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La reacción vino después de que todos los actores que conforman el sector forestal nacional se reunieron en un primer congreso para analizar la situación de esta importante actividad económica y verificar que el Gobierno ha tomado decisiones inconsultas y arbitrarias. Cabe aclarar que el sector forestal no está sólo constituido por empresarios privados, sino, al contrario, la mayoría de los manejadores de bosques son agrupaciones comunitarias congregadas en las Asociaciones Sociales del Lugar y dentro de las Tierras Comunitarias de Origen.

El sector forestal tendría que merecer respeto y las mayores consideraciones de las autoridades gubernamentales, porque en la última década obtuvo importantes logros en cuanto a preservación, conservación y aprovechamiento sostenible de los bosques naturales y además por haber consolidado un modelo para el manejo de las tierras forestales que permiten su explotación con buenos réditos para la economía.

Por éstos y otros motivos, la riqueza forestal no tiene que estar expuesta a medidas políticas, a título de ejercer soberanía sobre los recursos naturales, como se estaría intentado hacer en la propuesta oficialista de nueva Constitución Política del Estado, según denunciaron organizaciones del sector.

En rigor de verdad, fácil es asumir el control estatal de las riquezas naturales, pero la experiencia, que en el país es suficientemente aleccionadora, abre la posibilidad de echar por la borda décadas de trabajo para construir un modelo de manejo forestal sostenible único en la región.

Otra cosa es que el Estado fiscalice el proceso de aprovechamiento y habría que hacerlo dada la cantidad de inescrupulosos que han aparecido en el último tiempo y se están dando a la tarea de explotar madera de manera irracional y venderla, vía contrabando, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los bosques, al margen de la ley y del régimen actual.

Por el peligro que amenaza al sector, los forestales se han declarado en emergencia, con el propósito de defender la preservación del actual modelo, exigiendo al Gobierno, además, el nombramiento de un superintendente forestal titular, apolítico, cuya independencia garantice la transparencia de gestión.

La autoridad que les asiste a los forestales es que en 11 años obtuvieron lo que otros países no logran con más años en la actividad. El Gobierno debería dejar de ignorar a los forestales y poner orden en la actual Superintendencia Forestal.

Es necesario que el Presidente de la República conozca de cerca la actividad forestal y viva la experiencia de la aplicación del modelo de manejo sostenible de bosques, sólo así podrá reconocer el valor que tiene este sector económico.