A pesar de la fecha, no escribo sobre el día de la mujer, ni sobre los más de 500 años de colonización, ni sobre las bodas de plata de la democracia, porque en un momento como el actual, todos los temas conducen a las grandes expectativas y frustraciones respecto del proceso constituyente.
La Asamblea, por su naturaleza, es una instancia de representación de la sociedad, lo cual le otorga no sólo legalidad sino también legitimidad. Si bien los partidos —con contadas excepciones— llegaron al escenario de la Constituyente con planteamientos muy débiles y parciales, en su trayecto, los constituyentes lograron recoger propuestas y percepciones de la sociedad civil para iniciar la tarea de redactar el nuevo texto constitucional en las veintiún comisiones temáticas, al mismo tiempo que se fueron concretando visiones y diseños más definitivos. En parte, se lograron algunos acuerdos traducidos en propuestas por unanimidad, pero las fuerzas políticas tendieron a agruparse en dos tendencias que sintetizaban de alguna manera el debate, las visiones y contradicciones estructurales que se plasmaron en la redacción de al menos dos propuestas de redacción, una por mayoría y otra por minoría. Hasta ahí llegamos.
Lo que queda por delante es la aprobación en plenarias, no se necesita demasiada perspicacia para darse cuenta de que existen al menos 5 ó 6 temas cruciales en los cuales será muy difícil lograr acuerdos, por tanto quedan dos caminos, uno relacionado con el poco feliz artículo incluido en la Ley de Ampliación que establece la posibilidad de votar por dos opciones mediante el denominado Referéndum Dirimidor, y por otro la insistencia en llegar a acuerdos en la mayor cantidad posible de temas para evitar una fractura en el país, producto de resultados con los que probablemente medio país no esté de acuerdo.
Esta deliberada intención de rescatar los aspectos positivos de la Asamblea —porque de los negativos hemos estado saturados durante todos estos meses— se debe a que todavía existe una gran expectativa social respecto del éxito de la Asamblea y a la constatación de que en esta coyuntura, se constituye en el único instrumento democrático capaz de integrar en lugar de dividir y concertar en lugar de generar confrontaciones abiertas.
Por tanto, la iniciativa de conformar una “suprapartidaria” o “consejo” o lo que se llame, con actores políticos con capacidad de poder, resulta esperanzador, y ello no quiere decir que se esté sobrepasando las atribuciones de los constituyentes, que son al mismo tiempo parte de estos diálogos o acuerdos por medio de sus dirigentes o representantes. Pero es preciso asumir con claridad que toda concertación tiene un costo para quienes se sientan a negociar, ese costo es la capacidad de ceder posiciones, y en países como el nuestro donde existe una gran heterogeneidad y diversidad que demanda su presencia viva en la nueva estructura del Estado, y donde está visto y comprobado que no es viable un proyecto que intente imponerse a los demás, el único camino que queda es concertar, acordar, armonizar, conciliar, no obstante el trasfondo clave de estos términos es la capacidad de ceder, renunciar a posiciones cerradas para poder avanzar en la búsqueda de una salida lo más alejada posible de las soluciones por el desastre.
*María Teresa Zegada es socióloga.
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