio boliviano-venezolano iba a tomar la delantera a la empresa de la India.

Sin embargo, al regresar Morales de Ciudad Piar y ante las críticas que despertó la información sobre la conformación del consorcio siderúrgico binacional, éste determinó anunciar que la explotación de la segunda mitad vacante del Mutún sería sometida a una licitación internacional. El anuncio equivaldría a desistir del proyecto de la empresa binacional.

Todo dio un giro en el curso de 24 horas. Los medios de comunicación internacionales estaban anunciando todavía que Bolivia y Venezuela habían firmado un acuerdo para la explotación de la mitad del hierro del Mutún, cuando surgió la noticia de que todo el proceso será sometido a una licitación internacional.

Varias observaciones hay que hacer sobre este modo de proceder.

En primer lugar, será preciso decir que el presidente Morales debería poner algo de cuidado en sus decisiones de política exterior. No se trata de cuidar sólo la imagen del Mandatario, sino el prestigio de todo un país.

Una impresión que se suma a la que tienen los industriales mineros sobre la política tributaria del sector. Las autoridades de Minería saben que es preciso definir la política tributaria si se desea atraer las inversiones extranjeras para el sector.

Un informe de La Razón estableció que los inversionistas extranjeros están esperando, desde hace un año y medio, que el Ejecutivo les fije las reglas de juego impositivo.

La noticia del domingo pasado mostró a los bolivianos que el presidente Morales actúa, a veces, presionado por su par de Venezuela. Por lo demás, lo correcto sería que el Gobierno opte por aplicar las leyes acerca de todos los temas nacionales.

No puede haber ninguna presión internacional capaz de doblegar a las leyes de Bolivia. Si la norma dispone que los recursos naturales para su explotación de parte de inversionistas extranjeros deben pasar por procesos de licitación, así hay que hacerlo. Si el Mutún, aquella parte que le corresponde al Estado administrarlo, necesita de un socio inversionista, éste debe venir luego de un proceso internacional y no en sobre cerrado, porque de lo contrario se estaría cayendo en un modelo similar al de la capitalización, donde los recursos naturales y algunas empresas fueron entregadas a capitales que estaban, poco más que definidos con antelación.

La administración Morales no puede eludir las leyes.