• RUMBO A LA PLAZA MURILLO • Cocaleros y campesinos llegaron a La Paz para garantizar la aprobación de la renta Dignidad. Lograron eso, además del traslado de la Constituyente.

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Bolivia camina sin brújula, como muestran los hechos que La Razón recopila en este especial.

Y si no vuelve al cauce del Estado de Derecho, el enfrentamiento será mayor, pronostican los analistas Ricardo Paz y Reymi Ferreira, quienes además descartan escenarios que pudieran llevar a una guerra civil o a la división del territorio.

La situación de permanente confrontación entre los intereses del Gobierno y de las regiones opositoras dejaron a los ciudadanos sin saber a qué atenerse.

Por un lado, el oficialismo transgrede las normas para aprobar su Constitución Política del Estado y, por otro, los autonomistas preparan los estatutos de sus regiones porque desconocen el texto oficialista.

Esos son apenas dos ejemplos de que las leyes ya no se respetan y de que los grupos políticos se sienten en la libertad de violarlas. Pero, lo que es peor, esta situación empieza a reflejarse en la vida diaria. La gente ya no cree en las leyes, en la justicia, ni en la Policía, por lo que tiende a hacer justicia por mano propia.

Precisamente cuando los jugadores empiezan a violar las reglas, el árbitro, en este caso la justicia boliviana, está inhabilitado y fuera del campo.

Los miembros del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema permanecen acosados por juicios, mientras que los niveles intermedios de la justicia empiezan a alinearse políticamente con uno y otro bando.

Las política salió de los hemiciclos y de las oficinas públicas. Ahora se hace en la calle.

Los grupos enfrentados usan a los sectores para cercar, presionar y hacer huelga de hambre.

Las fuerzas del orden, lejos de la independencia, se alinearon al proyecto del Gobierno y a la hora de preservar el orden miden a los actores con varas diferentes.

El analista político Ricardo Paz dice que este estado de cosas es “una diáspora social” y que “del Estado de Derecho hemos pasado casi al estado de naturaleza. El más fuerte, el que tiene la mayor capacidad de presión, es el que toma las decisiones”.

Para Reymi Ferreira “hay un vaciamiento institucional porque todos los órganos llamados a garantizar la legalidad están sin legitimidad”. Dice que “se está imponiendo, ante el quiebre institucional democrático, la democracia de la calle”.

Ferreira cree que este desgaste de las instituciones es alentado por el Gobierno porque planea suplantar el actual “por un nuevo orden jurídico”.

Frente a esta situación, lo único que queda es “retornar al Estado de Derecho”, señala Ricardo Paz, quien considera que, ante el fracaso de la Asamblea Constituyente, hay que buscar los mecanismos, “sino sucumbiremos a la resolución del conflicto mediante la violencia”.

Ferreira indica que, en adelante, “cada vez se hace más frecuente la acción directa, la justicia por mano propia”.

El analista cree que “se va a profundizar esto y va a llegar a un enfrentamiento grave”.

A estas alturas de la confrontación ya es tema de charla cotidiana en los cafés, en los círculos sociales y familiares la posibilidad de una guerra civil e incluso la separación del país.

¿Es eso posible?, se les pregunta a Paz y a Ferreira, quienes responden con un rotundo no.

Paz dice que las condiciones para una guerra civil radican en la existencia de dos fuerzas armadas equivalentes y una condición subjetiva que es un deseo de la gente por enfrentarse.

Ninguna de esas condiciones está dada en Bolivia, aclara.

Ferreira comenta que la existencia de grupos irregulares armados, además del fraccionamiento de las Fuerzas Armadas, son requisitos para ir a una contienda bélica, pero que en Bolivia estamos lejos de eso.

Considera que habrá situaciones de caos como la de octubre en La Paz, enero en Cochabamba o noviembre en Sucre.

¿Y la división del país es al menos imaginable? Tampoco.

“Es un fantasma alentado por el Gobierno, ya Carlos Mesa había alentado ese fantasma. Es un elemento discursivo demagógico”, responde Ferreira.

Considera que es imposible pensar siquiera en esa posibilidad por los siguientes motivos.

Cultural y socialmente es imposible porque en Santa Cruz el 60% de los habitantes son del interior del país. Económicamente sería como un suicidio para los empresarios cruceños porque su principal mercado es La Paz. Y, geopolíticamente, una desmembración crearía más problemas entre los vecinos. “A ningún país le interesaría, podría generar un desequilibrio muy grande”.

Diálogo sin interlocutor

Ante la situación de tensión y de atrincheramiento de los sectores enfrentados los pedidos de diálogo sólo reciben respuestas verbales, pero no acciones que permitan el encuentro y resuelvan como en el pasado.

Pese a los esfuerzos del Defensor del Pueblo y de la Iglesia Católica, las partes no atienden las invitaciones y continúan en su proyecto particular.

El defensor Waldo Albarracín considera que esa actitud permitirá a las partes llegar con mayores elementos para concertar, unos con su propuesta de Constitución y otros con su estatuto autonómico. El desafío es convertir el interés particular en nacional.

Ante la ausencia de un encuentro para hallar una senda común, la Conferencia Episcopal advierte que “la violencia engendra violencia” y teme que el conflicto se resuelva en ese ámbito. El Defensor asegura que el diálogo, que en estos momentos no es tomado en cuenta, “será inevitable porque aunque cada sector avance con su proyecto particular, necesitará el aval del otro para aplicarlo, pero hay que trabajarlo”.

Ejemplos del caos institucional

Leyes • La CPE ya no se respeta. Para los cambios requeridos se redacta una ley interpretativa de la Carta Magna y está resuelto.

Asamblea • Rompió las normas. Raúl Prada (MAS) dijo en ATB que aprobar una Constitución es un hecho político y no jurídico.

Congreso • Como no hay acuerdos, el oficialismo sesiona con dos parlamentarios suplentes que rompieron con su partidos.

Fuerzas del orden • La Policía deja ingresar a la plaza Murillo a los manifestantes afines al Gobierno, a los otros los reprime.

Justicia • Si el fallo es favorable, el Gobierno u otras personas lo aceptan, sino descalifican a los tribunales por su politización.

Diálogo • Se usa para aparentar que se está interesado en la paz, pero a la hora de la verdad nadie crea condiciones para conversar.