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Lo que hoy preocupa a la prensa es que la historia se repita. Y desalienta mucho más que, en plena democracia, luego de un cuarto de siglo de institucionalidad, se asista al ataque de hecho contra periodistas y, como anteanoche, contra instalaciones de dos canales de televisión.

El Gobierno —y como cabeza del mismo, el Presidente de la República— tiene que ser muy cuidadoso cuando lanza acusaciones contra los medios de información. Y debe serlo porque quienes lo escuchan consideran que van a hacerle un servicio atacando al supuesto enemigo.

Las noticias periodísticas deben darse con la mayor objetividad posible. Es cierto. Si eso al Gobierno —o a cualquier institución con poder— no le gusta, quiere decir que la libertad de información está restringida y, de esta manera, se está vulnerando el derecho básico de las sociedades, cual es el de ser informadas. ¿Qué implica tal derecho? Pues, nada menos, que permitir a la gente disponer de información, de datos oportunos, de puntos de vista diversos, de manera que la población disponga de elementos suficientes como para tomar una decisión, como para formarse una opinión que no esté alejada de la realidad. Éste es el postulado y ésta la obligación del periodista. Y no adular a nadie.

La prensa boliviana no pretende ser impune ni intocable. Eso sería terrible. Seguramente se necesita perfeccionar los mecanismos para que esta institución no se convierta en un poder en sí mismo. El tema debe ser debatido, ciertamente. Pero, ninguna buena medida saldrá del ataque frontal, del amedrentamiento y menos de normas que, desconociendo la naturaleza del trabajo, intenten ponerlo bajo la lupa de la censura y con el argumento harto discutible de lo que es la “veracidad”. ¿Quién lo decide?

Además, quien menos reclamos puede hacer es el Presidente de la República, a quien, como destacado dirigente cocalero pero desconocido en la opinión pública, se le dieron las facilidades para que defendiera su posición, alegara en defensa de sus ideas y llegara a ocupar un sitial en el Parlamento y en la política nacional, que, indudablemente, se ganó él por sus méritos. Éste no fue un favor de la prensa, sino su obligación de dar lugar a quien estaba conmoviendo espíritus y mostrando facetas nuevas en medio de una zozobra nacional.

Lo que debe quedar claro es que la prensa libre no puede servir para avalar fines y proyectos gubernamentales. No es ésta su misión. Lo que le corresponde es mostrar esos fines y proyectos desde diversos ángulos. La población juzgará.

Finalmente, la prensa asumirá su defensa, claro, en el entendido de que defiende el derecho a debatir ideas. Es mejor afirmarlo ahora, cuando los abusos empiezan a hacerse notar, que pretender hablar cuando sea demasiado tarde.