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Tanto el Gobierno como otras autoridades políticas regionales, además de entidades cívicas y la propia ciudadanía, han propuesto que en el transcurso de este año se realicen al menos cuatro tipos de referendos, para llevar a consulta temas extremadamente sensibles de la coyuntura.

El primero de ellos, el referéndum revocatorio, fue planteado por el presidente Evo Morales, para que la ciudadanía decida, a través del voto, si el Primer Mandatario, el Vicepresidente y los prefectos continúan o no en sus cargos. El Ejecutivo incluso sugirió este mecanismo como una salida a la crisis política que vive el país, en caso de que el diálogo fracasara.

El segundo sería el llamado dirimidor, mediante el cual se pretende consultar a la ciudadanía cuál debe ser la máxima extensión de una propiedad privada: 5 ó 10 mil hectáreas de terreno. Cualquiera que sea el resultado, éste se incorporará al proyecto de Constitución aprobado en Oruro y cumplido este requisito se daría paso a la tercera consulta, el referéndum Constituyente, para aceptar o rechazar el texto oficial propuesto por la Asamblea. De ser aprobado, se convocará a elecciones generales, en las que Evo Morales puede postularse para un nuevo mandato; en el supuesto que el texto sea rebatido, el proyecto de Carta Magna quedaría desechado.

Finalmente, cuatro regiones se movilizaron en demanda de referendos para que la población apruebe o refute los estatutos que pretenden aplicar para la vigencia del régimen autonómico. Con ese fin, reunieron firmas de apoyo, cuya veracidad debía ser verificada por las Cortes Departamentales Electorales. La de Santa Cruz había iniciado ese proceso la semana pasada, pero la Corte Nacional Electoral (CNE) ordenó suspender esa labor.

El ex presidente de la CNE, Salvador Romero, advirtió que este año sólo podrían realizarse dos referendos, por cuestiones técnicas y de tiempo. Al haberse cumplido cuatro años de su gestión como representante del Mandatario ante el órgano electoral, Romero fue reemplazado por José Luis Exeni hace dos semanas, y tras asumir el mando destituyó a tres altos funcionarios administrativos, uno de ellos con más de una década de antigüedad y de vasta experiencia en informática. La decisión dio lugar a que en la oposición surjan presunciones acerca de su imparcialidad política.

Exeni generó también algunas otras observaciones luego de que el 17 de este mes ordenó a las Cortes Departamentales detener la revisión de los libros de firmas, argumentando que este proceso no cuenta con respaldo legal y que tanto el Congreso Nacional como el Tribunal Constitucional, que está cesado en sus funciones, deberían pronunciarse al respecto. No obstante, cuatro días más tarde, anuló la medida e informó oficialmente que las Cortes Departamentales sí tienen la facultad de verificar las firmas y que estos procesos se reencauzaron.

La decisión inicial y el posterior cambio de actitud de Exeni no sólo generaron confusión en los órganos departamentales y en la población, sino que dejan una sensación de zozobra e incertidumbre acerca de las acciones que tomará en adelante el máximo órgano electoral, que —como en el pasado— debe marcar la línea institucional de la transparencia e imparcialidad que requiere la democracia boliviana.