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Se suponía que estas personas eran muy sensatas, precisamente por el hecho de que sobrellevan penosas insuficiencias, de las que nadie es responsable como para cobrarle alguna factura. Además, se entendía que reciben cierto apoyo del Estado y de la sociedad para atender sus necesidades.

Si esto no fuera evidente, ciertamente se justificaría la demanda que hacen, pero sin recurrir al uso de medidas tan extremas, como la de bloquear la carretera de mayor tránsito que tiene el país. En lugar de generar conflictos de características tan dramáticas y perjudiciales, lo apropiado sería actuar con mesura, sin causar daños a los demás, en una práctica que ya es, lamentablemente, generalizada y que pierde la capacidad de despertar la sensibilidad del resto de la población.

En el presente caso, la interrupción causada en la carretera, durante cuatro días, habría sido precipitada, de acuerdo con lo informado por Jaime Estívariz, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad. Dijo que en mayo pasado se acordó con el Gobierno realizar en todo el país un censo de estas personas, para convenir las prestaciones sociales que se les otorgaría. El trabajo, empero, no terminó.

Estívariz, en contacto con este diario, “aseguró que la marcha es ilegal, porque todavía se está realizando el censo, con la colaboración del Ministerio de Salud”. Agregó que el censo está destinado a establecer cuántas personas con discapacidad viven en Bolivia. Sobre la base de los resultados del censo se crearía —según este dirigente— un fondo de solidaridad y equidad, destinado inicialmente al financiamiento de viviendas.

Por tanto, resultaría ser precipitado el pedido que hacen los discapacitados para que el Estado les conceda un bono vitalicio anual de 3.000 bolivianos.

Desde otro punto de vista, entre los bolivianos tiende a crecer el rentismo, o sea la obtención de dinero por medio de bonos del Estado. La experiencia se inició con el Bonosol —bono solidario— para los mayores de 65 años de edad, y ahora está secundado por el bono Juancito Pinto, destinado a los escolares de primaria. El Bonosol fue cambiado y ampliado por el Gobierno con el nombre de Bono Dignidad.

Está también en pie la propuesta de un grupo de intelectuales, para que el 30 por ciento de la renta de los hidrocarburos se destine a un bono que favorezca a todos los bolivianos mayores de 18 años. La Fundación Milenio dio comienzo a un debate sobre el tema, con la participación de destacadas personalidades. Sería conveniente que otras organizaciones hagan lo propio, para conocer las ventajas y desventajas que tendría la propuesta. A su vez, sería bueno que el Gobierno haga también estudios y consultas. De esta manera se podrá conocer el anverso y el reverso del rentismo en Bolivia, antes de que otros grupos humanos demanden similar tratamiento. Porque a este paso, todo el mundo creerá que merece un bono.