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El fin de semana reciente pasa a la historia del país como uno de los momentos que ni en las peores pesadillas se hubiesen imaginado quienes forjaron la patria: Bolivia está nítidamente dividida. Las autoridades de cuatro regiones —Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija— han presentado sus estatutos autonómicos en contra de lo que dispone la Constitución Política del Estado todavía vigente.

Visto desde este último argumento, se podría decir que dada la ilegalidad de la medida, ésta carece de validez y trascendencia. Se podría esperar que impere la ley para evitar lo que parece un camino hacia la fragmentación.

Sin embargo, los prefectos de los cuatro departamentos apelan, frente al argumento legal, al de la legalidad que se sustentaría en el respaldo de miles de habitantes, sobre todo en el caso de Santa Cruz, que no se puede simplemente ignorar. Hay un respaldo de la población —no toda, con seguridad— que le da peso a ese clamor de autonomía.

¿Qué ha pasado para llegar a este extremo? Entre otras causas, hay que remirar el camino recorrido por el país desde el día en que se votó por la autonomía —con las mismas cuatro regiones diciendo Sí—, hasta hoy que la decisión se toma de facto. En medio surgen varios responsables que tendrán que responder ante el país por lo que suceda de grave en adelante.

Por una parte, está el Gobierno nacional que no supo hacer suya, desde un principio, la idea de la descentralización, de manera que se discuta ampliamente en todo el país. Si bien en La Paz, por ejemplo, ganó el No, hubo mucha gente que se mostró dispuesta a apostar por la autonomía. Y así pasó en muchos puntos del país.

Lo lamentable es que casi siempre se manejó un concepto abstracto, sin que quede claro de qué autonomía se estaba hablando. Y el Gobierno siguió adelante sin aclararlo y sin escuchar lo que de manera sostenida se exigía desde la llamada “media luna”.

Una oportunidad para el debate se abrió en la Asamblea Constituyente. Pero no hubo caso. Ni oficialismo ni oposición —por sus posiciones igualmente de intransigentes— supieron conducir lo que amenazaba, desde sus inicios, con ser un torrente que iría creciendo hasta desbocarse si no se le encauzaba.

Los departamentos que han trabajado sus estatutos muestran lo que para sus autoridades es autonomía. ¿Sabrán, quienes respaldan estas medidas (tierras, impuestos), lo que implican realmente y cómo van a afectar a los habitantes del país? Porque, que se sepa, Bolivia como una realidad integrada, debe prevalecer por encima de estos estatutos. Es decir, lo que se decida en cada región va a afectar a todo el país.

El oficialismo, a su vez, tiene un proyecto de Constitución que se ha aprobado de manera irregular, donde el tema autonomías —neurálgico, como se ve— no se ha discutido como pedía una buena parte de los bolivianos. Al final, ¿sabe la población de lo que se tratan las autonomías que se buscará convalidar en el referéndum para aprobar la nueva Ley de Leyes?

Y aquí estamos, con la incertidumbre frente a lo que pueda pasar y a la espera de que no sea lo peor. Por ahora, la pausa del fin de año parece haber calmado los ánimos. Pero el 2008 está a la vuelta y habrá que asumir lo que se viene en un país que se muestra dividido.