• Días de violencia • Entre los años 2000 y 2002, el Chapare fue escenario de violentos enfrentamientos. Un policía lleva como trofeo la wiphala de los cocaleros.

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Los hechos criminales del 5 de septiembre de 1986 en la meseta de Huanchaca, ubicada en la provincia Velasco de Santa Cruz, quedaron registrados en la historia boliviana y apresuraron la elaboración, discusión y aprobación de la Ley 1008, aquella que define las reglas de lucha contra el narcotráfico en Bolivia.

Las crónicas periodísticas de entonces precisan que ese 5 de septiembre era viernes y que el científico Noel Kempff Mercado y dos acompañantes suyos —Juan Cochamanidis y Franklin Parada— fueron asesinados por narcotraficantes que habían convertido la meseta en pista de aterrizaje de una fábrica de cocaína. La noticia de su muerte se la conoció un día después por testimonio de un sobreviviente, sin embargo, misteriosamente, el operativo de rescate de los cuerpos tardó 48 horas. Cuando se llegó a Huanchaca, las autoridades encontraron 700 turriles de precursores que desaparecieron luego. El crimen indignó a Santa Cruz y al país entero, se abrió una investigación que derivó en la censura y posterior renuncia de Fernando Barthelemy, ministro del Interior del gobierno de Víctor Paz.

El hecho se convirtió en el parteaguas de la política antidrogas que hasta entonces se aplicaba en Bolivia. ´En el inicio, el narcotráfico era hasta socialmente aceptado en el país, mientras en el mundo era castigado´, dice Ernesto Justiniano, ex viceministro de Defensa Social. Con su frase se recuerdan las versiones de que en ese época la cocaína se vendía libremente en el Chapare o en los pueblos del Beni.

En ese contexto se aprueba la Ley 1008, que fue calificada de draconiana y anticonstitucional porque presume la culpabilidad antes que la inocencia del acusado por delito de narcotráfico.

La ley estableció cuatro pilares para la lucha contra el narcotráfico: erradicación de coca, interdicción al narcotráfico, desarrollo alternativo y prevención en el consumo de drogas. El primer punto fue el que generó conflictos sociales y políticos en el país. La ley permite 12 mil hectáreas de coca, de acuerdo a una zonificación. Y los gobiernos debían avanzar en la reducción de la coca, de acuerdo con sus compromisos con la comunidad internacional, principalmente con Estados Unidos.

Ante las Naciones Unidas, Bolivia supo incorporar el concepto de ´responsabilidad compartida´, con el fin de lograr respaldo financiero para la lucha antidrogas. Así por ejemplo, se creó un organismo policial especializado y eficiente, la FELCN.

En la administración de Jaime Paz Zamora las relaciones con Estados Unidos ´se narcotizaron´, pues el Presidente impulsó la campaña ´coca no es cocaína´, deportó irregularmente a Estados Unidos al ex ministro del Interior Luis Arce Gómez, extraditó a Asunta Roca, acusada de narcotráfico, y puso en marcha el llamado decreto del arrepentimiento para recluir en cárceles bolivianas a los narcotraficantes más grandes.

Aníbal Aguilar Gómez, el primer subsecretario de Desarrollo Alternativo, recuerda en un estudio que las políticas de desarrollo tuvieron un impacto positivo en la reducción de la coca.

Sin embargo, la posición de los productores de coca fue distinta, pues no encontraron otro producto más rentable que la hoja. En consecuencia, los campesinos la defendieron como un recurso natural que no puede erradicarse y con un enorme valor cultural. ´Es sagrada´, sostiene el líder de los cocaleros del Chapare, Julio Salazar. Además, el movimiento cocalero se sumó a los sindicatos campesinos; juntos, en 1987, crearon el Instrumento para la Soberanía de los Pueblos, que se convirtió luego en el MAS.

En ese contexto, el gobierno del presidente Hugo Banzer aplicó el Plan Dignidad, que redujo significativamente los cultivos de coca en el Chapare, pero no pudo hacerlo en los Yungas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que en 1994 Bolivia tenía 48.100 hectáreas de coca; en 1997, cuando Banzer asume, había 45.800 hectáreas y el 2000 cayeron hasta 19.900, de acuerdo con los datos del informe Monitoreo de Cultivos de Coca, Bolivia.

El costo del Plan Dignidad fue alto, hubo violentos enfrentamientos, pérdidas humanas y fracturas políticas. En enero del 2000, tras un violento conflicto por el mercado de la coca en Cochabamba, el oficialismo saca del Parlamento a Evo Morales.

´Cuando es expulsado del Parlamento, le da una dimensión nacional muy importante y entiende que el tema está por encima de la coca. Fue en ese momento cuando comenzamos a elaborar el programa del MAS´, recuerda en una entrevista el senador Antonio Peredo. El año 2005, Evo Morales logra un acuerdo con el presidente Carlos Mesa para permitir el cato de coca por familia.

Un informe oficial de junio del 2007, de las Naciones Unidas y el Gobierno boliviano, señala que el 2006 hubo un aumento del 8,5% de los cultivos de coca en Bolivia hasta llegar a 27.500 hectáreas.

El viraje de la política antidroga se dio con la llegada de Evo Morales al Palacio de Gobierno. Desde entonces se anuncia la modificación de la Ley 10008, para generar una política de la coca, ´un recurso natural no renovable´, según la Comisión de la Coca de la Asamblea Constituyente.

EEUU y Bolivia

En 1982 se llegó a usar herbicidas

La erradicación de los cultivos de coca del Chapare fue parte de la agenda entre Bolivia y Estados Unidos desde 1982, como consecuencia de que en la década anterior las plantaciones de la hoja se habían disparado en la región cochabambina como en los Yungas.

Un plan del Consejo Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico —presentado a Dominick Di Carlo, enviado del Gobierno de Estados Unidos— se proponía reducir en 30% los cultivos de coca en el Chapare. Sin embargo, la propuesta no prosperó debido a las diferencias sobre la cantidad de cultivos en la zona.

Como fuera, los diarios de la época informan que el 23 de abril de 1982 se desarrolló un enorme operativo para erradicar coca y que llegó hasta Yapacaní. Poco después se supo que en el despliegue se hizo uso de herbicidas tóxicos que afectaban la calidad del suelo.

De inmediato hubo denuncias y aclaraciones sobre la peligrosidad de los herbicidas que se dispersaron. En ese tiempo, los cocaleros también plantearon la compensación económica por sus cultivos.

Entrevista A: Guillermo Bedregal Gutiérrez

“El consumo de drogas en los países grandes no disminuye”

Bedregal fue presidente de la Convención de Viena. Aborda el alcance de la Ley 1008 desde una perspectiva más amplia.

¿Cuál ha sido la visión del Gobierno de Víctor Paz Estenssoro para impulsar la aprobación de la Ley 1008?
En el programa electoral de 1984, el Dr. Paz Estenssoro señaló como una de las prioridades de su gobierno la lucha contra el narcotráfico, problema que había penetrado profundamente en la sociedad; de algún modo existía una sicología permisiva a este crimen organizado.

La norma en sí adquiere urgencia inusitada cuando se descubre casualmente una inmensa fábrica de cocaína en la zona tropical llamada Huanchaca, donde fue asesinado el destacado científico Noel Kempff Mercado. Ese asesinato generó una conciencia contra el narcotráfico. La Ley 1008 responde a la conciencia social del país.

¿La Ley 1008 coincidió con los criterios de las Naciones Unidas?
Sí coincide y es en la Convención de Viena de diciembre de 1988 en que se suscribe un nuevo instrumento internacional que responde a la necesidad mundial de coordinar esta lucha a nivel planetario. Al cabo de los años se ha visto que esa norma que puede reputarse como draconiana ha sido indispensable para frenar la expansión del crimen y ante todo rescatar valores morales que de algún modo se habían perdido y que era indispensable rescatar.

En el gobierno del presidente Paz Zamora se hizo una diferencia entre la coca y la cocaína. ¿Dicha política afectó el espíritu de la Ley 1008?
En el gobierno de Paz Estenssoro y específicamente en la Convención de Viena de 1988 se hizo una clara distinción entre coca legal y producciones excedentes que van directamente a la fabricación de cocaína. La variante del gobierno de Jaime Paz Zamora que proclamaba que “coca no es cocaína” fue un error político muy grande y afectó temporalmente el espíritu de la Ley 1008.

¿El Estado boliviano pudo constituir una política de estado contra el narcotráfico, en estos 25 años, y desde los diferentes gobiernos?
La Ley 1008 y otras legislaciones hicieron una política de Estado. Su aplicación es difícil porque el consumo en los países centrales y en Estados Unidos no disminuye en la proporción necesaria. La comunidad internacional hizo grandes esfuerzos, pero no los suficientes como para estrangular las economías financieras subterráneas que alientan un poderoso sistema criminal para el lavado de dinero en los países grandes.

¿Qué efectos —positivos o negativos— ha tenido en el país la llamada “narcotización” de las relaciones con EEUU?
Durante alguna coyuntura bastante extendida en el tiempo, la relación bilateral con los Estados Unidos estuvo ciertamente “narcotizada”. Creo que la lucha común contra este crimen ha tomado conciencia y ha mejorado su efectividad. Por esa razón me atrevo a sostener que la relación bilateral entre Bolivia y Estados Unidos en la actualidad tiene un factor importante en no “bajar la guardia” frente al narcotráfico, pero también se han consolidado escenarios positivos de cooperación bilateral para nuestro desarrollo.

A partir de su experiencia y de hechos posteriores, ¿qué opinión tiene sobre el movimiento cocalero boliviano?
Es posible que en el último tiempo se evidencie una laxitud en el tema de los cultivos de coca excedente no sólo en el Chapare, sino en zonas no tradicionales como los Yungas paceños. Me parece que ha sido un error lo permisivo que implica el conocido “cato de coca”. No conozco cifras actuales exactas, pero estoy convencido que se aumentó enormemente la producción de coca en Bolivia. Ojalá esté equivocado.

Su perfil • Guillermo Bedregal gutiérrez, abogado y militante del MNR. Ministro de Estado en los Gobiernos de Víctor Paz y de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Los protagonistas

Evo Morales Ayma
Líder de cocaleros del Chapare
El Presidente de la República empezó en la actividad sindical como Secretario de Deportes en un sindicato cocalero del Chapare, en 1983. Desde entonces no dejó de escalar cargos hasta ser el máximo líder del trópico cochabambino. Con protestas o negociaciones defendió los cultivos de la zona.

Carlos Saavedra
Ex ministro de Gobierno
Ministro de Estado en los gobiernos de Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada. En su primera gestión tuvo que aplicar medidas para recluir a los peces gordos del narcotráfico en Bolivia y en la segunda, ya como Canciller, propuso desarrollo integral para reducir la coca ilegal.

Carlos Sánchez Berzaín
Ex ministro de Gobierno
Los cocaleros del Chapare y de los Yungas lo identificaron como el principal obstáculo para sus demandas. Polémico como él solo, Sánchez Berzaín hizo frente a los escándalos de Amado Pacheco, un narcotraficante que involucró a políticos, como quiso reducir coca a cambio de vacas.

Carlos Mesa Gisbert
Ex Presidente de la república
Tras los hechos de octubre del 2003, el entonces presidente Mesa firmó un convenio con Evo Morales para permitir por un tiempo el cultivo adicional de 3.200 hectáreas de coca en el Chapare, donde se considera que todos los cultivos son ilegales. En resumen, fue un cambio en los planes antidroga.

Los hechos

Hugo Banzer pone en marcha el Plan Dignidad
En 1997, el Gobierno de Hugo Banzer decide aplicar el Plan Dignidad, cuyo objetivo es la eliminación de la coca ilegal del Chapare. Para ello, dispone el traslado de fuerzas militares para mejorar el control del trópico cochabambino, aumenta el control de tráfico de precursores y de droga, y propone la Opción Cero, que implicaba el traslado de cocaleros hacia otras zonas.

Reducir 1.700 hectáreas para evitar un aplazo
El dirigente de los cocaleros del Trópico de Cochabamba Julio Salazar reveló que en las negociaciones que tuvieron con el Gobierno del presidente Hugo Banzer se acordó la erradicación voluntaria de 1.700 hectáreas de coca, pues el plan previsto para los uniformados no se había cumplido. Se definió esa cifra porque de esa manera se evitaba la descertificación de EEUU.

Goni descarta la opción cero para el Chapare
Tras los violentos hechos que desencadenó el Plan Dignidad, el 2002, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada planteó la posición de que no era posible hablar de erradicar el 100 por ciento de la coca plantada en el Chapare y en consecuencia propuso implementar programas de desarrollo alternativo integral. La base del plan era que no se puede erradicar coca sin erradicar pobreza.