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En los últimos días, el Ejecutivo dispuso la libre importación de alimentos, decretó el control de las exportaciones, determinó hacerse cargo del abastecimiento de carne de res a los mercados del país y ordenó que se apliquen controles en los centros de abastecimiento para evitar que sigan subiendo los precios, en desmedro de la economía familiar.

Y los precios, dicen los expertos, son el resultado de una relación entre la oferta y la demanda. Es imposible afectar los precios actuando solamente sobre el resultado de la ecuación, sin modificar ni la oferta ni la demanda.

Los empresarios de Santa Cruz dicen que el Gobierno ha decretado la libre importación de alimentos con un propósito preciso: afectar al sector productivo, al que también le han puesto restricciones para que pueda exportar los excedentes.

Hay un riesgo que quizá no se esté considerando. Los precios promedio, el costo de vida de los países vecinos de Bolivia están mucho más altos que en el país, lo que podría dar como resultado que los productos que se importen terminen elevando mucho más todavía la actual cifra de inflación.

Pero el efecto más dañino que podría tener esta medida no es en los precios, sino en la posibilidad de que el sector productivo quede afectado de manera permanente y que los bolivianos terminen condenados a consumir solamente productos extranjeros de importación.

En este momento, el aparato productivo nacional produce 95% de la carne de res que se consume en el país, 70% de la leche, 100% del arroz, 100% del azúcar, 70% del trigo, 75% de los pollos, 75% de los huevos y 100% del aceite comestible, según la Confeagro.

Todo esto, que es muy próximo a lograr la autosuficiencia alimentaria del país, se logró durante muchos años. El sistema de producción de alimentos permite incluso exportar: el año pasado las exportaciones de ese sector sumaron 1.900 millones de dólares. Y el 2006, el sector agroindustrial boliviano fue capaz de generar más de medio millón de puestos de trabajo, según datos de la Cainco cruceña.

Es demasiado lo que está en juego en este momento, más cuando los empresarios privados están seguros de que las medidas tienen el propósito de afectarlos y anularlos, porque el Gobierno los considera sus enemigos. Mientras, el Ejecutivo acusa al sector productivo, en particular cruceño, de estar generando la inflación. Esta situación de acusación mutua, prácticamente convertida en una especie de guerra económica y política, tendrá graves consecuencias en la población.

Será bueno que el Gobierno, por su parte, analice con detalle los alcances de las medidas que está tomando. Afectar el aparato productivo del país podría producir un daño grande, difícil de superar, más cuando Bolivia estaba haciendo esfuerzos para dejar de depender exclusivamente de las importaciones de alimentos y había trabajado largos años en un proyecto de autoabastecimiento nacional. Los productores, por su lado, deben tener la capacidad de dejar la confrontación.