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La democracia boliviana ha enfrentado enormes problemas, crisis profundas y momentos de zozobra, pero ha logrado mantenerse por la voluntad inquebrantable de los bolivianos, quienes reconocen en este sistema el mejor para gobernar un país y para garantizar los derechos y las libertades humanas.

Ahora toca dejar el pasado atrás y mirar hacia adelante, es decir, hacia los desafíos que le corresponden a esta democracia joven que se construye en el día a día.

Los retos que plantea el sistema democrático boliviano hoy se pueden identificar en la necesidad de continuar fortaleciendo las instituciones democráticas; en desterrar las sombras que aún persisten en el sistema como son la corrupción, la ingobernabilidad, la pobreza, el narcotráfico, la ineficiencia e ineficacia del aparato estatal, entre otros; en ampliar la representación y la participación social para lograr ese Estado que reclama la población y sobre el cual sobrecarga expectativas de cambio positivo y profundo.

Los partidos políticos tienen en sus manos la vigencia de la democracia. Ya se sabe que no hay democracia sin los partidos o sin aparatos políticos que cumplan el rol de la representatividad, garantizada por el voto del pueblo. Por eso mismo es necesaria la renovación política y la recuperación de la credibilidad y la confianza en el sistema político. De lo contrario, el país corre el riesgo de la polarización de la política, donde las alternativas estén reducidas y las tensiones sean constantes, produciendo, finalmente, la tan temida ingobernabilidad que sólo lleva al caos, a una elevada e incontenible conflictividad y persistente incertidumbre.

La corrupción es señalada como uno de los peores males de las sociedades actuales. Las democracias jóvenes, como la boliviana, no han podido librarse de este mal. El presidente Evo Morales tiene, en consecuencia, un particular desafío en su gestión; y así como se ha planteado “cero cocaína”, ha dicho “cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”. Ha llegado la hora de cortar de raíz el mal. Y este desafío de lucha anticorrupción se logra con la prevención del delito y la transformación del Estado, a partir de la transparencia y la construcción de eficiencia y eficacia en el accionar de las instituciones públicas. Bolivia no puede seguir esperando a que sucedan hechos de corrupción, debe prevenirlos, y ese es el reto, quizá, más significativo del cambio en la administración del Estado.

La democracia es ese sistema que debe garantizar la vigencia de los derechos, y en Bolivia los ciudadanos tienen derecho a tener una mejor calidad de vida. Es responsabilidad de los gobiernos procurar cerrar la brecha de pobreza, que no se produce sólo con la redistribución de los recursos económicos, sino cuando se generan las condiciones sociales y políticas para la construcción de un Estado digno, soberano, justo, confiable y equitativo, donde todos se reconozcan y se encuentren.