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La intención del Gobierno de crear un nuevo bono para los ancianos, denominándolo Dignidad, en sustitución del instituido en 1997, con el nombre de Bonosol, ha creado diversas complicaciones. La mayor de ellas reside en que, para su financiamiento, se redujo el 30 por ciento de los ingresos que perciben las prefecturas, municipios y universidades, por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

La participación en la rentabilidad de los hidrocarburos es producto de una ley, en tanto que el recorte dispuesto se limita a dos resoluciones biministeriales.

Lo apropiado era que el Gobierno hubiese convocado a un diálogo con los prefectos, alcaldes y rectores de las universidades públicas para demostrarles, con estudios actuariales, que el Bonosol se desfinanció y que para mantenerlo había que utilizar parte de los aportes que se reciben por el IDH. Ésta era la manera racional y legal de encarar el asunto.

Además, el Ejecutivo tenía y sigue teniendo un argumento sustancial, en caso de ser fidedigno: demostrar que las prefecturas, alcaldías y universidades no están utilizando todos los ingresos que reciben. Según el Ministerio de Hacienda, tienen inmovilizados, en sus cuentas bancarias, 700 millones de dólares, con el antecedente de que en tres años los ingresos del IDH —incluidas las participaciones— se triplicaron. En el 2005 bordeaban los 282 millones de dólares y en el 2006 superaron los 600 millones.

A su vez, el Gobierno tendría que repensar en las ideas que tiene de incrementar el monto del bono de 1.800 bolivianos a 2.400, de ampliarlo a las personas de 60 años, de reducirlo a la mitad para quienes reciben la renta jubilatoria y entregarlo mensual o bimensualmente.

Cada caso tiene objeciones y complicaciones.

El presidente Evo Morales estuvo acertado al convocar a una reunión a los prefectos; pero tiene que ampliarla a los alcaldes (cuentan con una federación nacional) y a los rectores o al CEUB. La solución del problema tiene que ser únicamente a través del diálogo y sobre la base del desprendimiento de todos.

Si bien el Ejecutivo presentó ya al Parlamento el proyecto de ley respectivo, su aprobación es incierta; la oposición en el Senado es mayoritaria. Por tanto, el Gobierno tiene que estar dispuesto a concertar, antes que a imponer.

Empero, en el fondo, parece llegada la hora de definir el destino que deben tener los recursos del IDH. Hasta el momento sirven para todo y, en última instancia, para nada. Aparte de que se están yendo en gastos menores, se pierde de vista que tiene que servir para la industrialización del país y, en particular, del gas. Asimismo, se tiene que ver si conviene poner en funcionamiento la fundición de Karachipampa, para impulsar la minería.

Concretamente, no es sensato que se gaste esos recursos tan discrecionalmente, hay que invertirlos en proyectos que tengan un buen retorno. Está faltando una visión de más largo plazo. El dinero de los hidrocarburos tiene que impulsar el desarrollo del país, lo que redundará en beneficio de toda la familia boliviana y no sólo de sectores corporativos. En cuanto al Bonosol, se lo debería mantener, refinanciándolo, pero sin tocar el IDH. El decreto de nacionalización asignó esta tarea a YPFB. ¡Que se cumpla entonces!