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Sin que todavía sea muy explícito para el conjunto de la comunidad nacional, es un hecho que los sucesos de la última semana han dado lugar al surgimiento de una nueva realidad política en el país. Se han producido cambios de alcances todavía insospechados como resultado de la arremetida del Gobierno y el accionar incierto de la oposición y de los movimientos cívicos regionales.

El oficialismo impactó con la aprobación en grande de su proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), en la Asamblea Constituyente. Igualmente con la sanción en el Congreso Nacional de la ley de la renta Dignidad y la aprobación de una ley para el traslado de las plenarias de la Constituyente a donde decida el MAS. Como ha ocurrido con otras medidas del Gobierno, la oposición cuestionó dichas acciones, con el argumento de que no son democráticas.

Al margen, la oposición no respondió, de manera equivalente, al oficialismo. Le faltan iniciativas y decisión para contrarrestar el proceder político del Gobierno. Así, resulta pertinente preguntarle sobre lo que está haciendo en los hechos para cumplir su responsabilidad democrática de posibilitar acuerdos. Y habría que preguntarse si aún la protesta ha logrado los resultados que esperaba.

De ser negativa la respuesta, qué otra cosa podría hacerse para que la oposición adquiera mayor protagonismo. Tal vez, lo que le estaría faltando es ser más propositiva, antes de limitarse a ser simplemente contestataria. En cambio, el partido gobernante tiene sus objetivos claros y hacia ellos avanza.

El Gobierno como la oposición deberían sentirse afectados con el paro de ayer en seis departamentos, de los nueve que tiene la República. Ha permitido establecer una brecha en la relación entre los gobernantes, líderes políticos y los regionales. Es decir, hay una disposición para librar duras batallas en defensa de la democracia, de la legalidad y de la legitimidad, cada uno con su argumento. Y eso ha derivado en que Bolivia preocupe una vez más al mundo.

En medio de todo esto, lo que es sumamente grave es que se consolide la división del país en dos frentes que lucen como irreconciliables. Una situación de tales características podría dar lugar a que, en algún momento, los acontecimientos se precipiten a extremos incontenibles. Tal eventualidad es motivo de honda preocupación en todos los niveles de la población, de lo que el Gobierno y la oposición tendrían que hacer conciencia, antes de tener que cargar con la responsabilidad de lo que pueda ocurrir.

Es lamentable que en esta nueva realidad política, los escenarios de diálogo hayan sido afectados, pues no se han aprovechado las señales que se supieron construir en espacios como el Consejo Político para el caso de la Constituyente.

Desde esta tribuna, cabe formular un llamamiento a favor de la pacificación y del esfuerzo que tienen que hacer unos y otros para restablecer la tolerancia y, sobre todo, la convivencia civilizada, democrática. Un paso positivo, en este sentido, podría ser la reintegración de la oposición a las deliberaciones de la Asamblea Constituyente, después del enorme error que cometió al abandonarlas.