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Sin decir que el Gobierno esté mintiendo, la enseñanza de la fábula aparece muy oportuna, pues desde el Presidente hasta sus colaboradores parecen haberse acostumbrado a hacer sonar alarmas sin presentar pruebas que permitan a la ciudadanía tomarlas en serio y actuar en consecuencia.

Lo último que acaba de decir el presidente Evo Morales, en una entrevista con la cadena Telesur, es que los muertos de Sucre son responsabilidad de la Embajada de Estados Unidos. El Primer Mandatario ha acusado a la representación diplomática de liderar la conspiración contra su gobierno.

Como prueba ha vuelto a mencionar la fotografía del embajador estadounidense Philip Goldberg posando junto a un presunto delincuente colombiano. Y nada más, mientras el tema de la foto se desinfla, una vez más, por falta de respaldo.

Hay que deducir que el Presidente de los bolivianos sabe que cuanto dice no es simple anécdota, sino algo que va a trascender y va a afectar al país. Y lo que se espera de la primera autoridad de la nación, es responsabilidad. No es posible que a cada paso difícil, por cada problema, se busque chivos expiatorios. Si no lo son, y ante la gravedad de las sindicaciones, lo que cabe es investigar y sólo entonces alertar a nivel público. No al revés.

Otro caso, protagonizado por el vocero del Palacio de Gobierno, Álex Contreras, pero también por Evo Morales, tiene que ver con la Prefectura de Pando. El miércoles, luego de los hechos de violencia registrados en Cobija, un funcionario de la entidad regional habría pedido un mínimo de cuatro muertos. Si así es, hay que comprobarlo y sancionar con rigor a los implicados en semejante trama, pues no es posible que se juegue con la vida de los bolivianos sólo para ganar una partida política.

Sentada esa prioridad, una vez más preocupa la ligereza para sentar denuncia sin el respaldo correspondiente. El Gobierno afirma conocer sobre una llamada telefónica con el tenor descrito. Pues a mostrarla, a elevarla ante la Justicia y seguir todos los pasos que correspondan.

A propósito, ya en otra consideración, ¿cómo ha sabido el Gobierno del tenor de esa llamada?, ¿no estará poniendo en práctica el ilegal sistema de escucha o de espionaje? Porque ni Contreras ni el viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, han aclarado nada al respecto. Se han limitado a decir que tienen el nombre del funcionario prefectural y que la Policía investiga.

A este tipo de sospechas se exponen el Presidente y los funcionarios que le rodean por la forma apresurada y ligera con que manejan las denuncias. De nada va a ayudar a crear un clima de confianza, de diálogo, de concertación y de todo lo bueno que se está esperando en estos momentos de crisis, si se atiza con acusaciones que —siendo muy graves y afectando a personalidades e instituciones— parecen simples chismes.