La Mano Negra era una organización anarquista de carácter secreto y violento a la cual se le atribuyeron varios atentados terroristas en Andalucía (España) por el año 1880. Hoy en día se cree que fue un invento de las oligarquías de esa región, para contrarrestar la tensión social motivada por sindicatos agrarios de corte anarquista.
Al leer el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) se tiene la impresión que otra Mano Negra ha operado en los círculos de los redactores de ese texto, tal vez infiltrados por la oligarquía y las transnacionales, para dañar la imagen del Gobierno y de su líder. No discutiré las motivaciones de esa asociación secreta ni investigaré su composición u origen; tan sólo me limitaré a poner en evidencia algunos actos de terror jurídico que la Mano Negra ha perpetrado en el texto aprobado en Oruro, contaminando así todo lo bueno que contiene ese texto.
El inciso 7 del art. 235 restringe el ejercicio de la función pública a los ciudadanos que hablan dos idiomas nacionales. Este requisito tiene la clara finalidad de impedir la reelección de don Evo Morales y don Álvaro García a las más altas magistraturas del Estado, ya que, como se sabe, ninguno de ellos habla un idioma nativo, al igual que la mayoría de los bolivianos.
La ambigüedad de la definición del delito de “traición a la patria”, en el caso de enajenación de la propiedad de los Recursos Naturales, hace a las autoridades de YPFB y otras instituciones pasibles a la pena capital por vender esa propiedad a privados o aplicar el art.351 inciso IV, el cual manda a las empresas pagar regalías e impuestos como si ellas, y no el Estado, fueran los dueños.
En el área de los hidrocarburos es evidente la intención de la nueva CPE de torpedear a los nuevos contratos y sus incipientes inversiones, toda vez que tanto el capítulo pertinente como la Disposición Transitoria Octava obligan a su adecuación al nuevo ordenamiento jurídico.
Sospecho que el art. 408, que prohíbe la producción, importación y comercialización de los organismos transgénicos (OGM), ha sido puesto para hacer quedar en ridículo al Gobierno en un tema que la ciencia aún no ha dilucidado. En este caso, la Mano Negra tiene el disfraz de oenegés antiglobalización.
Además, en momentos en que el Gobierno nacional intenta hacer el “sana sana” con empresas multinacionales, debido al hambre de inversiones que sufre el país, la Mano Negra coloca el art. 351 inciso II que obliga a reinvertir en el país las utilidades obtenidas de los recursos naturales, espantando hasta a las locuaces empresas bolivarianas.
Más grave aún es el atentado a la política de descolonización que significa la reintroducción solapada de la legislación de Carlos II, mejor conocida como Leyes de las Indias, las cuales dividieron la población en dos categorías de ciudadanos: indios e hidalgos. Así Bolivia avanza… hacia el siglo XVII.
Acá me quedo, no sin antes invitar a mis 25 lectores a contribuir a la patriótica tarea de hallar otras pruebas del complot de la Mano Negra Constituyente y evitar así que se frene la política de cambio y descolonización del actual Gobierno.
*Francesco Zaratti es físico.
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