El MAS y la oposición ven amenaza de confrontación ACUSACIÓN • Ambos sectores políticos se acusan de lo que pueda pasar. El Gobierno asegura que no financia ninguna movilización social.
LOS SUMINISTROS • Este vehículo, aparentemente de uso oficial (su logotipo fue cubierto y se le quitaron las placas de circulación), fue utilizado para distribuir comida a los campesinos.
Ante la movilización de sectores sociales hacia Sucre y La Paz y el anuncio de cinco regiones de resistir medidas del Gobierno, el oficialismo y la oposición coincidieron en que esta situación podría desencadenar en una peligrosa confrontación con consecuencias imprevisibles, si no se reencauza el diálogo.
El senador de Podemos Wálter Guiteras graficó el eventual escenario: “Cuando nos traten de lesionar aquí (Senado), ¿no van a matar o lesionar a otros collas en el Beni?, o cuando toquen a un cruceño, ¿no van a tocar a miles de paceños?, claro que sí”.
En el caso de Chuquisaca, agregó: “El pueblo citadino se va a enfrentar con los enviados del señor (Evo) Morales”. Aunque menos pesimista, el senador del MAS Gastón Cornejo reconoció que las contradicciones se agudizan en Bolivia y ello supone “que va a haber confrontación”.
La defensa de la Constituyente y el recorte y redistribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos de las prefecturas a favor de la renta Dignidad y los municipios articulan los frentes de conflicto. En Sucre se concentran miles de personas afiliadas a diferentes sectores sociales en defensa del foro, amenazado por el conflicto de capitalidad.
Hacia La Paz también se dirige una marcha para exigir la ley de la renta Dignidad. El miércoles, cientos de alteños iniciaron la presión a esta instancia manejada por la oposición gritando “guerra civil”. Las prefecturas de Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba anunciaron resistencia y el Gobierno las amenazó con un juicio por sedición.
Guiteras dijo que la situación es tan conflictiva que “ojalá no quedemos con ruptura de bloques (regionales)”, aunque advirtió que “es inevitable este escenario de confrontación” si no se reencauza el diálogo vía un pacto social incluyente “sin afectar el corazón de las autonomías” y los recursos económicos.
El senador del MAS Ricardo Díaz expresó que las movilizaciones sólo tienen el propósito de “hacer un llamado de atención; estamos observando la democracia de las calles”. Dijo que no cree en una confrontación, pero responsabilizó a la oposición en caso de que ello ocurra.
El alcalde de Achacachi y miembro de los ponchos rojos, Eugenio Rojas, no descartó una guerra civil y el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, acusó al Gobierno de “llevar al país a una guerra civil”.
Por el contrario, el diputado Antonio Franco (Podemos) atribuyó la eventual responsabilidad de un desenlace por la violencia al presidente Evo Morales por “liderar las movilizaciones”, opinión con la que coincidió el líder del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, Jaime Barrón.
Cornejo admitió que “la responsabilidad será, al final, del Gobierno”. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, negó que el Gobierno financie movilizaciones y atribuyó su organización a “la conciencia colectiva”.
En esta misma línea, el diputado de UN Arturo Murillo aseguró que “estamos muy cerca de la confrontación, es suficiente que caiga (muera) uno”.
El chileno Tomas Hirsch, que es el vocero del Humanismo Latinoamericano y que llegó a Bolivia para presentar un libro, opinó que en este tipo de procesos “uno no puede esperar la paz de los cementerios”, criterio similar al que había pronunciado el fin de semana el vicepresidente Álvaro García Linera durante un seminario sobre procesos políticos.
SITUACIÓN
Sucre • Las bases de diferentes sectores sociales se trasladaron hasta Sucre para garantizar con su presencia la realización de la Asamblea Constituyente.
Senado • Otro grupo marcha a La Paz para presionar la aprobación de la renta Dignidad, que es cuestionada por prefectos de cinco regiones.
Región • En cinco regiones se llamó a la resistencia civil ante la decisión de recortar y redistribuir dineros de las prefecturas.