• TERCERA EDAD • Ancianos que cobran su Bono Solidario. Sin más, nuestros mayores están en el ojo de la tormenta en el nuevo debate que se abrió entre las regiones y el gobierno central acerca de la renta petrolera.

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Si bien esto es un avance del Gobierno, pues se debatirá una ley, único instrumento que puede modificar la Ley de Hidrocarburos 3058, que distribuye el IDH, el poder central omite una circunstancia decisiva: que toda discusión que se haga sobre el IDH y su distribución necesariamente debe contar con la participación de prefecturas y municipios, coinciden el vicepresidente de la FAM, Luis Revilla Herrero, y el prefecto de La Paz, José Luis Paredes Muñoz.

La actual discusión sobre el IDH está planteando una prueba al Estado descentralizado que, mal que bien, ya se tiene en la actualidad: la discusión de una política nacional, de Estado, en la que las definiciones no le corresponde sólo al nivel central, sino también a los niveles descentralizados existentes.

El presidente Morales señala que debe ser el 30% del IDH lo que se debe destinar a sostener la nueva Renta Dignidad. Esto es un recorte aún mayor que el que se pretendía anteriormente. La única diferencia es que ahora se llamará “aporte” de cada sector.

Al respecto, el concejal Revilla señala que cualquier modificación del destino del IDH pasa por cambiar la Ley de Hidrocarburos. Los actuales usos del IDH dispuestos por esta norma son en salud, educación, seguridad ciudadana, desarrollo productivo y generación de empleo, “no habla de ninguna política como el bono solidario”.

Aunque es muy difícil que los municipios acepten un recorte de recursos que les corresponden, su vicepresidente afirma que las alcaldías están dispuestas a dialogar con el gobierno central para encontrar alguna salida a la situación. Lo que hace falta es que todos vean el IDH y su uso como una “política de Estado” que compete a los tres niveles.

Si ahora es el caso del Bonosol o la Renta Dignidad, en éste como en otros temas, lo que corresponde es que entre los tres niveles se vea su sostenibilidad, incluso su propia existencia. En el caso de los municipios, señala Revilla, tendrán que verse alternativas, “si el Gobierno insiste en su propuesta de utilizar recursos que manejan los gobiernos municipales, tendrá que darnos también algunas propuestas compensatorias”.

Al respecto, el prefecto de La Paz, José Luis Paredes, afirma que si bien está de acuerdo con que se pague la Renta Dignidad, incluso a personas de 60 años para arriba, esto debe ser sólo con los nuevos recursos que “debe conseguir el actual gobierno; la gestión Morales no ha conseguido absolutamente ningún recurso nuevo en materia de hidrocarburos; todo lo que estamos recibiendo es de antes de la gestión del presidente Morales”. El gobierno no puede hacer creer que los recursos del IDH son su esfuerzo y, por tanto, que tenga autoridad para redistribuirlo, señala Paredes.