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Los embajadores europeos analizarán en los próximos días el decreto, que atribuye al Gobierno boliviano el derecho a regular todos los procesos de "gestión, negociación, contratación, registro, ejecución y control de las donaciones".

"Quizás es una bravata para buscar rédito político interno, pero no podemos aceptar que nos pongan condiciones a nuestros aportes voluntarios", dijo un diplomático a EFE.

El decreto, que surge tras acusar el gobierno de Morales a Estados Unidos de utilizar "políticamente" la ayuda al desarrollo, pretende controlar no sólo las donaciones a organismos oficiales, sino también a entidades privadas.

También prohíbe que los funcionarios públicos presten servicios en los organismos de cooperación hasta dos años después de haber dejado sus cargos oficiales. Los diplomáticos y representantes de ONG y organismos multilaterales expresaron a EFE su temor de que el celo de Morales en controlar y centralizar toda la ayuda perjudique el monto total de asistencia exterior para los bolivianos.

Lo mismo dijo a medios informativos locales el diputado opositor Michiaki Nagatani, al comentar que el decreto prescribe que "en la contratación de bienes, servicios obras y consultorías" la ayuda extranjera se atendrá a las normas bolivianas.

"Hay contrataciones que hacen licitaciones allá (en los países donantes) y traen las obras llave en mano (listas para usar). Es bueno que las fiscalicen, pero hay cosas que no se pueden", explicó Nagatani, presidente de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados.

Representantes de organismos internacionales preguntaron a funcionarios bolivianos si las mismas normas de control se aplicarán a la ayuda de gobiernos afines, como los de Cuba y Venezuela, sin recibir respuestas satisfactorias hasta el momento, relataron fuentes diplomáticas europeas. EFE