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El presidente Evo Morales Ayma volvió a mostrar su interés en cambiar las reglas y las leyes que norman el trabajo de los medios de comunicación y de los profesionales del periodismo. Esta vez lo hizo en su mensaje-informe de los dos primeros años de su gestión.

Aunque —en lo que va de su gobierno— los funcionarios de su administración han tenido que dar varias explicaciones a anteriores alusiones del Mandatario y de otras autoridades, el tema volvió a plantearse en el mensaje presidencial.

El caso no es nuevo, ni se relaciona únicamente con Bolivia. Desde que existe la libertad de expresión y desde que existe el periodismo, han habido autoridades que quisieron limitar el derecho a informar y el derecho a ser informado.

El Mandatario boliviano se molesta con algunas críticas del periodismo. Pero antes de mirar el trabajo de la prensa y atribuirle la culpa de todo, quizá tuviera que tomar en cuenta los hechos en general y aquellos que le atañen directamente.

Por ejemplo, en el discurso que dirigió a la nación el martes 22 de enero era imposible que los periodistas no advirtieran que quienes tuvieron a su cargo organizar los papeles que contenían su alocución, no cumplieron con su obligación. Resultó demasiado evidente que los informes de los ministerios fueron añadidos apresuradamente al texto del mensaje, por funcionarios que debían sistematizar esos documentos, hacer resúmenes y facilitar el trabajo del gobernante.

El hecho de que el periodismo refleje debilidades como esa, no es una falla de esta profesión, sino su obligación. Cuando el Jefe de Estado habla está en juego la majestad del Estado boliviano. Y el periodismo, aquí, como en cualquier otro punto del planeta, que mira con los ojos de la ciudadanía, tiene la obligación de observar y reflejar los hechos, la realidad.

Los impulsos del gobierno de Morales por restringir la libertad de expresión y limitar la Ley de Imprenta son ya demasiado frecuentes. En esta última ocasión, el Primer Mandatario fue respondido por el propio senador del MAS Antonio Peredo, quien dijo, como periodista, que si a él le dieran a elegir entre revelar la fuente de sus informaciones o ir a la cárcel, optaría por lo segundo, sin pensarlo dos veces. Y eso es lo que piensan todos los periodistas del mundo respecto a revelar o no sus fuentes de información.

Que el Presidente toque el tema muestra que no ha consultado, ni siquiera, con su Vocero Presidencial, quien al haber ejercido el periodismo, podría haberle aconsejado. Y el consejo no hubiera podido ser otro que decirle que no toque el asunto de la revelación de las fuentes, porque se enfrenta ante el principio que con más celo cuidan los periodistas del mundo.

Sugerencias similares podrían recibir los grupos afines al partido en función de Gobierno para que los activistas que se dedican, ya con demasiada frecuencia, a hostigar al periodismo detengan estas actitudes. Los profesionales de los medios están recibiendo críticas, e incluso golpes y agresiones, de parte de esa gente que se mimetiza en las organizaciones sociales.

Es probable que el plan consista en amedrentar a los periodistas y a los medios. Quizá sea bueno que el Ejecutivo sepa que los trabajadores de la prensa y medios son herederos de una muy rica tradición de dignidad, y que no se van a rendir.