Divididos
Fernando Mayorga*

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Más allá de lo consabido. Más allá de la mentada (falta de) voluntad política de los protagonistas es necesario auscultar otras razones del entuerto de estos días. Porque no es suficiente acudir al expediente de la cultura política local para explicar lo que acontece. Existen otras causas. Me interesa indagar acerca de dos hechos que explican en buena medida el curso del proceso político y que tienen que ver con la existencia de una situación de ´gobierno dividido´ y las consecuencias de una informal división ´vertical´ de poderes. Estos dos factores se complementan con el impasse en la Asamblea Constituyente, pese a los esfuerzos de concertación en el consejo suprapartidario que merecen mejor suerte.

La situación de ´gobierno dividido´ se manifiesta en la pugna entre el Poder Ejecutivo y el Senado que, desde principios de este año, se encuentra bajo el control de la oposición. Atrás quedó la fuerza de la legitimidad de la victoria electoral del MAS que se tradujo en la concesión de la presidencia de la Cámara Alta al partido de gobierno y la parálisis de los partidos de oposición. La famosa sesión de aprobación de los cambios a la ley agraria fue un triunfo del oficialismo que tuvo consecuencias negativas para la gestión gubernamental porque la oposición cerró filas y procedió a actuar en bloque nombrando a un parlamentario de UN como presidente del Senado. A partir de entonces, las relaciones entre el Ejecutivo y esta instancia legislativa adquirieron otro tono. Y el tono subió a medida que las iniciativas de ley propuestas por el Poder Ejecutivo y aprobadas por la Cámara de Diputados pasaron por el tamiz del Senado y fueron observadas (como en el caso del contrato para la explotación del Mutún) o, simplemente, no consideradas en su agenda. O porque esta instancia demandó al Poder Ejecutivo que pida explicaciones por las desatinadas declaraciones del Presidente venezolano sobre nuestros asuntos internos.

A las amenazas de acudir al expediente del decreto presidencial en caso de retraso en el tratamiento y aprobación de algunas leyes (por ejemplo, en salud, vivienda y lucha anticorrupción) se suman las advertencias de que los ministros no comparecerán a las interpelaciones si continúa la dilación en el tratamiento de esas normas. Y la ley de la denominada Renta Dignidad, aprobada por los diputados a fines de octubre, es otro motivo de discrepancia con el Senado que, además, involucra a los prefectos y comités cívicos opositores porque afecta los ingresos departamentales del IDH.

Y este tema pone en evidencia otra pugna, aquella que se alimenta de esa suerte de división ´vertical´ de poderes, inexistente en el pasado, que proviene de la elección directa de autoridades departamentales —con una mayoría de prefectos no afines al Gobierno— y que tiende a exacerbarse en la medida que no se defina el tema de las autonomías departamentales en la Asamblea Constituyente. A la carencia de norma constitucional en cuanto a atribuciones y competencias de los futuros gobiernos departamentales se suma esta querella por la distribución de los recursos provenientes de los impuestos del sector hidrocarburífero que afecta el poder de los prefectos opositores. De esta manera, en la relación IDH/Renta Dignidad se condensan estos novedosos rasgos del funcionamiento del sistema político que explican los entuertos de estos días. Más allá de lo consabido.

*Fernando Mayorga
es sociólogo.