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En otros términos, el Ejecutivo ha recibido, de cierta manera, un respaldo a la política que está siguiendo en materia del combate a las drogas y eso significa un punto a favor que, a la vez, representa un reto para que el Gobierno ejecute con firmeza la lucha antidroga, por un lado, y el cumplimiento de la erradicación concertada de coca, por otro.

Podría entenderse, en consecuencia, que es una oportunidad que no se debe dejar pasar, de lo contrario podría llegar una eventual descertificación que sería muy grave para el país. No sólo se pondría en juego la lucha antinarcóticos, sino las preferencias arancelarias, aparte de crear una situación muy compleja en las relaciones políticas y diplomáticas de Bolivia con Estados Unidos. Podría eliminarse la ayuda directa que recibe y deteriorar la posición que tiene ante la comunidad internacional, para seguir recibiendo asistencia económica.

Entonces, no habría que cerrar los oídos a la exhortación estadounidense para que la reducción de coca sea la primera prioridad de la administración Morales. El pedido se hizo con mucha cordialidad. Otra de las iniciativas que sugiere EEUU al Ejecutivo es que revitalice su estrategia antinarcóticos, elimine la permisividad en los cultivos lícitos, ponga fin a la llamada exención del "cato" y fortalezca los controles sobre la venta de coca lícita. El cato es una extensión de terreno de 1.600 metros cuadrados. Inicialmente fue por familia, pero el actual Gobierno aceptó que fuera por afiliado sindical.

En efecto, el Ejecutivo anunció que hasta diciembre se erradicarán 7.000 hectáreas de cultivos de coca, superando así la meta de 5.000 hectáreas, que se previó para la presente gestión. Empero, al mismo tiempo, se dispuso que el total de cultivos de coca se eleve a 20.000, cuando lo establecido en la Ley 1008, que no ha sido reformada ni sustituida, es de sólo 12.000 hectáreas legales.

La firmeza que se requerirá, entonces, debería estar enfocada a poner un límite definitivo a las áreas de cultivo legal, no habilitar nuevos mercados ni aumentar la cantidad de productores. Se debe, además, impulsar el programa nacional de reconversión productiva (antes llamado desarrollo alternativo) en las áreas de cultivo excedentario de coca. En materia de interdicción, la lucha contra el narcotráfico requiere de una normativa que le permita avanzar en sus propósitos y así fue planteada por los altos jefes antinarcóticos del país que se espera sea analizada y canalizada en función a su viabilidad.

La actual administración tiene un reto muy grande, tal vez más que cualquier otro gobierno, debido a su vinculación con los sectores cocaleros con los cuales sí puede concertar y establecer un vínculo de negociación positiva.