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Para hoy se fijaron tres reuniones para analizar la reducción del IDH. En la ciudad de La Paz sostendrán un encuentro los representantes de las universidades públicas. En Santa Cruz, esta tarde, se encontrará el Comité Cívico Pro Santa Cruz y luego se desarrollará la reunión convocada por prefectos opositores al Gobierno, a la que invitaron al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), a las alcaldías, a los comités cívicos y a sectores sociales.

La reunión más importante es la de Santa Cruz, a la que fueron invitados diferentes sectores, pero no está garantizada la asistencia de todos los convocados. Al encuentro asistirán los prefectos de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba.

Los prefectos de La Paz, José Luis Paredes, y de Chuquisaca, David Sánchez, afirmaron que no asistirán a esa reunión, mientras que no estaba confirmada la presencia de los de Oruro y Potosí.

Javier Gómez, director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), declaró ayer que no asistirán al encuentro porque “la convocatoria es regional y la FAM es una federación”.

El secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, (CEUB), Gonzalo Taboada, sostuvo que no decidieron si asistirán al encuentro en Santa Cruz, porque las universidades tienen una reunión nacional hoy en La Paz y ahí se verá si se va o no a la capital oriental.

A pesar de esas posiciones, el primer vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Roberto Gutiérrez, declaró a este diario que “han confirmado la asistencia de siete de los nueve prefectos, con excepción de La Paz y Oruro. También han confirmado su participación más del 70% de los alcaldes de Bolivia, todas las universidades, los presidentes cívicos, prácticamente el 80%; por confirmar están los presidentes cívicos de Oruro y La Paz”, añadió.

El viernes 12, los prefectos de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; de Santa Cruz, Rubén Costas; de Pando, Leopoldo Fernández; y de Tarija, Mario Cossío, además del secretario general de la Prefectura de Beni, Clemente Cárdenas, firmaron la “Declaración de Bahía” en Cobija, en la que rechazan la reducción del 15% del IDH que reciben, monto que el Gobierno lo utilizaría para pagar el Bonosol.

En ese encuentro también propusieron un pacto con la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), los comités cívicos, la Asociación Nacional de Consejeros Departamentales de Bolivia y otras organizaciones de la sociedad civil, para evitar que los recursos de las regiones sean recortados.

Dos días después, el presidente Evo Morales anunció el reemplazo del Bonosol por la renta universal y vitalicia de vejez que consiste en el pago mensual de Bs 200 a todos los mayores de 60 años, excepto a los rentistas, quienes recibirán Bs 100. El nuevo beneficio, según sostuvo el ministro Arce, será cubierto con el 30% de los recursos del IDH.

Al respecto, los prefectos de Cochabamba y Beni indicaron que en el encuentro de Santa Cruz debe analizarse la propuesta del presidente Evo Morales. En este caso, señalaron que, si bien se anuló la resolución biministerial que les reduce el 15% del IDH, se debe definir de dónde saldrán los recursos para distribuir la renta vitalicia a los mayores de 60 años, si son del IDH que se entrega a las prefecturas o del dinero que está destinado al Tesoro General de la Nación (TGN).

El jefe nacional de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y el ex ministro Jorge Torres afirmaron que con el reemplazo del Bonosol por la renta vitalicia de vejez habrá un incremento del gasto del Estado. El Ministro de Hacienda informó que con el incremento por la nueva renta el Estado llegará a erogar al año $us 190 millones. Fuentes oficiales informaron que para la distribución del Bonosol se destina cada año $us 120 millones.

El alcalde Juan del Granado sostuvo que la renta Dignidad es “una cosa muy grande” y que se debe ver cómo hacerla sostenible. Agregó que en este caso el principal tema de discusión es el referido a su financiamiento.

Pedro Nuny, dirigente indígena, sostuvo que la nueva renta debe ser defendida por todos los bolivianos. Descartó asistir a la reunión del Comité Cívico Pro Santa Cruz, porque “no somos miembros afiliados”. El representante indígena lamentó que cualquier iniciativa del Gobierno sea rechazada por esta organización cruceña.