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El decreto ingresó en vigencia el 10 de octubre, pero dispone que los proyectos cuyo plazo fenezca el 31 de diciembre de este año podrán regirse a las viejas normas, en tanto que los que se extiendan más allá de esa fecha tendrán un plazo de 180 días para la suscripción de enmiendas con los cooperantes.

El artículo 10 del decreto señala que las donaciones oficiales deben ser registradas en el Sistema de Información sobre Financiamiento Externo, mientras que “las donaciones directas y no oficiales que las agencias de cooperación, organismos financieros multilaterales y gobiernos realicen a personas naturales o jurídicas no estatales, deberán ser informadas al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, en cuanto a montos, destinatarios, objeto de las ayudas y plazos“.

En este grupo se encuentran las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que sumarían 399 en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística (ver infografía). Además dispone que, para ser contratadas para la ejecución de proyectos financiados con recursos de la donación, las ONG deberán regularizar su situación legal en el país.

En el artículo 9 deja establecido que “no se aceptarán las donaciones en dinero y en especie que impliquen condicionamientos políticos, ni ideológicos“ y el 17 señala que la monetización de las donaciones en especie y su administración se realizará “sin injerencia de los donantes“.

El presidente de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, Michiaki nagatani, advirtió que el decreto restringirá la cooperación internacional porque norma aspectos que hacen a la decisión de los cooperantes, como la contratación de bienes, servicios, obras y consultorías.

El artículo 15 indica que “en la contratación de bienes, servicios, obras y consultorías se observará lo dispuesto en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios“.

“Hay contrataciones que hacen licitaciones allá (países de origen) y traen obras que son llave en mano. Es bueno que fiscalicen, pero hay cosas que no se pueden”, expresó el diputado Nagatani.

El decreto señala además que los programas y proyectos de donación deberán contratar una auditoría externa y estarán sujetos a una fiscalización de la Contraloría General de la República. Además, prohíbe la subcontratación para la ejecución de programas y proyectos con donación.

Las incompatibilidades también están normadas. Los ministros y viceministros, al igual que los funcionarios públicos vinculados a este manejo, no podrán prestar servicios en las agencias de cooperación, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y ONG hasta dos años después de dejar el cargo público.

Nagatani sostuvo que con esta disposición se vulnera el derecho al trabajo de los bolivianos y “surgen, advirtió, dudas cuando no se aclara por qué vetaría la contratación de funcionarios nacionales o extranjeros para dirigir las oficinas residentes de la cooperación internacional“.

Las donaciones por emergencias se anotarán en el Presupuesto General. Los municipios que reciben donación oficial directa tendrán que informar al Viceministerio de Inversión Pública.

Las donaciones oficiales serán tramitadas por la Cancillería y el Ministerio de Planificación, y deberán enmarcarse en el Plan Nacional de Desarrollo, como en similares planes a nivel departamental y municipal, en tanto que las directas y no oficiales deberán ser informadas al Viceministerio de Inversión Pública.

El derecho al trabajo

Una de las principales observaciones al decreto que regula la cooperación externa está referido al hecho que impide a los ministros y viceministros prestar servicios en los organismos de cooperación hasta después de dos años de dejar sus cargos.

El presidente de la Comisión de Política Internacional de Diputados, Michiaki Nagatani, aseguró que esta disposición, que también involucra a funcionarios públicos que hayan trabajado en la gestión y ejecución de los programas de donación, vulnera el derecho al trabajo de los bolivianos.

Un experto en la materia coincide con esta apreciación y considera que no era pertinente establecerla porque no “existe ningún choque de intereses”.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en Santa Cruz, aseguró que esta disposición está destinada a dar transparencia a la cooperación.

“Es un decreto que está dirigido a transparentar la cooperación, no queremos que exista cooperación unilateral, sino bilateral, para identificar las áreas donde esos recursos tienen que destinarse”, informó según un reporte de la agencia ANF.

“Hay contrataciones que hacen licitaciones allá (países de origen) y traen obras que son llave en mano”.
Michiaki Nagatani

CUATRO ARTÍCULOS DEL DECRETO

Prohibición • No se aceptarán las donaciones en dinero y en especie que impliquen condicionamientos políticos ni ideológicos.

Incompatibilidades • Los ministros y viceministros están impedidos de prestar servicios en instancias de la cooperación internacional hasta después de dos años de dejar sus cargos.

Fiscalización • En cualquier momento la CGR podrá auditar los programas y proyectos, que deben tener una auditoría externa.

Personal • El Gobierno podrá objetar la contratación de funcionarios bolivianos o extranjeros en las agencias de cooperación o los organismos internacionales para asumir funciones ejecutivas.