Tras violento paro, los cívicos deciden huelga de hambre Partidos y regiones opositoras apelarán a la justicia ordinaria, a la comunidad internacional y a una serie de movilizaciones para defender sus intereses y lograr que la democracia retorne al país.
Larga espera • Decenas de policías forman en la carretera a Sucre, que estaba bloqueada por los cívicos.
Las regiones opositoras a la administración del presidente Evo Morales anunciaron ayer resistencia civil y una huelga de hambre indefinida en protesta contra las supuestas acciones ilegales que ejecuta el Gobierno.
La medida fue coordinada entre las organizaciones cívicas y las prefecturas contrarias al Gobierno y anunciada ayer por el Comité Cívico Pro Santa Cruz.
La oposición política también anunció que recurrirá a la justicia y a la comunidad internacional para denunciar las acciones autoritarias del Gobierno y pedir que retorne la democracia al país.
El Congreso aprobó el martes, cerca de la medianoche, la Ley de Renta Dignidad y facultó a la Asamblea Constituyente a sesionar en cualquier punto del país.
Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca cumplieron ayer un paro cívico. Tras la protesta, el presidente del Comité Cívico cruceño, Branko Marinkovic, informó que la entidad resolvió “pasar al estado de resistencia civil movilizada ante el quiebre de la democracia”.
También determinó “declarar una huelga de hambre general indefinida en todo el país a partir del lunes 3 de diciembre” y solicitar a los prefectos de las cinco regiones, junto con el presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, “iniciar misiones de denuncias ante organismos internacionales para revelar la situación de ruptura democrática” que estaría viviendo el país.
En la Prefectura de Tarija se informó que estas acciones fueron coordinadas por todos los prefectos opositores. El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, aclaró que si bien definieron una huelga conjunta, en la capital valluna ésta se realizará después del 3 de diciembre.
En la misma línea, el Comité Interinstitucional de Pando determinó radicalizar sus medidas de presión instruyendo a las organizaciones afiliadas la resistencia y desobediencia civil contra las acciones del Gobierno.
En partes sobresalientes del pronunciamiento, las organizaciones cívicas decidieron desconocer la renta Dignidad, que redistribuye el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), por considerar que es lesiva a los intereses de la región, así como la ley que permite el traslado de la sede de la Constituyente.
Ante esta situación, el jefe de Podemos, Jorge Tuto Quiroga, dijo que recurrirán a la comunidad internacional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Ayer (...) hemos visitado al Nuncio para pedir a la comunidad internacional que manden misiones de observación y vean lo que está sucediendo en el país. Atentar contra medios, linchar animales indefensos, acuartelar la Asamblea, matar en Sucre, cerrar el Congreso de facto, evitar que parlamentarios puedan ingresar al Primer Poder del Estado, es un régimen tiránico y dictatorial, no es democrático”, afirmó el líder de Podemos.
Quiroga dijo que lo primero que pedirán es el retorno de la democracia plena, que hoy está suspendida. Por eso, vamos a pedir el concurso de la comunidad internacional y hacer las denuncias respectivas, añadió.
El secretario general de la Prefectura de Tarija, Mauricio Lea Plaza, dijo que el Gobierno, con su actitud, genera provocación y confrontación entre los bolivianos. Afirmó que no aceptarán la confiscación de sus recursos, por lo que continuarán las movilizaciones de protesta y, además, apelarán a la justicia ordinaria al plantear un recurso directo de nulidad o un amparo constitucional ante el Tribunal.
Paredes alista recurso de inconstitucionalidad
Ante el incumplimiento del Gobierno y el recorte de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el prefecto del departamento de La Paz, José Luis Paredes, anunció ayer que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida, en cuanto esté habilitado el Tribunal.
“Ni bien haya Tribunal Constitucional voy a presentar un recurso de inconstitucionalidad”, afirmó el Prefecto paceño.
Paredes dijo que, actualmente, se vive un momento muy delicado en el país, porque no sólo la Constituyente se encuentra en peligro de muerte, sino la democracia, con la aprobación irregular de la renta Dignidad.
La semana pasada, el Prefecto informó que el Gobierno le comprometió una compensación de recursos para que se ejecuten algunos proyectos de La Paz. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Luis Arce, lo negó.
Ante esta posición, dijo: “Realmente el Gobierno miente con una mayor facilidad y además echa por tierra cualquier compromiso. Creo que he cometido un error yendo a la reunión con el Presidente, cuando fuimos cuatro prefectos, cuando todavía creía en su convocatoria al diálogo, pero había sido una burla, había sido una mentira”.
El presidente Evo Morales llamó ayer nuevamente al diálogo a los prefectos opositores y los convocó a que reflexionen sobre la importancia de apoyar la renta Dignidad para los ancianos.