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La determinación del Ejecutivo que tiene como argumento la necesidad de garantizar con los recursos recortados al IDH el pago del Bono Solidario, o Bonosol, tiene connotaciones que llevan a pensar que el proceso de transición de la capitalización a la nacionalización, en particular del sector hidrocarburos y que era uno de los aportantes más significativos del beneficio, ha afectado la rentabilidad de las empresas.

A eso habrá que sumar que el recorte del IDH está vigente desde agosto, y es ahora en octubre que se conoce la resolución ministerial que afecta los presupuestos de universidades públicas, municipios, y prefecturas.

La primera vez que se conoció la resolución se había mencionado que el Gobierno, si no tiene otra alternativa al recorte, debe necesariamente ordenar el ámbito jurídico. De lo contrario, sus actos podrían ser declarados viciados, debido a que una resolución ministerial no puede estar por encima de la normativa de más de una Ley de la República.

Por otra parte, se hace necesario un proceso de concertación con los beneficiarios del IDH, de lo contrario el Ejecutivo tendrá en puertas un remolino de conflictos, debido a que los recursos provenientes del IDH, primero, que ya han sido dispuestos en los presupuestos institucionales y al

ser recortados generarán consecuencias, y, segundo, porque estos dineros tienen fines específicos: salud, educación, inversión pública en el caso de alcaldías y prefecturas, mientras que las universidades están obligadas a disponer esos dineros en la extensión universitaria y la investigación.

Las autoridades universitarias y los prefectos dicen que, en efecto, los recursos necesarios para hacer efectivo el Bonosol jamás salieron del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), sino del rendimiento que arroja la administración de las empresas capitalizadas. Es cierto que ahora la lista de las capitalizadas es menor, en vista de los cambios producidos en hidrocarburos, pero las empresas que quedan bajo esa modalidad tendrían que producir los excedentes necesarios.

La crítica más precisa dice que si la estructura de la capitalización fue modificada por las reformas del sector petrolero, quizá correspondía eliminar el Bonosol, pero no cargarlo al presupuesto de las prefecturas, las alcaldías y las universidades. Después de haber hecho esa virtual confiscación de recursos, el Gobierno hizo alusiones a la necesaria solidaridad de los perjudicados. Pero este no es un caso de solidaridad. Se trata de que prefecturas, alcaldías y universidades que tenían montos asignados para ítems que también le llegan al pueblo. ¿O quienes son los niños de escuelas urbanas y rurales que reciben el desayuno escolar, o a quién atienden los hospitales públicos o para quién se construyen canales de riego o caminos interprovinciales? ¿No es plata para el pueblo?

El Ejecutivo está en la posibilidad de evitar un conflicto gradual y debe explicar con claridad sus argumentos, así como seguir los pasos que jurídicamente corresponden.