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Dijo que “hay gente del Movimiento al Socialismo metida en las medidas, pero que el Comité Cívico no reconoce ni respalda ninguna medida que no salga como decisión institucional”.

La agencia gubernamental ABI informó ayer que Alelí Rivero, ama de casa porteña, fue la que a las 9.00 instaló el piquete de ayunadores que convocó a otros vecinos en instalaciones de la parroquia San Martín de Porres, del barrio Las Malvinas.

Según el despacho, entre las personas que se sumaron a la medida de presión están Luis Abdala (Organización Territorial de Base del barrio Centro), Angelina Hoyos (representante de las Mujeres al Socialismo), Susana Arteaga, Maruja Contreras, Verónica Soliz, Ciro Arnez y Antonio Arnez y que esperan se fortalezca con la incorporación de los cívicos de Puerto Guijarro y del sector campesino.

Según el cívico Gerike, “son personas que han decidido tomar esa medida motivadas por diferentes intereses”.

Aseguró que el Comité Cívico no ve motivos para las medidas de presión, “porque el contrato con la Jindal Steel está refrendado por la Cámara Alta”. “Sólo hay algunas pequeñas cositas que se tienen que corregir”, añadió.

Dijo que las personas que asumieron la medida de presión son “personas que no tienen nada que ver con el tema Mutún”.

Gerike informó que el Comité Cívico se reunirá hoy desde las 9.00 para considerar de manera oficial el tema del contrato con la siderúrgica india y las modificaciones que hizo el Senado.

Echazú teme por inversión

El Gobierno puso en duda la permanencia en Bolivia de la siderúrgica india Jindal, que ofertó invertir $us 2.100 millones para desarrollar el yacimiento de hierro del Mutún, por cambios hechos por el Senado al contrato original de explotación.

El ministro de Minería, Alberto Echazú, afirmó ayer que “no creo que la empresa esté dispuesta a esperar otro año más”, al referirse a los retrasos que podrían surgir para el inicio de obras, por los engorrosos trámites legales de ratificación que deben seguirse paso a paso en el Parlamento. La opositora Cámara Alta introdujo el 8 de noviembre cambios al contrato original firmado por el Gobierno y la firma asiática el 19 de julio y que fue aprobado en primera instancia por la oficialista Cámara Baja, sin ningún tipo de observaciones.

La ley fue devuelta a la Cámara de Diputados, pero si ésta rechaza los ajustes del Senado, entonces deben convocarse a sesiones conjuntas. La Paz, AFP