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El último episodio de esta iniciativa ha sido la denuncia del ex ministro del ramo, Jerges Mercado, que acusó de corrupción, tráfico de influencias y beneficios en función del cargo al entonces viceministro de Vivienda, Marcelo Zurita. Mercado, sintiéndose solo y sin respaldo en su acusación, terminó renunciando junto con el denunciado.

Por el Ministerio de Vivienda y Obras Públicas en un año y ocho meses se han cambiado dos ministros —el tercero está hoy en funciones—, cuatro viceministros y seguramente muchos más directores y funcionarios de cargos menores han sido removidos, o finalmente tuvieron que renunciar, por escándalos vinculados con la gestión o la administración.

Habrá que lamentar que las irregularidades atribuidas a anteriores gestiones gubernamentales, en el tema vivienda, continúen en esta administración, formando así una larga lista de casos de corrupción. La gestión del Estado para subsanar los problemas habitacionales fue puesta en duda siempre y ahora parece no ser la excepción.

Es sorprendente que aún exista, como denunciaron en su momento dos ministros del sector, Salvador Ric y Jerges Mercado, un intrincado sistema de funcionarios que se van turnando en el manejo de las cuentas de vivienda.

Y lo peor que podría hacer el Gobierno es levantar las manos y resignarse a creer que las cosas no pueden mejorar, que la gente que se está corrompiendo y que está corrompiendo no puede ser sancionada. Para comenzar, deberá proponerse esclarecer todo lo ocurrido con el viceministro Zurita, sus antecesores y todo el equipo del Viceministerio de Vivienda. Será bueno saber hasta dónde se introdujo la supuesta corrupción en el sistema y hasta dónde llegó —y llega— el tráfico de influencias que se ejerció y está vinculado con los programas de vivienda y la calificación de las financieras.

Será preciso averiguar qué pasó con los 60 millones de dólares que se dispusieron para el programa de vivienda y del sistema conformado por mutuales en todo el país, además de cooperativas y otras organizaciones de ese tipo.

El Ejecutivo está en la obligación de ir hasta el fondo del asunto. El Presidente de la República no puede manchar su gestión por casos de corrupción como los que, al parecer, tienen dimensiones de escándalo en Vivienda.

La corrupción no puede ganar esta batalla. El país necesita de líderes capaces de poner fin a estas prácticas y avanzar en la solución de los problemas que afectan a la sociedad.

Al margen de concentrar toda la atención y los esfuerzos en la investigación de los hechos actuales, se debería intervenir el Viceministerio de Vivienda para reestructurar todo el esquema y hacerlo funcionar mientras se esclarezcan las denuncias contra los acusados. El riesgo, de no actuar así, es que esto se vuelva un espectáculo de acusaciones sin castigo, en uno de los programas más prometedores del Gobierno.