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El presidente Evo Morales ha decidido proponer al Parlamento que apruebe una ley de respaldo de un referéndum revocatorio, por el que tanto su alta magistratura como el cargo de cada uno de los prefectos sean sometidos a la voluntad popular. De allí saldría un mandato para que cada autoridad se quede o se vaya del puesto que ahora ocupa.

La idea surge en circunstancias —cómo no— difíciles en el país, cuando confluyen al menos dos encrucijadas de distinta naturaleza: el cuestionamiento opositor y regional a la aprobación “en grande” de la nueva Constitución Política del Estado, por haber sido ésta realizada en un cuartel militar, con la única presencia del partido gobernante y otros aliados menores, con la sola lectura de un índice del documento, y de forma simultánea a los graves enfrentamientos en la ciudad de Sucre que terminaron con un saldo de tres muertos.

El otro conflicto, particularmente con las regiones, tiene relación con la aprobación del pago de la denominada renta Dignidad con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de las prefecturas.

Como dato adicional, y probablemente no tan anecdótico como parece, habría que considerar también la visita de cuatro prefectos a la Organización de Estados Americanos y a funcionarios de las Naciones Unidas, para hacer conocer sus quejas por lo que ellos consideran atropellos a la democracia.

En este contexto surge la sorpresiva propuesta presidencial, con la idea, quizás, de neutralizar las protestas nacientes y el enrarecido clima de pre-enfrentamiento que en Bolivia es recurrente y fácil de identificar.

Sin entrar en consideraciones de las condiciones de porcentaje de votación que exigiría tal referéndum, el país debiera discutir si la anunciada consulta resolverá realmente los problemas del país. Y todo parece indicar que no. Porque el problema no es la presencia de Evo Morales en el poder. Finalmente, él fue legítimamente elegido por un período de cinco años; hasta ahora apenas han pasado poco menos de dos años y nadie ha pedido su renuncia. Lo mismo ocurre con los prefectos, con excepción del chuquisaqueño, que se fue, volvió y desapareció.

Además, a juzgar por las encuestas de opinión, probablemente el resultado previsible del referéndum terminaría por ratificar el actual estado de las cosas: el Presidente se quedaría, pero los prefectos también. ¿De qué habrá servido, entonces, la consulta? Lo que lograría, con el movimiento de porcentajes en comparación con los resultados de la última elección, sería seguramente que unos acusen a otros de haber perdido unos puntos de aceptación y otros de haber ganado otros cuantos. Pero, ¿es que está ahí el problema del desencuentro boliviano?

Las autoridades de gobierno y líderes de la oposición y las regiones harían bien en comprender de una vez por todas que en este tiempo no es posible establecer ninguna hegemonía de unos contra otros ni de los otros contra los unos, y que irremediablemente el país está condenado —si vale la expresión— a encontrar fórmulas para posibilitar una convivencia pacífica pese a las diferencias y entre las diferencias.

Día que pasa, esa distancia entre dos grandes bloques se ensancha, y desde ambos bandos se hace supremos esfuerzos por acelerar la brecha. Al único lugar que conduce esta estrategia es a uno de mayor violencia y división. Ojalá que de una vez por todas lo entiendan quienes deben comprenderlo.