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La iniciativa de la Policía tiene el respaldo de la experiencia que acumuló en los últimos 10 años, con la aplicación de la Ley 1970, que puso en vigencia dicho Código. Sus autores dieron mayor relevancia a la defensa de los delincuentes, sustentada principalmente en falsedades, en tanto que las víctimas tienen que observar, con indignación contenida, la facilidad con que recuperan la libertad, muchas veces en menos de las 24 horas en que fueron detenidos por la Policía.

El comportamiento indulgente de la Justicia y del Ministerio Público con el delito dio lugar a que crezca la delincuencia en proporciones geométricas, atentando severamente a la seguridad pública. Al mismo tiempo, esteriliza, por decir lo menos, el accionar de la Policía, cuyos esfuerzos por detener a los antisociales, después de laboriosas pesquisas, es ignorado y, peor aún, da margen a su desaliento, porque lo que se está haciendo es privilegiar la impunidad, en vez de aplicarse las sanciones que correspondan a quienes cometen delitos.

La salida fácil de los jueces y de los fiscales es aplicar las medidas cautelares y sustitutivas. El caso paradigmático de poner en evidencia la insuficiencia e inocuidad de tales recursos se dio con Ernesto Asbún, quien recuperó fácilmente la libertad y luego se dio a la fuga, sin responder a los cargos que se le imputaron, cuyos montos alcanzaban a millones de dólares por el manejo irregular del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), hasta colocarlo en situación de inminente quiebra, como se halla hasta el presente la indicada línea aérea.

Aunque la Policía pide la reforma parcial del Código de Procedimiento Penal, para contar con más poder contra el crimen, los cambios que propone no tienen el alcance que debieran adquirir. No responden adecuadamente al hecho de que la sociedad boliviana vive actualmente en estado de emergencia, por la dramática falta de seguridad pública. La delincuencia se siente tan bien protegida que incluso sus atracos los comete a la luz del día, delante de los transeúntes, pero nadie se anima a defender a las víctimas —incluyendo niñas y niños— por el temor a la agresión y al ataque de un malhechor.

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen registra al día un promedio de 5 a 10 arrestos de delincuentes que fueron atrapados en flagrancia, en tanto que 15 a 20 personas denuncian ser víctimas de algún delito. Entre enero y junio de este año se registraron 3.042 casos de delincuencia, de los cuales 726 fueron favorecidos con la libertad, pese a que en febrero se dio cuenta que entre éstos hubo malhechores que cometieron el mismo delito en un promedio de 50 ocasiones.

El diputado Gustavo Torrico, al ser consultado sobre la acogida que tendrían en el Parlamento las reformas que propone la Policía, estimó que "con la propuesta se va a poder mejorar la lucha contra la delincuencia, porque el Código está pensado para el que comete el delito, pero no para la víctima".