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Una cosa son los cabildos ciudadanos, donde se reúne el pueblo al margen de colores políticos, haciendo sus demandas que no pretenden tener fuerza de ley. Eso ya se ha visto, de manera multitudinaria, en algunos departamentos de Bolivia. Pero algo muy distinto son las cumbres sociales destinadas a mostrar fortaleza, a amedrentar y a señalar rumbos que sólo les corresponden a quienes por ley y por elección, vía voto en las urnas, han sido designados para esas tareas.

En ese contexto, la cumbre social realizada en Sucre de donde emanaron una serie de resoluciones no pueden asumirse como determinaciones de una mayoría. En el país está vigente la democracia representativa y en tanto ese sea el mecanismo por el cual el pueblo está representado, no pueden existir organizaciones que pretendan por su propios procedimientos imponerse, primero, la representatividad de la población y, segundo, a título de ello asumir resoluciones.

Desde el momento en que el Gobierno anunció la marcha de 100 mil personas hacia Sucre, de las que llegaron algo menos del 10 por ciento, se asumió que éstas a quienes representan eran a las bases del Movimiento al Socialismo y a nadie más y que, obviamente, no cuentan con ningún tipo de facultades legales para tomar decisiones. Ni la CSUTCB, ni los cocaleros de Yungas y del Chapare, ni la CIDOB, ni los Ponchos Rojos, ni la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, ni los colonizadores, todos juntos, pueden adoptar decisiones que corresponden exclusivamente al Presidente de la República, a los miembros de su gobierno, a autoridad legal o al Congreso Nacional.

Por lo tanto, las diez resoluciones que se aprobaron en el estadio Patria, donde se arremetió, principalmente, contra Sucre, no tienen validez legal. Se reducen a un propósito político, alentado por el MAS, para señalar un orden que no está reconocido por la Constitución y que, por consiguiente, no es aceptable.

¿Qué sucedería si los opositores al Gobierno o la ciudadanía y sus instituciones de cualquier tendencia convocaran a una asamblea popular en cualquier lugar de la República y redactaran resoluciones al estilo del MAS? ¿El MAS aceptaría? ¿Serían, finalmente, igual de representativos? ¿Cuál sería la diferencia de tal arbitrariedad con la de Sucre?

Estas cumbres sociales y el aliento a que se movilicen indígenas y campesinos no es una forma democrática de gobernar. Por el contrario, traen como consecuencias una gran tensión en el país y además se producen hechos bochornosos, como fue el ataque inconcebible e injustificable que los Ponchos Rojos y hasta algún parlamentario, cometieron contra el domicilio de la alcaldesa de Sucre, Aydée Nava. Un hecho que debe ser investigado y que no debe pasarse por alto.