• El fin de su poder • El 15 de marzo de 1995, García Meza llega a La Paz en avión. Brasil extraditó al hombre que debería pasar dos siglos en prisión por sus delitos.

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El juicio se inició en el Congreso y se sustanció en la Corte Suprema de Justicia. García Meza se sentía con poder incluso durante la democracia. Llegó a la cárcel de Chonchocoro en marzo de 1995.

El 15 de marzo de 1995, hace poco más de 12 años, el último dictador de Bolivia llegó a territorio boliviano para ser remitido de inmediato a la cárcel de Chonchocoro para cumplir una pena de 30 años sin derecho a indulto. Extraditado desde Brasil, Luis García Meza cumple desde entonces la sentencia que la Corte Suprema de Justicia falló el 22 de abril en la ciudad de Sucre.

Así, Bolivia marcó un hito en su historia democrática contra la impunidad. El gobernante de facto que incluso había cambiado de identidad en Brasil está recluido para pagar con la cárcel por los 31 delitos que cometió en su gobierno de facto, del 17 de julio de 1980 al 4 de agosto de 1981.

Ese miércoles, García Meza fue registrado como el recluso Nº 265 en Chonchocoro. Y con ello se hizo historia, pues hasta la fecha en Latinoamérica no existe otro dictador que haya sido condenado y recluido como tampoco existe el caso de una extradición, como la que aceptó el Supremo Tribunal Federal de Brasil el 19 de octubre de 1994.

Hoy, las Fuerzas Armadas muestran su compromiso con el proceso democrático, a diferencia de lo que ocurría en la década de los 70 hasta 1980.

“No concebíamos un proceso de cambio conviviendo con la impunidad dictatorial”, recuerda Juan del Granado, abogado de la parte civil que logró la condena contra Meza. El actual Alcalde de La Paz recuerda que jóvenes miristas como Wálter Delgadillo, Gloria Ardaya, José Pinelo, Antonio Araníbar y Óscar Eid alentaron el proceso al dictador.

El 17 de julio de 1980, García Meza encabezó un golpe de estado que terminó con la presidencia de Lidia Gueiler Tejada. Los paramilitares intervinieron la sede de la COB, secuestraron y asesinaron al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Además, el 15 de enero de 1981, un grupo de ocho miristas fue atacado por el grupo de choque del Gobierno.

Su brazo derecho, Luis Arce Gómez, conocido como el ministro de la Cocaína, está recluido en una prisión federal de Estados Unidos y al cabo de su pena será deportado a Bolivia para su posterior reclusión.

“Había una línea criminal dirigida a los principales líderes políticos del país”, sostiene el hoy alcalde, quien no puede ocultar su emoción al recordar estos momentos y a los compañeros perdidos en la calle Harrington.

La venta de diarios de Ernesto Che Guevara, la corrupción y el narcotráfico fueron otra particularidad del gobierno de facto que, finalmente, terminó provocando disputas internas y la dimisión del último dictador en Bolivia.

Se hizo cargo de la Presidencia el general Celso Torrelio, pero un nuevo intento golpista fallido terminó encargando al general Guido Vildoso la conducción de elecciones y la transición hacia la democracia. Hernán Siles llegó a la Presidencia junto a Jaime Paz como Vicepresidente.

“No podíamos concebir la participación del MIR en el gobierno, el parlamento sin una acción de justicia”, reflexiona Del Granado. En 1986 se inició en el Congreso el juicio con un acuerdo que terminó excluyendo a personas defendidas por ADN, entre ellos Mario Rolón Anaya.

Este proceso, respaldado por un Comité Impulsor, concluyó en abril de 1993 con la condena de 45 de 56 acusados, entre militares, paramilitares y civiles. Sin embargo, se presentaron muchas dificultades para llegar a este objetivo. Uno de ellos fue político. “Se formó en la práctica una alianza política conservadora entre el MNR, ADN y el MIR; cruzaron los ríos de sangre”, recuerda con ironía.

En el criterio de Juan del Granado, el presidente Jaime Paz Zamora no contribuyó al proceso contra los dictadores. “Cuando se produce la detención de Luis Arce Gómez lo entrega a los norteamericanos de la manera más ilegal, invalidando el juicio de responsabilidades. Él asumió el costo político de la deportación de Arce Gómez sin que hubiera un tratado de extradición.

Según el abogado, García Meza creía que el caso no prosperaría, pues, en Sucre, el dictador vivía “cortejado por las élites” y con protección semioficial.

El ex general boliviano fue arrestado en Brasil como resultado de una operación coordinada por la Policía Federal, Inteligencia Boliviana y el departamento antidroga de EEUU.

Así, Del Granado recuerda al ex ministro del Interior de Paz Zamora, Carlos Saavedra, quien decidió ofrecer protección a la parte acusadora del juicio.

El proceso cobró mayor relevancia cuando García Meza escapó. Se lo sentenció en rebeldía, pero fue detenido y extraditado desde Brasil. Hoy guarda detención en el penal de Chonchocoro. Sin embargo, desde hace más de un año, el último dictador reporta problemas de salud, al punto que por un tiempo fue sacado del penal de máxima seguridad para lograr atención médica.

En una entrevista publicada por este diario, el 7 de agosto del presente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Wilfredo Vargas, afirmó que los militares están apegados al orden constitucional y respaldan la institucionalidad democrática.

Los protagonistas

Luis Arce GÓmez,
Ex ministro de García Meza
Fue ministro del Interior de Luis García Meza. Llegó a ser comandante del Colegio Militar. Fue detenido en Cochabamba en el Gobierno de Jaime Paz Zamora y deportado a Estados Unidos. En noviembre de este año cumple su condena por narcotráfico. Al cabo de su pena, sería deportado a Bolivia.

David Choquehuanca,
Canciller de la República
El actual Ministro de Relaciones Exteriores ha informado que con- formó una comisión para que Arce Gómez sea enviado a Bolivia para que sea recluido en el penal de Chonchocoro por los delitos que ha cometido hasta el 4 de agosto de 1981, cuando García Meza dejó el poder.

María Cristina Trigo,
Viuda de Marcelo Quiroga
María Cristina Trigo de Quiroga es viuda de Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del Partido Socialista 1 que fue asesinado en el golpe de Estado de García Meza el 17 de julio de 1980. La señora Trigo acompañó todo el proceso contra García Meza y se convirtió en un símbolo contra la impunidad.

Gral. Wilfredo Vargas,
Comandante de las FFAA
El actual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas dice que en democracia su institución no ha sido fortalecida. Dice que la obligación de los militares es acompañar a los gobiernos y que —pese a las coyunturas políticas caracterizadas por la tensión— la unidad del país no está en riesgo.

SUBORDINACIÓN

La actual CPE fija la misión de los militares

Las Fuerzas Armadas acompañaron los 25 años de democracia en sujeción a la Constitución Política del Estado. Su comandante, el general Wilfredo Vargas, informó que hoy buscan su fortalecimiento técnico y capacitación de sus cuadros.

“Las FFAA siempre acompañaron a los Gobiernos, por eso es que actualmente algunos comandantes de ciertas etapas de estos 25 años enfrentan problemas judiciales”, expresó el jefe militar.

El artículo 28 de la Constitución establece que la institución castrense “tiene por misión fundamental defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República y el honor y soberanía nacionales; asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país”.

El general Vargas explicó que la institución armada, para adecuarse a la modernidad, requiere de medios cibernéticos y personal calificado para tareas específicas en diferentes aspectos.

Entrevista A: JUAN DEL GRANADO COSSÍO

“Intentó sobornarme con medio millón”

Un diálogo con el hombre, el abogado, que llevó por primera vez a un dictador tras las rejas.

Luis García Meza —que gobernó Bolivia por la fuerza entre 1980 y 1981— purga una condena de 30 años sin derecho a indulto en el penal de Chonchocoro. Es probable, sin embargo, que algunos, en especial las nuevas generaciones, no conozcan el largo proceso para juzgarlo y finalmente sentenciarlo. La hazaña no habría sido posible sin la intervención de varias instituciones sociales, sindicales y de derechos humanos, ni tampoco sin la dirección del abogado que llevó el juicio: Juan del Granado. Ésta la voz emotiva del hombre que, desde los estrados judiciales, llevó por vez primera a un dictador tras las rejas.

¿Con qué problemas tropezó durante su labor judicial?
Había una línea de dilación (animada por los acusados) que intentaba vincularse con el proceso político. Así como Jaime Paz no creía en el juicio, tampoco García Meza. Creían que el juicio iba a durar cierto tiempo y que luego se archivaría, como siempre ocurría en el país. La estrategia era dilatar el proceso para que se consolide la derecha y bajen los ánimos del movimiento social popular, y así todo pase al olvido... García Meza vivía en Sucre, y si bien estaba arraigado fue cortejado por las élites chuquisaqueñas, declarándolo socio honorario del Club de la Unión. Había entonces un ambiente de impunidad en Sucre.

¿En algún momento intentaron persuadirlo para que deje el juicio?
Hubo una sola oportunidad en la que García Meza intentó sobornarme. Su esposa, la señora Olma Cabrera, me pidió a través de un familiar militar de mi esposa que me olvide del juicio, que su esposo iba a conseguir medio millón de dólares. Que él no iba a poder controlar a la gente que quisiera eliminarme. Éste fue el mensaje que me hizo llegar el dictador Luis García Meza.

¿Los 44 sentenciados están en la cárcel?
La mayoría de ellos ya ha cumplido la mitad de su condena y salieron en libertad. Hace ya algunos meses que me encuentro con varios de ellos en la calle. Algunos, incluso, han venido a buscarme para pedirme trabajo.

¿Qué fue lo que le motivó a llevar adelante un juicio de estas características?
El compromiso, la deuda de este sentimiento con mis compañeros. Éste fue uno de los elementos que me mantuvo firme durante tanto tiempo. El próximo dictador, el próximo golpista debe saber que tiene que ir a Sucre y estar consciente que, después de eso, tiene 30 años en Chonchocoro. Es un disuasivo enorme. El trabajo, sin embargo, no sólo fue personal sino de muchas personas e instituciones, de organizaciones sociales y sindicales, entre ellas la propia Central Obrera Boliviana (COB); y de profesionales como Miguel Ángel Virruet, Julio César Sandóval, Freddy Padilla y Aníbal Aguilar.

De perfil • Juan del Granado Cossío es abogado, jefe y fundador del Movimiento Sin Miedo (MSM) y alcalde, durante ya dos gestiones, de la ciudad de La Paz.

Los hechos

Motín policial aborta un estado de sitio el 2000
En abril del 200 estalló la llamada Guerra del Agua en la ciudad de Cochabamba, donde campesinos y vecinos se enfrentaron a fuerzas del orden e incluso militares. El Gobierno del presidente Hugo Banzer quiso detener la convulsión mediante un estado de sitio, pero el cuerpo de uniformados de la Policía en La Paz se amotinó hasta lograr un incremento a sus salarios.

Los policías se rebelan por salarios y contra un tributo
El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tiene el plan de aprobar a como dé lugar el impuesto al salario de los trabajadores y no atiende las demandas de los policías. Entonces, tras frustrados intentos de negociación, la mañana del 12 de febrero del 2003, los uniformados se rebelan, toman el Grupo Especial de Seguridad y el Poder Ejecutivo decide convocar a los militares.

Febrero negro, la guerra entre uniformados
Las negociaciones para aplacar el motín policial avanzan, pero cerca del mediodía un incidente desata el enfrentamiento entre policías rebeldes y militares llamados a proteger el Palacio de Gobierno. La plaza Murillo de la ciudad de La Paz se convierte en un campo de batalla, en el que también intervienen francotiradores. Las filas policiales sufren el mayor número de bajas.