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El territorio nacional confronta un estado de extrema contaminación, por los incendios que están asolando a seis de los nueve departamentos, como resultado de la habilitación de tierras forestales a agrícolas para la siembra. Esta práctica que se reproduce cada año, pero con más intensidad que el anterior, ha llegado en la actualidad a afectar, por ejemplo, las operaciones aéreas de siete aeropuertos, a causa de las densas humaredas que los cubren.

La situación es tan grave en la región oriental del país, empezando por la ciudad de Santa Cruz, la mayor del país, que miles de personas están sufriendo en su salud los efectos de las humaredas, tales como infecciones respiratorias, conjuntivitis en los ojos e irritaciones en la piel (dermatitis).

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que los satélites espaciales han registrado 447 incendios, entre los días lunes y martes de esta semana. Esta cifra es siete veces mayor a la del año pasado, cuando en el mismo período se detectaron 63 incendios.

Aunque las apreciaciones oficiales sobre el origen de los incendios pueden ser todavía provisionales, hasta tanto se completen las investigaciones técnicas del caso, el director general de Recursos Forestales y Medio Ambiente, Jaime Villanueva, dijo a La Razón que la mayor parte de los incendios se está produciendo en propiedades agroforestales mayores a las 500 hectáreas de extensión, lo que puede atribuirse a una actividad netamente agroindustrial. La finalidad sería la de extender la frontera agrícola.

La devastación de bosques no ha causado todavía la muerte de seres humanos, pero lo que sí está haciendo es matar a la fauna en reservas y parques nacionales, entre ellos Aguaragüe (Tarija) y Carrasco (Cochabamba), además de poner en riesgo campos petrolíferos en Camiri, donde arden unas 500 hectáreas del cerro Sararenda, que está considerado como un patrimonio nacional.

Pese a que en el pasado se demandó a los agricultores no seguir causando estos daños forestales —incendios y chaqueos—, esta vez tendría que dirigírseles un clamor nacional, para que se abstengan de realizar estas prácticas sin control alguno que constituyen verdaderos crímenes contra el medio ambiente y la biodiversidad. Además, a estos depredadores se les tiene que aplicar sanciones rigurosas, previa investigación exhaustiva y esa es responsabilidad de las autoridades.

Uno se pregunta, bajo estas circunstancias, en qué está la normativa sobre el medio ambiente. Bolivia tiene una ley en la materia, pero ésta no cuenta con sanciones. Es decir, en la historia nacional no existe registro de alguien que haya sido juzgado y sentenciado por quemar un bosque, por talar árboles sin plan de manejo, por saqueo, por la muerte de fauna y flora.

La conclusión es que los daños al ambiente y que tienen efecto directo en el ser humano no son sancionados en el país. Bajo estas circunstancias no se comprende dónde están las organizaciones ambientalistas del país, que son muchas, reclamando por esta actividad tan dañina.

Para ser pragmáticos, se nota que la falta de previsión le falló al país y los incendios han sorprendido a todos desprevenidos de control, de leyes y de capacidad de reacción.