• PROYECTO DE LEY • Podemos asegura la aprobación de la renta. En la foto, se ve a los senadores del partido opositor.

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Según el proyecto, la denominada renta Dignidad se financiará con el 30 por ciento de todos los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por las prefecturas, municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación (TGN), excepto universidades, y los dividendos de las empresas capitalizadas en la proporción accionaria que corresponde.

Los senadores de Podemos Carlos Börth, Fernando Rodríguez y Roberto Ruiz, además de coincidir que las personas de la tercera edad contarán con la renta vitalicia, proponen utilizar recursos del TGN, de las empresas capitalizadas, los intereses que generan las reservas internacionales y de la venta del petróleo reconstituido como fuentes alternativas de financiamiento.

“La medida es positiva, hay que mantener el beneficio, pero hay otras fuentes de financiamiento. Hay algunas empresas capitalizadas que van a generar como 25 a 30 millones de dólares, tenemos las reservas del Banco Central que van a generar este año más de 160 millones de dólares (en intereses) y el resto se puede compartir con las prefecturas y el TGN, no se necesita el descuento del 30 por ciento”, afirmó el senador Börth.

Según el senador Rodríguez, el Gobierno puede utilizar los 32 millones de dólares mensuales de participación que tiene YPFB en los campos San Alberto y San Antonio, a los 425 millones de dólares que recibe el TGN por el IDH y 180 millones de dólares de la venta de 10 mil barriles de petróleo reconstituido que se exporta mensualmente. “Nosotros consideramos que se debe pagar la renta Dignidad con otros recursos, no con los recursos de las prefecturas”, afirmó por su parte el senador Roberto Ruiz.

Los senadores de Podemos opinaron sobre el tema luego de que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo ayer a la gubernamental Radio Patria Nueva, que el Gobierno aplicará la renta Dignidad por decreto si el proyecto no se aprueba en el Senado. Indicó, además, que Podemos cometería un “suicidio político” si se opone al beneficio.

El Gobierno requiere de 190 millones de dólares para cancelar la renta vitalicia a más de 600 mil personas mayores de 60 años.