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La demanda, que se inició formalmente el 30 de abril con la presentación de una carta por parte de Euro Telecom al presidente Evo Morales, causó sorpresa en esferas del Ejecutivo.

Tras informar sobre el inicio del proceso arbitral, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, expresó su extrañeza por la acción emprendida por la multinacional en contra del Estado boliviano.

“Queremos manifestar nuestra más profunda extrañeza. No comprendemos esta acción de la empresa en contra del Estado boliviano”, dijo el funcionario.

Según el viceministro Arce, Euro Telecom rompió de manera unilateral el diálogo con las autoridades del Ejecutivo. “Hace unos meses se abrió un marco de diálogo con la empresa para la recuperación por parte de los bolivianos de nuestro patrimonio y, en ese diálogo y conciliación, fue la empresa la que de manera unilateral rompió el diálogo”.

En ese marco, el funcionario anunció que el Ejecutivo formará una comisión gubernamental constituida por funcionarios del Ministerio de la Presidencia y la Cancillería de la República para defender al Estado boliviano.

El Poder Ejecutivo emitió el 2 de abril un decreto supremo que ponía un plazo de 30 días para negociar la devolución al Estado boliviano de Entel, controlada por Telecom, una de las 10 empresas capitalizadas en 1996.

Tres semanas después, el 23, el Gobierno, a través de un decreto supremo, revirtió al Estado el 47% de las acciones que tienen los bolivianos en Entel, dando un paso más en el proceso de nacionalización de esta firma.

El 30 de abril, Euro Telecom notificó vía carta al Gobierno sobre su intención de apelar a un acuerdo de promoción y protección mutua de inversiones suscrito entre los Países Bajos y Bolivia, denominado BIT, para defender su inversión en Entel.

“Esta carta sirve para notificar a la República de Bolivia sobre la disputa e invitar a Bolivia a tener consultas con vistas a resolver amigablemente la disputa, en concordancia con el artículo 9 del BIT”, rezaba la nota enviada a Palacio Quemado.

Así, Euro Telecom invitó al país a llevar las consultas a un lugar “neutral” y a una hora y fecha convenidas mutuamente.

Sin embargo, la invitación fue rechazada sistemáticamente por las autoridades del Poder Ejecutivo, con el argumento de que no se negociaría fuera del país.

Arce dijo que el Estado boliviano sólo ha renunciado a un mecanismo de arbitraje, que es el CIADI, dependiente del Banco Mundial. “Hay muchos otros (mecanismos de arbitraje), sin desconocer la jurisdicción boliviana”, precisó el funcionario.

El CIADI fue creado en 1965 y su sede está en Washington, Estados Unidos. Es una de las cinco instituciones que conforman el Banco Mundial. Bolivia firmó el convenio del CIADI el 3 de mayo de 1991 y éste entró en vigencia el 23 de julio de 1995. A la fecha, Bolivia está en proceso de desafiliación del CIADI. El 3 de noviembre vence el plazo.

ETI apeló a un “tratado duro”

Euro Telecom International NV (ETI), a pesar de ser una empresa de capitales italianos, apeló al tratado de protección de inversiones con el Reino de los Países Bajos, que es uno de los “más duros” que tiene firmados Bolivia, según informaron fuentes del sector.

El artículo 3 de ese tratado señala, precisamente, que ambos países deben asegurar un tratamiento “justo y equitativo” a las inversiones mutuas, sin perjudicar el uso y administración de las mismas a través de medidas “irracionales o discriminatorias”. Además establece que cada país debe conceder a las inversiones “total seguridad y protección” que no debe ser menor a la concedida a las inversiones nacionales o de terceros países. El artículo 6 indica que ninguno de los países debe tomar medidas que priven directa o indirectamente a los empresarios de sus inversiones, que no sean discriminatorias o contrarias a las garantías dadas o que estén acompañadas por una ´compensación justa´, equivalente al valor genuino de las inversiones afectadas.