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Los procesos de diálogo político en el país nunca han seguido un trazo llano; en ese sentido, en circunstancias en que se deben tomar decisiones cruciales respecto del proceso constituyente o asumir consensos necesarios para allanar las vías que obstaculizan, no se debiera pretender que no existan tropiezos que luego obliguen a levantarse otra vez o que no exista estancamiento que luego se solucione. La naturaleza de la política boliviana es así y siempre ha sido así. Pensar que podría cambiar ahora es utopía.

En cuestiones de política la pragmática dicta que la relatividad es mejor consejera que los absolutismos. No se trata de falsos positivos ni de esperanzas en agonía, sino de una inyección que permita agotar las instancias y no echar por la borda intentos intensos y alternativas varias. Ahora, eso sí, las contradicciones tampoco son buenas consejeras.

No se puede negar que en el contexto político del país se están haciendo esfuerzos que hasta pueden parecer ficticios para resolver su crisis política, pero que, en el fondo, son alternativas al fin. En ese afán resultan siendo importantes, más allá de cualquier connotación o cariz políticamente interesado, los empujes que está dando el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, al frente de un diálogo que se está generando en torno a lo que se ha venido a denominar el Comité Político conformado por el partido de gobierno y 10 fuerzas políticas con representatividad en la Asamblea Constituyente.

Que si la instancia suprapartidaria creada viola el carácter independiente de la Asamblea Constituyente o busca tomar resoluciones al margen de ella, es un análisis que no debiera entorpecer ni empañar la posibilidad de usar el acuerdo político como mecanismo que viabilice los consensos. Finalmente, los acuerdos políticos más de una vez de la vertiginosa vida política boliviana han sido instrumentos salvadores.

Las decisiones que se vayan a asumir respecto de la Asamblea Constituyente, su continuidad, sus plazos y el cumplimiento de su mandato están inevitablemente sujetas a determinaciones políticas de un conjunto, quienes se excluyan de ellas estarán dejando que sus propias contradicciones anulen su responsabilidad y que se impongan, sin vuelta, disposiciones sin pleno consenso que afecten la frágil unidad nacional.

Lo peor que se podría pensar es que existen actores de la vida política nacional que buscan que las situaciones lleguen al límite para que sólo así se logre el advenimiento de nuevas fórmulas. Esta apuesta es arriesgada no para la estrategia bajo la manga, sino para el país que podría caer en un pozo sin fondo, en una autocracia y donde el gobierno de la ley sea reemplazado por una espiral de conflictos sin término.

El diálogo no puede ser reemplazado por la posición tozuda y contradictoria. Sólo a través del consenso se deberá definir si la Asamblea extiende su paralización o no, así como si existen las condiciones y las garantías para continuar y si podrá en menos de dos meses redactar una Constitución Política. Tampoco debiera dejarse a la resolución de unos cuantos si el foro debiera cerrarse, y de ser una opción habrá que ver bajo qué condiciones y si existen perspectivas en un lapso breve de encaminar una nueva Asamblea.