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Las entidades referidas son las Defensorías de la Niñez y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), que pertenecen a las alcaldías, el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), que depende de la Prefectura, y la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción de Familia.

Por la vía privada se tiene a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como Gregoria Apaza, en El Alto, y Fundación La Paz en esta ciudad, que dan asistencia social a la mujer para reclamar pensiones.

Según Marisol Quiroga, abogada del Centro Integral de la Mujer Gregoria Apaza, en El Alto hay al menos otras tres ONG que trabajan por los derechos de las mujeres; estas son: Suma Jakaña, CIDEM y Sartasim Warmi.

Estas entidades pueden ayudar a conciliar a las partes voluntariamente. Sin embargo, es importante aclarar que sólo el Juzgado de Familia y la Fiscalía son las instituciones que pueden obligar a cumplir el pago de las pensiones bajo pena de cárcel.