Un diálogo para fijar la sede de las últimas sesiones de la Constituyente tendría que ser la oportunidad que los líderes políticos le regalen al país para abrir un espacio al entendimiento. Las mejores soluciones son aquellas en las que ambas partes ganan algo.
El partido de gobierno ha propuesto que la Asamblea Constituyente se realice en la localidad de Lauca Ñ, ubicada en el Chapare cochabambino, donde se concentran las plantaciones excedentarias de la hoja de coca y tiene sus oficinas la federación de cocaleros de la que surgió el actual Presidente de la República.
Los constituyentes de la oposición han anticipado que, en caso de que tal propuesta se concrete, ellos no asistirán a la sesión plenaria en vista de que consideran que el territorio cocalero no ofrece garantías para el libre desplazamiento de quienes no pertenecen a la corriente del partido de gobierno.
La idea del MAS debería ser reconsiderada, en vista de que la aprobación de una constitución para todo el país, en una región donde la actividad económica predominante es ilegal, podría perjudicar la imagen internacional de Bolivia. Porque, en efecto, las plantaciones de coca del Chapare se llaman excedentarias porque sobrepasan el área autorizada por el Estado boliviano. Es decir que son ilegales.
Por respeto al país y por preservar la imagen de Bolivia en el mundo se debería cuidar ese detalle. Hay tantos otros lugares de Bolivia donde podría realizarse la reunión, que no parece acertado insistir en realizarla en el Chapare cocalero.
Para elegir un buen lugar, si es que se ha de descartar el territorio del Chapare, hará falta que se pongan de acuerdo, o por lo menos dialoguen los líderes del oficialismo con los de la oposición. Sería un ejercicio por el cual todos los ciudadanos bolivianos estarían muy agradecidos.
El diálogo que se abra podría comenzar por fijar las bases para un entendimiento que beneficie al país. El acuerdo podría empezar por la decisión de ambas partes de que no se puede realizar una sesión plenaria en lugares o en circunstancias que no garanticen la presencia de todos los asambleístas.
El teatro Gran Mariscal de Ayacucho de Sucre no daba garantías a asambleístas del gobierno, pero el liceo militar Edmundo Andrade de esa misma ciudad ciertamente no dio garantías a los opositores. Del mismo modo, un Congreso Nacional sitiado por simpatizantes del MAS no era el lugar para que se reúna el Parlamento y decida cosas tan importantes.
Que las partes admitan estas falencias sería un comienzo de entendimiento, que permitiría llegar a otros acuerdos, mucho más importantes, que se refieran al texto de la constitución que ha de guiar la vida de los bolivianos en los próximos años, hasta que sea cambiada por otra, si es que se diera el caso y fuera necesario. Seguir por el actual camino, en que el oficialismo quiere imponer sus criterios y la oposición los suyos, sólo hace vislumbrar el enfrentamiento. Y el enfrentamiento es lo que los bolivianos no desean.
Un diálogo que tenga como propósito fijar la sede de las últimas sesiones de la Constituyente tendría que ser la oportunidad que los líderes políticos le regalen al país para abrir un espacio al entendimiento. Las mejores soluciones son aquellas en las que ambas partes ganan algo. Para llegar a eso es imprescindible dialogar. Bolivia va a sobrevivir, como sobrevivió a muchas tormentas. Pero condenará, como lo hizo muchas veces, a los políticos que hayan apostado a destruirla.