• La cumbre política • El presidente Paz Zamora, acompañado de ocho líderes políticos, anuncia las medidas acordadas en el Acuerdo Mcal. Andrés de Santa Cruz.

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El MIR, ADN y el MNR en el gobierno de Jaime Paz se pusieron de acuerdo para concertar políticas de reforma institucional. Pudieron avanzar hacia reformas constitucionales de primer orden.

A principios de la década de los 90, el frágil como novel sistema democrático boliviano fue azotado por una tormenta política, que, en determinado momento, llegó a amenazar su precaria estabilidad institucional.

Sin embargo, los principales líderes políticos del país supieron hacer frente a las adversidades y se pusieron de acuerdo para modernizar el Estado boliviano.

La emergencia de grupos guerrilleros como el EGTK o la CNPZ, la guerra sucia entre los partidos políticos mediante ´los narcovínculos´, la presión de las regiones para la descentralización administrativa y el pedido de Estados Unidos para la extradición de ciudadanos bolivianos involucrados en narcotráfico, marcaron una agenda política desafiante para el gobierno del presidente Jaime Paz Zamora.

Además, el oficialista Acuerdo Patriótico (MIR-ADN) había decidido iniciar un juicio de responsabilidades a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por un fallo adverso contra la empresa de cerveza Taquiña. Édgar Oblitas Fernández y sus socios fueron acusados de prevaricato, pero el MNR —liderado por Gonzalo Sánchez de Lozada—, salió en su defensa y acusó al oficialismo de autoritario. La crisis política demandaba de acciones rápidas y eficientes, pues el fantasma de la ingobernabilidad había pasado hace poco. En esas circunstancias, desde Lima (Perú), el presidente Alberto Fujimori ocupa las primeras planas de los periódicos con la decisión de cerrar el Congreso peruano. El autogolpe del 4 de abril de 1992 fue criticado por los gobiernos de la región, pero en el Perú no halló gran resistencia.

´Y Fujimori tenía un gran apoyo con el cierre del Congreso. Entonces, (en Bolivia) se discute y finalmente con Jaime llegamos a la conclusión de que el camino no era el cierre del Congreso, que el camino era la negociación política de fondo´, revela Gustavo Fernández, ministro de la Presidencia de Paz Zamora.

En retrospectiva, el dato de Fernández es determinante. En febrero de 1991, el gobierno de Paz Zamora había logrado un acuerdo con los partidos políticos para reformar y proteger el sistema electoral con una nueva ley. Es decir que, tras el paso logrado en 1991, el autogolpe de Fujimori tuvo un efecto positivo para la democracia boliviana.

Con el presidente Paz Zamora, Hugo Banzer, socio del Acuerdo Patriótico, y Gonzalo Sánchez de Lozada, jefe opositor, el sistema político se puso a trabajar en una serie de temas que se convirtieron en dos acuerdos: el del 9 de julio de 1992 y la reforma constitucional aprobada en 1993 y promulgada en 1994.

La Constitución reformada aprobó la creación del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura y del Defensor del Pueblo. De hecho, en marzo de 1998, el entonces vicepresidente Jorge Quiroga tomó posesión a Ana María Romero de Campero como la primera Defensora del Pueblo de Bolivia.

´Ese fue el mejor momento de los partidos políticos. A pesar de los celos mutuos, Goni, Banzer y Jaime Paz se pusieron de acuerdo para diseñar el Estado boliviano en sintonía con las necesidades de la gente´, apunta el movimientista Hugo San Martín, uno de los actores de ese proceso de acercamiento.

Con el Acuerdo del 9 de julio de 1992, llamado Mariscal Andrés de Santa Cruz, Paz Zamora y ocho jefes políticos se comprometieron a modernizar el Poder Judicial, cambiar el sistema de partidos, consolidar las reformas electorales, transformar la educación e impulsar la descentralización. Y, además dieron los primeros pasos para la reforma constitucional del año siguiente.

´Entonces, al final de este proceso de negociación política, se tiene una institucionalidad democrática mucho más fuerte que antes. La base para esa concertación democrática fueron las políticas nacionales e instituciones nacionales´, destaca el ex ministro Fernández Saavedra.

El primer artículo de la Constitución Política del Estado que reconoce a Bolivia como a una república multiétnica y pluricultural, base para los cambios posteriores contra la exclusión social en materia de educación, acceso a recursos y dotación de tierras.

En el proyecto de reforma constitucional se aprobó la creación de la figura de los diputados uninominales, un mecanismo para evitar que los parlamentarios sean electos a la sombra del candidato presidencial como ocurrió hasta 1993. En el cuadro de la derecha se señalan los puntos que permitieron construir la institucionalidad democrática.

´La base del diálogo fue que el Gobierno no va a usar las instituciones ni el sistema electoral del país para perpetuarse en el poder´, recordó Fernández.

Sin embargo, los propios partidos del sistema político boliviano se encargaron de desvirtuar la cualidad de la concertación democrática, con las componendas que les permitieron reproducirse en el poder.

´El declive del sistema político empieza con la megacoalición´, dice San Martín. En cambio, Saavedra apunta a que desde 1993 se distorsionó la concertación.

De todas maneras, democracia pactada o no, los actores políticos del presente —a la cabeza del vicepresidente Álvaro García Linera— están trabajando en los grandes temas nacionales que ocupan a la Asamblea Constituyente. ´Ahora sí, en la negociación de ahora, no hay cuoteos, y esto está bien´.

El proceso empieza en 1992

Los acuerdos para modernizar el Estado

Reformas electorales • En 1991 se aprueba la Ley Electoral que establece un órgano electoral independiente. Se transfiere el Registro Civil y se crea el Registro Único Nacional, se define que los resultados de las mesas electorales no pueden ser modificados.

Reforma constitucional • En julio de 1992 se dan los primeros pasos para la reforma constitucional, que avanza en 1993. Se decide la creación del Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, el Defensor del Pueblo y los diputados uninominales.

La no reelección • Los acuerdos políticos de 1991 y de 1992 partieron del principio de que el partido de gobierno no los usaría para preservarse en el poder. De ahí, que la reforma electoral fue el primer paso más importante.

Bolivia pluricultural • En 1993, los partidos acuerdan reconocer el carácter multiétnico y pluricultural de Bolivia, visión que está señalada en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado promulgada por Goni el año 1994.

Reforma judicial • En 1992 se impulsa la ley para elegir por dos tercios de votos a los magistrados de la Corte Suprema; se define una nueva estructura mediante la Ley de Organización Judicial y una ley del Ministerio Público. En 1993, hay más reformas.

Educación • El documento acuerda la creación, mediante ley, de una comisión para la elaboración de un proyecto de ley de reforma de la educación boliviana. Fue el punto de partida para que en el gobierno de Sánchez de Lozada se dé inicio a la reforma educativa.

La descentralización • Ante las demandas de La Paz, Oruro, Chuquisaca y Santa Cruz, se conforma una comisión de trabajo —compuesta por delegados de partidos— para revisar el proyecto de Ley de Descentralización.

Juicio a García Meza • La Cumbre de los Jefes Políticos de 1992 exhorta a la Corte Suprema de Justicia dictar sentencia en el juicio de responsabilidades contra Luis García Meza en apego a las leyes y a las pruebas.

Los protagonistas

G. Sánchez de Lozada,
jefe del MNR
Después de la puesta en marcha del Acuerdo Patriótico, Gonzalo Sánchez de Lozada asumió la dirección de la oposición. Salió en defensa de las medidas del gobierno de Víctor Paz Estenssoro y fue protagonista de las políticas de cambio institucional que se consolidaron en 1994.

Hugo San Martín,
delegado del MNR
Participó en la negociación para la reforma del sistema político. Propuso la creación de la figura de los diputados uninominales, para mejorar la representación y evitar el dedazo de los caudillos. Tras la aprobación de la reforma de la CPE, los primeros uninominales fueron electos en 1997.

Édgar Oblitas Fernández,
Pdte. Corte Suprema de Justicia
El Poder Judicial fue objetivo de los partidos de turno. En el Acuerdo Patriótico, Oblitas fue acusado por el caso de la Taquiña y en el gobierno del MNR por un supuesto prevaricato; con este último fue defenestrado; sin embargo, el Legislativo desagravió la figura del jurista paceño.

Benjamín Miguel Harb,
constitucionalista y del PDC
Abogado y uno de los constitucionalistas más notables del país. Como jefe del Partido Demócrata Cristiano contribuyó a las reformas constitucionales que se aprobaron en el gobierno de Paz Zamora. Y como parlamentario se ha destacado por sus llamados al respeto al Estado de Derecho.

Entrevista A: Gustavo Fernández

“Elegimos no cerrar el Congreso y concertar”

Fernández fue actor central de los acuerdos de 1991 y de 1992. Él reivindica el valor de la concertación democrática.

¿Cuáles fueron las causas por las que el gobierno de Paz Zamora buscó acuerdos para generar una reforma constitucional? ¿Por qué no lo hizo solo?
Hay dos antecedentes. El primero fue el gobierno de Hernán Siles Zuazo, solo y presionado por el Poder Legislativo, tuvo que buscar una salida y adelantó las elecciones.
El otro dato era el juicio de responsabilidades que el Acuerdo Patriótico instala contra los magistrados de la Corte Suprema. Entonces, Sánchez de Lozada declara que el de Jaime Paz era un gobierno de facto. A esos dos antecedentes se suma la nota de Fujimori que cierra el Congreso del Perú. Además, dentro del Gobierno, este tema circula, pero no de manera explícita. Y Goni también llega a decirlo: \'Si Fujimori lo ha hecho, ustedes también lo van a hacer\'.

¿Y hubo alguna consideración para cerrar el Parlamento boliviano?
No, pero era un dato. Resulta que cerrar el Parlamento daba una enorme popularidad.

¿Dato positivo o negativo?
Negativo pues, porque influía en las decisiones. Entonces, se discute y con Jaime llegamos a la conclusión de que el cierre del Congreso, no era el camino, el camino era la negociación política de fondo.

¿Cuál era la necesidad de impulsar esa negociación política de fondo?
Tuvimos que elegir el camino. ¿Cerramos el Congreso o trabajamos en el proceso democrático? Elegimos la ruta más difícil y de largo plazo. Así, hicimos el diálogo para superar el incidente del juicio de responsabilidades, y superar el freno al proceso democrático. Y las conversaciones tuvieron un primer resultado, el acuerdo de febrero de 1991, para el Código Electoral.
Después se discute y aprueba la ley de los dos tercios para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema y al Contralor. Y, en 1993, cuando nadie creía que se podía hacer, negociamos la reforma constitucional.

¿Cuál es la importancia que le da los acuerdos del 9 de julio?
Se constitucionalizan los dos tercios, la forma de organización del Poder Judicial, se instituye el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y se crean los diputados uninominales. Entonces, al final del proceso se tiene una institucionalidad democrática, mucho más fuerte que antes. La base de esa negociación es la concertación democrática sobre políticas de Estado.

¿Cuál fue el acuerdo más difícil?
La Ley Electoral. La base del diálogo fue que el Gobierno no va a usar las instituciones y el sistema electoral del país para perpetuarse en el poder. Por eso, le relataba el momento en que se toma la decisión con el antecedente del Perú. Y ese fue un paso de valor histórico en el que tiene igual significación Jaime Paz Zamora, presidente de la República, Hugo Banzer, socio político, y Sánchez de Lozada. Los tres actores políticos se ponen de acuerdo.

¿Cuál es el motivo por el que hoy no se valoran esos acuerdos?
Más adelante se planteó el Diálogo Nacional, pero el sistema político se encerró y la sociedad terminó por destruir al sistema político. Se desfiguraron los acuerdos y terminamos en la negociación de \'para mí es la Renta, para ti la Aduana\'. La concertación democrática se convierte en una componenda política, pues se apropian del Estado y la ciudadanía los rechaza. Ahora están bien caídos. Bien merecido lo tienen.

¿Cuándo ocurre esto?
Sánchez de Lozada hace un acuerdo con Max Fernández, no lo necesitaba pero lo hace; después, Banzer hace la megacoalición que no tiene ninguna traza de acuerdo político. Y luego Sánchez de Lozada vuelve con la última versión de esas componendas.

¿Jaime Paz no ha sido un ejecutor de la componenda política?, pues llegó a la Presidencia gracias al triple empate.
No, fue una acción política legítima, la Constitución lo permitía y se demostró que el acuerdo con Banzer era un acuerdo para la institucionalidad democrática.

Su perfil • Gustavo Fernández fue ministro de la Presidencia de Jaime Paz. Candidato a la Vicepresidencia en las elecciones de 1989. También ocupó otros cargos de Estado.

Los hechos

El cólera azota en el territorio boliviano
El sistema de salud público y el de la seguridad social prácticamente colapsaron frente a la epidemia de cólera que se desató a principios del 2000 en territorio boliviano. Sólo hasta abril de ese año, el Ministerio de Salud Pública reportó la muerte de al menos 200 personas y que más de cinco mil cayeron ante la enfermedad que se propagó por escasas condiciones de higiene.

Se promulga la Ley de Derechos de Autor
El 13 de abril de 1992, el gobierno del presidente Jaime Paz Zamora promulga la Ley de Derechos de Autor que protege la propiedad intelectual y material de todas las expresiones en formas literarias, plásticas y sonoras. El cuerpo legal es un punto de partida para reivindicar los derechos de artistas y productores que deben hacer frente a los negociantes de piratería.

El gobierno de Paz sube el IVA del 10 al 13%
En febrero de 1992, el gobierno del presidente Jaime Paz Zamora firmó la promulgación de la ley que establece que desde marzo entran en vigor las modificaciones tributarias, entre la más importante es el incremento del Impuesto al Valor Agregado del 10% al 13%. Los empresarios privados del país advirtieron que la medida desalentará la inversión y dijeron que habrá rebelión.