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Ex presidente Mesa hace una precisión
De: Carlos D. Mesa Gisbert
Ex Presidente de la República
Para: Director de La Razón

Desde hace algunos meses el Gobierno nacional, a través del presidente Evo Morales, el ministro Juan R. Quintana y el viceministro Milton Melgar, viene afirmando que en 1996 el entonces presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), José Saavedra Banzer, y yo comprometimos ante la FIFA la construcción de un estadio en La Paz por debajo de los 3.000 metros de altura a cambio de la autorización que dio la FIFA para jugar partidos internacionales de selección en el estadio Hernando Siles.

Ante estas afirmaciones que faltan flagrantemente a la verdad, me veo obligado a precisar lo siguiente:

1. En 1996 la FBF conformó una Comisión de Defensa de la Altura (con carácter ad honorem) integrada por las siguientes personas: presidente, José Saavedra Banzer; presidente de la FBF, Guido Áñez; presidente de la Liga, Romer Osuna; tesorero de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Guido Loayza; Mario Paz Zamora, Alfonso ´Toto´ Arévalo y Carlos D. Mesa Gisbert.

2. Ninguno de los miembros de la citada comisión sostuvo reunión oficial alguna con dirigentes de la FIFA o de la Conmebol. Las reuniones formales las sostuvo el presidente de la FBF, José Saavedra Banzer.

3. El presidente de la FBF no firmó compromiso alguno sobre la eventual construcción de un nuevo estadio en La Paz. Las afirmaciones en contrario de Julio Grondona, vicepresidente de la FIFA, carecen de respaldo escrito alguno. En lo que a mí concierne, la palabra de José Saavedra Banzer me merece plena fe.

Tanto en 1996 como el 2000, bajo la presidencia de Sergio Asbún, Bolivia logró evitar con éxito el veto a la altura. Es necesario mantener la guardia alta y continuar una batalla difícil frente a adversarios poderosos, sobre la base de la unidad de todos.

Sería de agradecer que el Presidente y sus subalternos cesen de referirse al señor Saavedra y a mí como si hubiésemos sido los únicos miembros de una comisión integrada por destacadas personalidades nacionales, pero sobre todo que se ocupen de sumar y no de restar. De darle fe a sus compatriotas y no a los enemigos de la defensa de la altura y, finalmente, aceptar el apoyo de quienes se los ofrecemos desinteresadamente y sin afán alguno de figuración personal.

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted con mis mayores consideraciones.

Del Superintendente de Transportes
De: Wilson Jaime Villarroel Montaño
Superintendente de Transportes a.i.
Para: Director de La Razón

El día 20 de enero del 2008, La Razón publicó, en la sección El Tobogán, el baja titulado “Wilson Villarroel - No se cumplen las normas que definió. La Superintendencia de Transportes, que conduce Villarroel, emitió una resolución para mejorar los niveles de seguridad en las carreteras, pero ésta no es respetada por los transportistas”.

Ante dicha afirmación, que relaciona la responsabilidad de la Superintendencia de Transportes con los accidentes ocurridos la pasada semana en la vía a Copacabana, con el lamentable saldo de 29 personas fallecidas y 30 heridos, me permito las siguientes puntualizaciones:

1. A la fecha, el control del transporte interprovincial se encuentra bajo tuición del Viceministerio de Transportes y no así de la Superintendencia de Transportes.

2. Esta entidad reguladora no aprobó ninguna resolución referida a la seguridad en las carreteras, por no ser su atribución. La última norma aprobada sobre el sector del transporte terrestre es la referida al Reglamento para el Servicio de Transporte Automotor Público Terrestre Interdepartamental, del 18 de diciembre del 2007, que establece los derechos y obligaciones de pasajeros, usuarios y operadores.

3. La Superintendencia de Transportes reitera la posición de que la aprobación de una Ley General de Transportes ordenará y normará a todo el sector del transporte con la participación y responsabilidad de todas las entidades del área.

Por lo expuesto, solicito a usted disponer que esta aclaración sea publicada en su distinguido medio, en la misma sección y/o similar espacio de la nota referida.

Sobre el diferendo marítimo con Chile
De: Abog. Víctor Hugo Chávez Serrano
CI 3398349 LP
Para: Director de La Razón

Como es de conocimiento, la República del Perú ha decidido la Demanda de Demarcación de Límites Marinos contra la República de Chile ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, debido a las infructuosas negociaciones que por mucho tiempo tuvieron ambas naciones.

En el caso boliviano, pese a haber presentado nuestras personas el Proyecto de Demanda Marítima ante todas las gestiones gubernamentales desde el año 1999, y en especial el mismo proyecto, el 20 de octubre del 2004 al cumplirse los 100 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre las Repúblicas de Bolivia y Chile de 1904, ninguno de los presidentes y sus respectivos cancilleres ha tenido a bien definir esta línea de acción pese a que así lo define el Protocolo de sustitución de Árbitro de 1907, modificatorio del Art. XII del Tratado de 1904.

El actual Gobierno conoce el tema y ha emitido oficios y resoluciones por las que hasta el 5 de enero del 2007 consideraba no oportuno el interponer la demanda contra Chile ante la Corte de La Haya y proseguir una “Cultura de Diálogo de los Pueblos”, que obviamente es rechazada por el Mapocho, que se niega a negociar este tema, por lo que lo único que resta a nuestras autoridades es interponer la demanda en los marcos jurídicos que hemos presentado y que naturalmente pueden ser modificados por un equipo técnico a ser conformado.

Resulta una irresponsabilidad descomunal el hecho de que la Cancillería boliviana, a cargo del ministro Choquehuanca, no se pronuncie oficialmente sobre la demanda interpuesta por Perú, por lo que mediante oficio del 18 de enero del año en curso he exigido al Gobierno boliviano interponga esta demanda; empero, como se colige de los antecedentes, la Cancillería boliviana no tiene la predisposición para interponer la demanda, lo cual en el futuro puede repercutir como una causa de juicio de responsabilidades por omisión de funciones e incumplimiento de deberes en el ejercicio de la función pública.

Defensa del fútbol en la altura
De: WÁlter Mercado Betancourt
CI 241903 LP
Para: Director de La Razón

El famoso veto a la altura tiene su origen en una reunión que se efectuó entre algunos países a los creíamos ser hermanos en el deporte: Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Venezuela y Perú. Estos siete hermanos nos clavaron el puñal por la espalda, a traición.

En mi condición de ex futbolista profesional y ante todo un ciudadano boliviano, mis sentimientos deportivos hicieron que de inmediato escribiera un artículo en un órgano de prensa, llamando la atención a nuestras autoridades para que se efectúe una investigación al respecto y el reclamo a la FIFA, en vista de que a mi parecer los motivos para dicha reunión y sacar a flote el famoso veto fue porque Argentina, en ese entonces, estaba muy dolida.

Vieron que el representativo boliviano avanzaba a pasos gigantescos y ganaba al once argentino por dos tantos a cero, e igual pasó con otros equipos extranjeros. Cuando los contrarios nos propinaban sendas palizas en nuestra cancha y en la misma altura a la que hoy le temen, no decían nada. Hoy los bolivianos jugamos de igual a igual.

Sería bueno que se consulte a los señores Blatter, Grondona, etc. si saben de algún deportista que haya muerto en la altura, especialmente futbolista, y cuántos fallecen en el llano.

Para terminar, señor Director, solicito al señor presidente de la República, Evo Morales, ordenar al canciller Choquehuanca llamar la atención a nuestros embajadores y cónsules por la ignorancia demostrada en este tema tan delicado y perjudicial contra nuestra patria. Nuestro cuerpo diplomático deberá solicitar algunos datos al Canciller y de esta forma defender la altura ante todo el mundo.

Excesos en la inscripción escolar
De: Guillermo M. Mendoza Avilés
Presidente de la Comisión de Política Social, Cámara de Diputados
Para: Director de La Razón

Muchos padres de familia que acudieron a las unidades educativas particulares para inscribir a sus hijos se apersonaron ante las oficinas de la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados, expresando su reclamo, molestia y descontento, ya que, según mencionaron, en algunos colegios particulares se está procediendo a exigir documentos que validen el estado civil de los padres, certificados de bautizo de los niños (as), certificado de confirmación, certificación del presidente de la junta de vecinos y otros; asimismo, algunas unidades educativas estarían procediendo al cobro ilegal de matrículas de inscripción, aporte voluntario para el colegio o aporte voluntario para la junta escolar, y otras están tomando exámenes de ingreso.

Estas actitudes de discriminación contra los niños, niñas y adolescentes, que restringen la libertad de acceder a la educación, fueron prohibidas por el Ministerio de Educación y el Seduca de La Paz, de acuerdo a los requisitos y normas para la inscripción que establecieron para la presente gestión. La Comisión de Política Social exigirá a las autoridades del sector el cumplimiento de la norma establecida, así también está presta a seguir recibiendo denuncias de esta índole, que atentan contra el derecho a la educación.