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La decisión fue asumida el 6 de noviembre, en Trinidad, por los consejeros María Teresa Rivero, Guido Chávez y Rodolfo Mérida, luego de la apertura de un proceso interno instruido por el pleno de este órgano judicial.

Las autoridades suspendidas son el juez de Instrucción Mixto y Cautelar de Villazón, Luis Gutiérrez; el oficial de Diligencias del Juzgado Mixto y Cautelar, Johnny Villanueva Mercado, y el oficial de Diligencias del Juzgado de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia, Juan Fernando Baños Martínez.

El juez Gutiérrez admitió a principios de octubre que hacía ocho días habían contratado a una abogada para que se encargue de controlar que los padres correspondan a los menores, así como las firmas de los garantes.

Según el proceso judicial interno, el Consejo de la Judicatura encontró los elementos necesarios que incriminaban a Gutiérrez, Villanueva y Baños en los delitos de beneficios en razón del cargo, (Art. 147 del Código Penal), y cohecho pasivo propio, (Art. 145 del Código Penal).

Los funcionarios se encuentran suspendidos mientras dure el proceso penal en su contra.

Mérida dijo que el Consejo está comprometido ´en una lucha sin cuartel contra los casos de corrupción y no los vamos a tolerar en el Poder Judicial´. Aclaró que si los acusados demuestran su inocencia, retornarán a sus labores; de otro modo, no”.

La preocupación no sólo llegó al Gobierno de Bolivia, sino también al de Argentina, donde un informe técnico de la Dirección Nacional de Asistencia Directa a Personas y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de Argentina, menciona a uno de los funcionarios ahora suspendidos. ´…La cantidad de niños, niñas y adolescentes que cruzan la frontera Boliviana-Argentina solos o acompañados por un tercero con la correspondiente autorización judicial otorgada por el juez de Menores de Villazón, doctor (Luis) Gutiérrez de acuerdo al Art. 169 del Código del Niño, Niña o Adolescente de la República de Bolivia´. Redacción Sucre

ANTECEDENTES DEL CASO

Una puerta abierta • Hace un mes se constató en Villazón irregularidades en la tramitación de permisos de viaje a menores de edad que salen del país solos o acompañados a la Argentina.

Negocio • En Villazón, la salida de los niños se convirtió en un negocio para los abogados, pues éstos pagan por los testigos que avalan el cruce de los mismos.

Abusos • Los menores que llegan a la Argentina, en calidad de empleados, por lo general, son maltratados por sus empleadores. A veces son tratados como si fuesen animales.

Anuncio • El Gobierno dijo que creará una comisión interministerial para ir a Villazón e investigar sobre el tema. De esta forma plantearán soluciones.