Entropía
Jimena Costa*

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En la última columna que publiqué, el 8 de octubre del 2006, comparaba el estado de naturaleza de la hipótesis hobbesiana con la situación nacional. Hace demasiado tiempo alertamos al Gobierno, a la oposición y a la opinión pública sobre las tendencias de peso que se leen en la coyuntura y que, a más de ser claras, son cada vez más peligrosas: la proximidad de la violencia absurda, la anomia, la ausencia de Estado y el “yo me impongo porque puedo”. Van siete años de inestabilidad política casi permanente y ya no hace diferencia cuán legítimo es el Gobierno, pues el poder sigue en la calle, las personas que han transitado y transitan por el Palacio tienen el gobierno pero no la capacidad de gobernar; no dirigen el proceso ni orientan, sólo se montan en la “voluntad” de aquellos portadores de interés particular con capacidad de presión.

Abril y septiembre del 2000, febrero y octubre del 2003, enero y mayo-junio del 2005; las “guerras” del agua y del gas, los motines policiales —con Banzer y con Goni—, las “agendas” contrapuestas —de El Alto y de Santa Cruz—, y en el presente la violencia potencial que se hace latente. Ya no se trata del enfrentamiento de algún sector o región con el Gobierno; a la confrontación regional y a las tensiones interétnicas se suma una cadena de hechos en los que se enfrentan mineros contra mineros, campesinos contra mineros, cocaleros contra campesinos, vecinos contra prostitutas: Huanuni, Guarayos, Parque Madidi, Villamontes, San Julián, Cochabamba, Chacarilla, El Alto, Mina Killman, Puerta del Sol … y lo único común en medio de tantos intereses particulares es la violencia.

Se suman los detestables linchamientos —sin cabeza visible, sin responsables—; los puñetes en el Congreso, los chicotes en la Asamblea; las patadas en la cara y en las plazas; y los golpes a mujeres embarazadas hasta producir el aborto. Para colmo, oficialistas y opositores se llenan la boca de “institucionalidad democrática” para luego pisotearla día a día en el Congreso, en el Tribunal Constitucional, en la Asamblea Constituyente, en las Cortes de Distrito, y claro el Poder Ejecutivo es el abanderado con decretos supremos que dice valen más que la Ley.

La Asamblea Constituyente está por desaparecer. Nunca creí en ella, resultado de analizar comparativamente Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, donde mejoran instituciones pero no resuelven las crisis políticas. En nuestro caso fue un fracaso como espacio de “constitución del nuevo pacto social” —su tarea principal—, y con o sin nueva Constitución sabíamos que no iba a transformar la cultura política y la visión estatólatra que nos impide avanzar como colectivo nacional. Sin embargo, fue un éxito total en la función de contención, fue el dique, el paréntesis que hizo que los beligerantes de todas las procedencias y modalidades se mantuvieran en espera por la salida institucional. Ahora estamos ante el enorme riesgo del “piedra libre”, que unos declaren autonomías de facto y que otros tomen tierras o más minas por derecho originario.

De yapa: nadie controla a sus bases. El Comité Cívico cruceño no controla a la Unión Juvenil Cruceñista, el prefecto Costas no controla a los cívicos, el rector Barrón no controla a los estudiantes de la San Francisco, el vicepresidente García no controla a los ponchos rojos, los dirigentes del MAS no controlan a los dirigentes campesinos y tal vez éstos no controlen a sus propias bases. ¡Piedra libre! ¡Estamos fritos!

La anomia es la ausencia de un Estado que garantice los derechos de las personas frente a otras personas y frente a la comunidad misma. Hobbes la llamaba “estado de naturaleza”, nosotros la llamamos vida cotidiana.

*Jimena Costa
es politóloga.