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Los indicadores de la economía, en efecto, muestran que el país quedó rezagado en la tabla del crecimiento de la región, con una tasa de apenas 3,8% frente a un promedio regional de 5,6%. La tasa boliviana fue de un tercio de la que tuvo Panamá, de 9,5%. El bajo crecimiento de la economía boliviana fue reflejo de la escasa inversión, según los entendidos. La tasa de inversión interna respecto del PIB es de 12%, en un continente donde esa relación tiene un promedio superior a 20%. Y la inversión extranjera fue escasa, incluso en el sector petrolero, el generador de los mayores ingresos por exportaciones.

Este comportamiento de las inversiones parece indicar que las etapas de transformaciones políticas radicales ahuyentan al capital. La estabilidad política, la permanencia de las reglas de juego y la existencia de instituciones seguras, en cambio, dan mucha confianza a los inversionistas.

En efecto, mientras el gobierno nacional definía las nuevas condiciones para el trabajo de las petroleras, otros países estaban recibiendo inversiones muy importantes. Es el caso de Perú, que ha atraído a empresas petroleras a tal punto que ha podido incrementar las reservas para poder comprometer exportaciones de gas a Estados Unidos y México, mientras asegura la provisión del mercado interno.

Mientras tanto, Bolivia ahuyentó a las inversiones y las consecuencias se vieron de inmediato, con la reducción de las exportaciones y la falta de gas para el consumo interno. Es que la producción se estancó, frente a compromisos de exportación programados para ir en aumento y un consumo interno en acelerado crecimiento.

Del mismo modo, Bolivia se apartó de las ventajas de uno de los años más espectaculares para la industria minera. La demora en la aprobación del nuevo régimen tributario minero impidió que el país se beneficie de las millonarias corrientes de inversión provocadas por los altos precios de los minerales en el mercado mundial. La definición del nuevo régimen tributario minero todavía no ha terminado y eso es lo que desalienta la llegada de inversiones.

Con el sector petrolero y el minero afectados por la incertidumbre, el agro fue dañado por las dudas que sembró el Gobierno sobre la política acerca de la propiedad de la tierra. A eso se sumó la falta de combustibles para el trabajo agrícola y el transporte. En el sector manufacturero, la parálisis se debió a las dudas del Ejecutivo sobre el futuro del ATPDEA, a su renuencia a suscribir un TLC con Estados Unidos y a una política errática sobre los esquemas de integración.

Habrá que esperar que todas estas dudas se acaben pronto y el país comience a recuperar el tiempo perdido. Un mayor crecimiento de la economía permitirá crear nuevos empleos, aumentará las exportaciones y los ingresos del país, y la pobreza se reducirá paulatinamente. Para que ello ocurra, la política deberá dar un respiro a la economía.