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Montos. Muchos padres ofrecen pensiones de Bs 50, que no cubren las necesidades básicas de los niños. Otros se niegan a pagar.

Derecho. La asistencia familiar es un derecho irrenunciable para los hijos menores de edad. No cumplirla es delito y tiene cárcel.

Ayuda. Las Defensorías de la Niñez, la Prefectura y ONG también interceden. En El Alto, la mujer acude regularmente a la Defensoría.

Los juzgados de Instrucción de Familia de La Paz y El Alto atienden, cada año, más de 16 mil demandas de asistencia familiar o pago de pensiones. En la mayoría de los casos, la demandante es la mujer, mientras que por lo general el ex cónyuge negocia el valor de la manutención, llegando, en ocasiones, a ofrecer 50 bolivianos por cada uno de los hijos.

María Luisa Quiroz, titular del juzgado Segundo de Instrucción de Familia de La Paz, y suplente legal del Juzgado Primero, explicó que la asistencia familiar es un derecho irrenunciable de los hijos y que “los principales proveedores son los padres”.

Cada uno de los juzgados a su cargo recibe, a diario, entre ocho y 10 demandas de pensiones, lo que representa cerca de 50 demandas diarias en los cinco juzgados de familia que existen en La Paz. Esto implica que al año se admiten alrededor de 12.000 demandas en esta jurisdicción.

A ello se suman los casos que se presentan en los tres juzgados de Instrucción de Familia de El Alto, que reciben, por día, entre cinco y siete demandas cada uno, es decir más de 4.300 en el periodo de un año.

Del total de procesos que ingresaron a la justicia por pago de pensiones el 2006, sólo 1.784 obtuvieron sentencia: 943 en La Paz y 841 en El Alto, según la memoria anual 2006 de la Corte Superior de Justicia de La Paz.

La reducida cifra se puede explicar porque muchas demandantes abandonan el proceso o bien porque alcanzan algún convenio con sus ex parejas.

No obstante, los reclamos de asistencia familiar no sólo se conocen ante la justicia, sino que las alcaldías y la Prefectura paceña también intervienen en este tipo de conflictos para que los padres lleguen a un acuerdo. Sin embargo, sólo el Juzgado de Familia y la Fiscalía pueden obligar, bajo pena de cárcel, al cumplimiento del pago de pensiones.

Hasta junio de este año, las Defensorías de la Niñez de La Paz registraron 333 demandas de asistencia familiar, y las de El Alto 2.387, entre enero y septiembre. Esta última cifra representa cerca de la mitad de los casos que atienden los tres juzgados de Familia de esa ciudad, cada año.

Muchas de las demandas que llegan a las Defensorías son derivadas al Juzgado de Familia para la homologación del monto de la pensión. Si los interesados no logran conciliar criterios, también se recurre a la justicia.

María Eugenia Vásquez, titular del Juzgado Tercero de Familia de El Alto, explicó que “la asistencia familiar es una de las tipologías con mayor carga procesal, junto con las de violencia familiar”.

Quiroz señaló que “como administradores de justicia en materia familiar, nos gustaría dar a los niños o adolescentes montos elevados, pero no podemos porque tenemos presente que no se puede exigir eso a quien no gana mucho”. Marco Antonio Gira, responsable de las Defensorías de La Paz, dijo que por lo general los padres se niegan a brindar una pensión a sus hijos. “Hay padres que, si se comprometen a pagar pensiones, quieren entregar Bs 50 al mes y eso no alcanza ni a Bs 1,50 para gastar por día”.

Al Juzgado Segundo de Familia llegan demandas contra personas que trabajan de cargadores u otros oficios informales y que tienen familias numerosas. “En esos casos no sabemos qué hacer, siempre tratamos de velar por el bienestar, educación, salud, techo, vestimenta y alimentación de los niños”, dijo Quiroz.

Admitió que los montos que se aprueban no siempre cubren las necesidades básicas y recordó que la ley también permite que se entreguen pensiones en especies, como alimentos o ropa.

Para dar solución a los casos irreconciliables, los juzgados solicitan el apoyo del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), donde investigan al detalle cada demanda. Isabel Blanco, trabajadora Social del Sedeges, explicó que en cuatro meses atendieron 10 de estos casos.

Agregó que si bien el 90 por ciento de las demandas las interponen las mujeres, cuando el padre es el que se hace cargo de los niños, “la justicia es más contemplativa con la mujer”.

Puntos de vista

“Sólo me quería dar 50 bolivianos”

ROXANA, madre de una niña de cinco años.

Mi ex esposo quería entregarme 50 bolivianos de pensión al mes. La fiscal aceptó ese monto, pero yo no, entonces nos remitió a una instancia judicial. Seguí el caso con un abogado, pero gasté mucho dinero en memoriales porque en la Fiscalía no me tomaban atención.

Mi caso estaba en el Juzgado Cuarto de Familia. Allí me conocían más a mí que a mi abogado porque yo llevaba los memoriales para ahorrar. Cuando salió la primera notificación, el tramitador me acompañó hasta el trabajo de mi ex esposo. Cuando salimos de la empresa, el notificador me llevó a un edificio por la (plaza) Pérez Velasco porque supuestamente quería ayudarme a conseguir un abogado más barato, pero una vez en el lugar empezó a acosarme. No podía hacer nada porque mis documentos estaban en sus manos. Luego de meses me di cuenta de que no estaba consiguiendo nada en el Juzgado, así que hable con mi ex esposo y le hice entender que con 50 bolivianos no podía hacer nada y quedamos en que me dé 200”.

“Cada vez que cobraba, le exigía tener relaciones”

MARCO ANTONIO GIRA, Defensoría de la Niñez, La Paz.

Marco Antonio Gira, responsable de las Defensorías de la Niñez de La Paz, recordó que “el año pasado llegó a nuestras oficinas una señora que tuvo una hija con un hombre que tenía muchas parejas. Cada vez que se cumplía el día de la asistencia, éste la citaba en un determinado lugar y le exigía tener relaciones (sexuales) como una forma de chantaje. La señora, luego de un buen tiempo de soportar aquello, llegó a la Defensoría y denunció el hecho. Nosotros intercedimos y el individuo ahora debe depositar mensualmente la asistencia en la Defensoría”.

“Lo maltrataron y no recibe pensión”

ROSMERY CORDÓN, Defensoría de la niñez de El Alto.

Rosmery Cordón, responsable de las Defensorías de la Niñez de la ciudad de El Alto, recordó el caso de Juan (nombre ficticio) “que cuando sus padres se divorciaron él se quedó en poder del padre, quien pasado el tiempo buscó a otra mujer e inició una nueva familia, lo triste era que Juan era maltratado constantemente por su madrastra, ella le propinaba golpizas y maltrato.

Este caso ingresó a la Defensoría de la Niñez por agresiones. Se realizó una audiencia con los padres del niño y se logró que Juan vuelva a vivir con la mamá porque el trato que recibía por parte de su madrastra era malo.

Además del proceso por agresión, la madre inició la demanda por la asistencia familiar, el padre se comprometió en julio a entregar una asistencia de Bs 150 que tenía que depositar a la Defensoría el 27 de cada mes, pero hasta ahora no cumplió con su compromiso, salvo una vez.

El niño sólo recibió una pensión que su padre le entregó en julio y por ello la Defensoría se está moviendo para que el caso pase a instrumento judicial”.

“Pago 200 bolivianos por cada hijo”

SIMÓN, padre de tres niños.

“Me divorcié de mi esposa porque cada vez me hacía problema, de todo y de nada. Una vez me llevó a la Policía y me hizo detener, entonces yo le dije que ya no quería seguir con ella.

Cuando nos separamos quedamos que le iba a ayudar con la manutención de nuestros tres hijos, pero a los meses me demandó en el Juzgado y solicitó asistencia familiar.

La verdad fue muy duro porque yo siempre le ayudé con lo que podía, pero ella quería más dinero. Los del Juzgado vinieron a mi trabajo y constataron que mi sueldo no alcanzaba para dar el monto que ella pedía y dictaminaron que entregue Bs 200 por mes para cada niño. Ahora cada mes me descuentan por planilla y yo creo que eso es lo mejor porque así no tengo relación directa con mi ex mujer.

Siempre veo a mis hijos, ellos vienen a mi trabajo para pedirme lo que les falta, si es que puedo les doy dinero, además les compro ropa, zapatos y comida para que lleven a la casa”.

“La madre sólo compra comida y ropa a sus hijas”

ISABEL BLANCO, trabajadora Social del Sedeges.

Isabel Blanco, trabajadora social del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), comentó el caso. “Dos hijas adolescentes que se quedaron viviendo con el papá tuvieron que pasar de un colegio particular a uno fiscal porque el padre no tiene trabajo seguro y la madre no está dando asistencia familiar. El padre se apoya en la ayuda de sus hermanos. La madre, en este caso, sólo cumple con las visitas a sus hijas, les compra comida y ropa y a veces las lleva a comer afuera, pero eso será hasta que dictamine el juez”.

“Pide asistencia para sus 7 hijos”

RUTH SILVA, Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de El Alto.

Ruth Silva recordó que al SLIM llegó hace dos meses un caso de violencia intrafamiliar. “Los cónyuges tienen siete hijos y están separados como seis meses, la madre inició la demanda por asistencia familiar.

Los hijos y la madre se encuentran en condiciones de extrema pobreza, no cuentan con los suficientes recursos para cubrir los gastos de alimentación y ahora se encuentran a la espera de la sentencia del juez. Lo lamentable es que el proceso es largo y mientras tanto la madre y los hijos no tienen de dónde sacar dinero y se las tienen que arreglar como pueden.

La madre realiza labores de casa, en ocasiones trabaja como comerciante minorista, pero lo que gana no es suficiente. La demanda que se hizo fue por Bs 200 por cada hijo, pero el papá es cerrajero y no creemos que pueda alcanzar a pagar lo que se pide, ya que su situación laboral no le permite cubrir ese monto y sólo queda esperar lo que vaya a dictaminar el juez de familia”.