• EL VOTO, MÁS allá de la elección presidencial • El 2 de julio del 2006, ciudadanos de Achacachi votan por constituyentes y deciden sobre las autonomías.

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Por qué Bolivia está mejor que hace 25 años? Para quienes han vivido en dictadura, la respuesta parecerá obvia y bastará con contraponer un régimen frente al otro. Producto de este ejercicio es posible que las opiniones identifiquen dos grandes conquistas: la recuperación del voto y la afirmación de las libertades ciudadanas.

Para quienes han nacido y crecido en democracia —que en estricta lectura de los últimos datos censales será la mayoría— tomará algo más de esfuerzo el responder, peor aún si se apela a la memoria reciente que devela un país en constantes crisis políticas y sociales, aunque en permanente construcción.

Quizás esta última palabra ayude a hallar un punto común entre ambas visiones: que 25 años después, la democracia está en constante construcción, por lo que no deberá reducírsela a un simple hecho histórico, como fue en su momento la recuperación del voto en 1978 o la inauguración del primer gobierno democrático —de un total ya de seis consecutivos— en 1982. Ambos hechos forman parte de un mismo proceso, por lo tanto comparten un mismo objetivo: el cada vez vivir bien y mejor.

Esto implica ejercitar plenamente nuestras libertades cuidadanas, entre ellas el derecho a votar y ser elegido. Implica también sentirse igual ante las leyes y las instituciones. Participar de las grandes decisiones del Estado y los gobernantes...

Todo esto se ha logrado —desde luego no a plenitud ni en su mejor expresión— en este cuarto de siglo. Al contrario, los desafíos parecen aún más que los logros.

A pesar de ello, como comprobará el lector en las páginas siguientes, la senda está marcada y hace falta sólo andarla.

Más allá del descrédito de los actores y los errores cometidos, la democracia está viva. Algunos partidos han desaparecido y hasta dos gobiernos han caído, pero la democracia está de pie... A veces al borde del abismo, pero de pie. Son varias las razones y usted las hallará en este libro, relatadas por los actores y protagonistas, y explicadas sobre la base de hechos... los hechos de los 25 años de la democracia.

Conflictividad y gobernabilidad

De la democracia pactada a la política en la calle

En los 25 años de democracia, Bolivia tuvo grandes momentos de crispación social y política que arrojaron la urgente necesidad de resolver la crisis de Estado y generar otro acuerdo entre bolivianos.
El ejercicio de la política en Bolivia se trasladó de los espacios de concertación hacia la calle o las carreteras.

Al poco tiempo de asumir la Presidencia de la República, Hernán Siles Zuazo fue víctima de la soledad política y de los ataques de conservadores como de revolucionarios descontentos con el Gobierno. Presionado, tuvo que adelantar las elecciones generales.

Dicha fragilidad fue la señal suficiente para que el sistema de partidos conciba la democracia de pactos como el mecanismo que permite la gobernabilidad para presidentes como Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga. Tuvo resultados en el ámbito político y legislativo, pero insuficientes en los sectores sociales que, tras la agonía permanente del sindicalismo boliviano, buscaron y hallaron otros agentes de expresión, como los movimientos sociales o los regionales.

En algunos momentos, esa conflictividad se manifestó en fricciones y en otros, en convulsiones. O también. Los que empezaron como fricciones acabaron en convulsiones.

Los conflictos protagonizados por los maestros, los productores de coca, los campesinos, los universitarios, los vecinos de El Alto, los cívicos e incluso los mismos policías, testimoniaron que —ante la crisis del sistema de partidos— el ejercicio de la política se reprodujo en las calles.

La guerra del agua de abril del 2000, los bloqueos campesinos en el altiplano de La Paz, los motines policiales, los paros cívicos en demanda de la autonomía departamental o contra el alza del diesel o el enfrentamiento entre vecinos y campesinos de Cochabamba a principios de este año, reflejan dicha conflictividad.

Institucionalidad

Las nuevas instituciones ayudan a la gente

Cuando un ciudadano se acerca al Defensor del Pueblo para hacer conocer una denuncia en contra de una autoridad o cuando un padre de familia obtiene el certificado de nacimiento en la oficina de un Notario de Registro Civil o cuando una persona mayor de edad ejerce el papel de Juez Ciudadano, se está sintiendo los efectos de una mejor institucionalidad del Estado.

Las medidas que los gobiernos adoptaron para mejorar la estructura del Estado boliviano se reflejan en la vida cotidiana de los ciudadanos. Así, por ejemplo un empleado de la Administración Pública sabe que puede ser protegido por el Estatuto del Funcionario Público y cada que hay elecciones en el país, los votantes saben que la Corte Nacional Electoral debe cumplir con la obligación de emitir información transparente e inmediata sobre los resultados de su votación.

Entre 1991 y 2002, los partidos políticos se destacaron por los acuerdos que lograban para modernizar el Estado: la creación del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura, como se autorizó la educación bilingüe, en reconocimiento de que Bolivia es una república pluricultural y multiétnica.

Los acuerdos que hubo para elegir de acuerdo a ley y a la meritocracia a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, de la Aduana Nacional, se concretaron en la primera elección. Sin embargo, luego sobrevino la etapa de los interinatos, lo que ha permitido que los gobiernos entreguen a muchas instituciones públicas con la orden del Presidente o de otras autoridades de primer nivel.

Desde 1997, la democracia de pactos se distorsionó cuando Hugo Banzer Suárez conformó la megacoalición para llegar al Palacio de Gobierno como Presidente Constitucional. En consecuencia, los políticos que ayudaron a mejorar a las instituciones del Estado se encargaron de afectarlas.

Política económica

El Estado vuelve a recuperar protagonismo

El 29 de agosto de 1985 se inauguró la Nueva Política Económica (NPE) que transforma el papel del Estado en la economía y pone en escena el neoliberalismo, 22 años después de aquella medida, se adoptan medidas que convierten al Estado en protagonista de los sectores estratégicos, pero aún con la presencia del Decreto 21060 que firmó Víctor Paz Estenssoro.

Tras el periodo de la hiperinflación y con la caída mundial de los precios del estaño sobre la espalda, la NPE desahució al estatismo y echó las raíces para la intervención de los capitales privados en todos los sectores de la economía y expuso el inevitable desafío de diversificar la economía, para no depender únicamente de la extracción de los recursos naturales, como los minerales o el petróleo.

Tras la privatización de empresas estatales deficitarias, se propuso la capitalización de las empresas estratégicas como el impulso necesario y definitivo para el desarrollo económico del país. Bolivia asistía al auge de la economía neoliberal, que se destacó por atraer capitales extranjeros que transformaron empresas deficitarias en modernas. Así, el país que en 1992 analizaba la posibilidad de importar gasolina para consumo interno, se convirtió, para el 2000, en la segunda potencia de gas natural de la región.

Sin embargo, ese modelo no pudo hacer frente al enorme problema de desempleo, mientras el descontento social no dejaba de crecer. Así, en octubre del 2003, con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se abre otra etapa donde el Estado debe hacerse más fuerte y se incorpora a la economía como protagonista y también como fiscalizador. El decreto de nacionalización de hidrocarburos, la nacionalización de la fundidora de Vinto, como la recuperación de dos empresas refinadoras, muestra el nuevo perfil estatal. Sin embargo, los empresarios privados, nacionales o extranjeros, tienen su propio espacio.

Participación

La sociedad civil se organiza y participa

El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la Iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum... De esta forma comienza el artículo 4 de la actual Carta Magna.

Los tres mecanismos introducidos el 2004 son apenas una de las muchas pruebas de que la democracia ha madurado hacia la participación de los ciudadanos, que han pasado de votar a tomar decisiones.

Una de las primeras experiencias se produjo en 1983, cuando se promovió la conformación de los Comités Populares de Salud. Pese a que la situación económica era catastrófica, esta iniciativa permitió que trabajadores, madres, vecinos, obreros, medios de comunicación, se involucren en una labor titánica, pero que dio frutos: la promoción y el cuidado de la salud a todo nivel.

En 1994. 11 años después, nadie se imaginó que una de las entonces llamadas “leyes malditas” daría lugar a que la sociedad civil, a través de los Comités de Vigilancia, se involucre en la gestión municipal. Ésa es una de las grandes virtudes de la Participación Popular.

La Reforma Educativa también puso su grano de arena, dando lugar a la conformación de las Juntas Escolares, que permitieron que los padres de familia dejen de ser meros observadores y participen en el proceso educativo de sus hijos.

Otros seis años pasaron para que una cuarta muestra de acción ciudadana se hiciera evidente. La Guerra del Agua en Cochabamba y los bloqueos campesinos en el altiplano paceño, ambos registrados el 2000, se constituyen en el surgimiento de los movimientos sociales y cívicos que han llegado incluso a desplazar a los sindicatos.

A partir del 2004, cualquier ciudadano sin filiación política puede postularse a través de las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Así, a 25 años del inicio del proceso democrático se puede decir que el pueblo delibera y gobierna.

Política social

La prioridad son los niños y las mujeres

Los gobiernos de turno no han podido implementar planes estructurales contra la falta de empleo ni para impulsar el desarrollo rural. Sin embargo, hubo acciones lanzadas para mejorar la calidad de vida de los bolivianos.

Los comités populares de Salud creados en el gobierno de Hernán Siles Zuazo se constituyeron en la semilla de una política de Estado para proteger la vida, en primera instancia, de los bebés y las madres de familia, cuyos indicadores de mortalidad ubicaron a Bolivia como el segundo país más pobre en el hemisferio regional.

El “Binomio madre-niño” fue bautizado un programa que fue la base para los seguros universales de salud que hoy prepara el gobierno del presidente Evo Morales como aquellos que implementan algunas de las nueve prefecturas. Ahora la gratuidad en la atención de salud llega a los adolescentes, jóvenes y ancianos.

La democracia ha permitido encarar políticas con equidad de género. Si en 1994 fue un avance histórico la promulgación de la ley contra la violencia intrafamiliar, para las elecciones presidenciales del 2005 los partidos políticos establecieron cuotas de participación femenina en los cargos electivos como parlamentarias o asambleístas. También se puede destacar el que las campesinas e indígenas del país tienen derecho a reclamar una propiedad agraria.

La Ley de Participación Popular se constituyó sobre la base de la distribución de recursos fiscales per cápita y luego la Ley del Diálogo Nacional hizo posible que los recursos del perdón a la deuda externa sean invertidos en los municipios del país, de acuerdo a su situación crítica de pobreza.

Desde las políticas sociales también se han lanzado iniciativas contra la intolerancia. Así pues, el sistema educativo público parte del criterio de que Bolivia es pluricultural y multiétnico, que respeta las diferencias religiosas.

Movimientos populares

La emergencia de los movimientos

La conversión de la Subalcaldía paceña de El Alto en la ciudad rebelde; la movilización espontánea que derivó en la creación de Conciencia de Patria, la expulsión de autoridades estatales del municipio de Achacachi o los movimientos cívico-regionales, son algunos ejemplos de la irrupción de movimientos populares que están decididos a cobrar protagonismo con o sin el sistema de partidos.

Opositores u oficialistas, los capitalinos están agrupados en torno al Comité Interinstitucional, que desde mayo pasado plantea el traslado de la sede de poderes a la ciudad de Sucre. La defensa de la capitalidad ha quebrado posiciones de los partidos políticos.

Hace 22 años, a fuerza de presiones y gestiones, los alteños lograron que el Congreso convierta a la Subalcaldía de El Alto en la cuarta sección de la provincia Murillo, es decir, desde el 6 de marzo de 1985, es un municipio. Y hoy es la segunda ciudad más poblada del país. La primera es Santa Cruz y la tercera, La Paz, de acuerdo con el INE.

En 1988, el gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro —determinando la clausura del Sistema de Radio y Televisión Popular— permitió el nacimiento a la vida política de Carlos Palenque y de un movimiento llamado Condepa, que fue resultado de la decisión popular.

Quizás en ese ámbito se inscriba también el dato que da Óscar Olivera, de la Coordinadora del Agua. El alza de las tarifas del agua fue un pretexto para los campesinos que querían “desprivatizar la democracia”. “Nos sentimos soberanos, podíamos tomar las decisiones de manera directa” en Cochabamba, durante el conflicto de abril del 2000.

En otras palabras, el cuarto de siglo de la democracia no sólo ha mostrado la crisis del sistema de partidos, sino la emergencia de nuevos actores políticos que no sólo están decididos a participar sino a ser protagonistas de la República.