• FESTEJO EN ORURO • La aprobación del texto constitucional fue uno de muchos factores que contribuyeron a la polarización en el país. Una parte de los bolivianos rechaza este documento.

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Esta es una evaluación de analistas y políticos, quienes identificaron el segundo año de Morales como un periodo de afianzamiento y radicalización de las posiciones contrapuestas que existen en el país respecto al modelo de Estado que debe regir.

Para el analista Fernando Mayorga, por ejemplo, se consolidó el distanciamiento entre los prefectos de la llamada media luna y el Gobierno, aunque a partir de una oposición coyuntural y articulada por las autonomías.

Estas mismas regiones presionaron en favor de los 2/3 de voto en la Constituyente, el traslado de los poderes a Sucre y contra el recorte del IDH, dejando a la oposición política en segundo plano, lo que según los expertos no implica que se produzca un proceso de sustitución.

La presión obligó al oficialismo a pactar en el caso de los 2/3, pero las pugnas persistieron por autonomías, capitalidad e IDH, llegando al punto de que el Gobierno promueva un referéndum revocatorio de mandato para que los bolivianos decidan con sus votos entre el proyecto oficialista o el que se promueve desde las regiones autonomistas.

La oposición político-partidaria quedó opacada con este surgimiento, aunque el senador de Podemos Luis Vásquez asegura que las fuerzas políticas “no serán reemplazadas”.

El cívico cruceño Roberto Gutiérrez coincidió en que “la oposición regional es institucional, sin afanes de tipo político”.

A esta polarización se sumaron los movimientos sociales, que se convirtieron en actores de defensa del Gobierno. En opinión del vicepresidente del foro, Roberto Aguilar, “la Constituyente visibilizó los conflictos”.

Cada sector social, regional y el propio Gobierno jugaron sus cartas y finalmente el texto constitucional fue aprobado en Oruro, cuando el enfrentamiento llegó al extremo de cobrar tres vidas y cerca de 200 heridos en Sucre. Los efectos continúan y las autoridades del Gobierno no son bien recibidas en Chuquisaca, como ya ocurría en Santa Cruz.

El Congreso no se salvó de esta línea de acción. El diputado de UN, Arturo Murillo, dijo que “llegan proyectos de ley con órdenes de aprobarlos, sí o sí, y se usa asquerosamente el rodillo parlamentario”, lo que en su criterio agudizó la polarización.

En el otro frente, el diputado del MAS César Navarro acusó a la oposición “de carecer de un proyecto alternativo”, lo que en su criterio le llevó a bloquear todas las iniciativas oficialistas.

Otra muestra de la división en este segundo año se tradujo en la presión ejercida desde diferentes frentes. Los chuquisaqueños por la capitalidad, los paceños por la sede de los poderes, los cruceños, tarijeños, pandinos y benianos por las autonomías, y los sectores sociales en favor del Gobierno.

Para el vocero de Palacio, Álex Contreras, no hay una línea de imposición desde el Gobierno o el MAS, y dijo que tampoco observó actitudes de imposición desde las regiones, sino “acciones inconstitucionales para perjudicar el proceso democrático en curso”.

Además, según el analista Carlos Cordero, “la actual administración no está al margen de la lógica de todos los gobernantes, de reproducirse en el poder”, otro asunto que divide a los bolivianos. El senador Wálter Guiteras, de Podemos, dijo que esto se ve en el aparato propagandístico del Gobierno. “No estamos en campaña”, respondió Contreras.