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Injustamente acusado de traición y otros delitos, sin merecer el debido proceso frente a un Fiscal General que nunca me escuchó, una Corte Suprema que no salvó mis derechos para enfrentar un juicio justo y un Congreso indolente que hace más de un año no atiende el asunto, podría sentirme defraudado por la fragilidad de las instituciones y agraviado por la mezquindad y la sumisión política de quienes deben cumplir y hacer cumplir la ley.

Sin embargo, este 25 aniversario prefiero sentirme con esperanza frente al futuro, prefiero apreciar y compartir los valores democráticos que se sembraron durante una generación de hombres libres que forjaron un tiempo en el que ya no se mandó por la fuerza de las armas, en un tiempo en el que la representación ciudadana se fue expandiendo de manera inclusiva, eficaz y genuina. La democracia transformó la composición del Congreso, los municipios y las prefecturas. Los ciudadanos alcanzamos mayor participación a través de los Referéndum y la Asamblea Constituyente. Se cualificó la elección de autoridades

para un Sistema Judicial más independiente que se modernizó con la incorporación de la jurisdicción constitucional y la carrera judicial, entre otras medidas que garantizaban más y mejor los derechos ciudadanos. La administración pública se transformó sustancialmente con nuevas estructuras y sistemas de gestión y control que hoy favorecen la eficacia y la transparencia en el uso de los recursos públicos. Los indicadores de desarrollo humano han sido crecientemente favorables y la libertad ciudadana nunca ha sido disminuida.

Es tiempo de examinar el pasado en democracia superando los errores y afirmando el porvenir, destacando la importancia de las instituciones públicas, de la inclusión social, del pluralismo, de la libertad y la construcción de un Estado de Derecho pleno, como el mejor cimiento para seguir construyendo más y mejores oportunidades para todos.

La democracia seguirá siendo el mejor remedio para los problemas de convivencia ordenada y sometida a la ley. Así lo probamos en junio del 2005, cuando la crisis de gobernabilidad me llevó a la Presidencia como titular de la Corte Suprema. La reafirmación de los conceptos de libertad para elegir y ser elegido, de la obligación de los gobernantes y servidores públicos de dar cuenta por el uso del poder, de las ventajas de la pluralidad de las ideas y de la alternabilidad de opciones, contribuyeron a enfrentar el desencanto y la frustración por dos sucesivas administraciones elegidas, pero cuyos presidentes acabaron renunciando. Se truncaron a muy alto costo la secuencia de los procesos de desarrollo, de reducción de pobreza e inclusión de amplios sectores tradicionalmente marginados.

Las últimas elecciones generales celebradas el 2005 y de constituyentes el 2006, revelaron una vez más la extraordinaria disciplina electoral de los electores que fueron libres para elegir a sus candidatos favoritos, actitud que deberá ser correspondida por éstos, para dar cuenta del uso del poder que ostentan, de las funciones que cumplen y de los resultados que logran, todo en el marco de las instituciones y el respeto por las leyes y reglas que rigen la relación entre los ciudadanos y de éstos con el Estado.

Los siete meses y días de mi gestión de gobierno se caracterizaron por el respeto por el principio de la legalidad; la transición electoral imparcial y simultáneamente, la conducción del gobierno con integridad y transparencia. El diálogo abierto, franco, sin exclusiones y el desprendimiento de los principales actores permitió no sólo restablecer la paz social en el país, sino también la agenda política e institucional que abrió un nuevo tiempo democrático: se acordó realizar elecciones generales; convocar a la primera elección de prefectos departamentales; realizar el Referéndum Autonómico y en la misma fecha, elegir a quienes conformen la Asamblea Constituyente. Al efecto, el Poder Legislativo aprobó por la vía de la reforma y de la interpretación constitucional, las normas que sellaron la juridicidad del proceso.

Como toda gestión de gobierno, no se libró de dificultades propias de la maduración democrática, como la crisis provocada por la obligación de redistribuir los escaños de representación en la Cámara de Diputados, episodio que en su momento no contó con la voluntad de solución por parte del Congreso, de las regiones, de los comités cívicos, ni de los movimientos sociales. Fue necesario resolverla mediante un decreto supremo que invocó la racionalidad jurídica y la importancia de un valor superior, para garantizar la realización de las elecciones. La transición democrática fue compleja, la legalidad fue el mejor instrumento para transitarla, en orden y sin lamentar muertos ni enfrentamientos sociales.

No puedo dejar de significar mi preocupación por el sistema judicial del país. Puse especial interés en consolidar las políticas para mejorar y ampliar el acceso a la justicia, promulgando la Ley de Modificaciones a la Ley de Organización Judicial que restablece los Juzgados de Paz; aprobando la Estrategia Nacional de Derechos Humanos y autorizando la mejora en los presupuestos del Poder Judicial para ampliar el servicio jurisdiccional y del Ministerio Público para eliminar las subvenciones de la cooperación internacional a los salarios de fiscales especiales.

Mi aporte como juez y Presidente procuró en todo tiempo la independencia de la función judicial, hoy severamente afectada. La judicialización de la política y la politización de la justicia, expresada en procesos de alto contenido político, sin garantías de debido proceso y expuestas a presiones oficiales y mediáticas, o conductas erráticas de autoridades del Ministerio Público y de la misma Judicatura, afectan a uno de los pilares fundamentales de la democracia.

Mantengamos la esperanza en que los valores democráticos sembrados hace 25 años seguirán creciendo hoy y mañana para nuestros hijos. Su coyuntural desprecio no podrá limitar nuestras aspiraciones por una reconciliación urgente entre todos los bolivianos, sólo unidos y en paz podremos enfrentar un futuro, pero con más justicia y libertad.

Madrid, octubre del 2007

´Mi aporte como juez y Presidente procuró en todo tiempo la independencia de la función judicial, hoy severamente afectada”.

El perfil

El hombre • Nació en Cochabamba en 1956. Estudió Derecho en la UMSS.

La trayectoria • Fue Presidente del 9 de junio al 22 de enero del 2006. Presidente de la Corte Suprema de Justicia.