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El seguimiento y la espía que organismos de Inteligencia del Estado han realizado a una veintena de personas, entre políticos y periodistas, ha concluido en un escándalo donde las opiniones fueron muchas, unánimemente de censura, con mínimas excepciones que no han convencido a nadie y que no deberían tener mayor repercusión. No es válido que en un gobierno democrático “de cambio” se justifiquen los mismos métodos empleados en el pasado. Porque, entonces, ¿dónde está el cambio?

A esto se añade que el Gobierno ha admitido que al menos dos grupos irregulares realizan tareas de Inteligencia dentro de la Policía, asunto que, según el Vicepresidente y el Ministro de Gobierno, no era conocido por la máxima autoridad policial y, por ende, tampoco por los miembros del Poder Ejecutivo.

En todo caso, las autoridades también han admitido que los órganos de Inteligencia “regulares” sí realizan espía y seguimiento a aquellos grupos que se dedican a actividades conspirativas y a la violencia política, los cuales podrían poner en riesgo la unidad y la estabilidad democrática en el país.

Las señales que llevaron al Ejecutivo a pensar en esa posibilidad —de la que “habrá novedades”, según el ministro de Gobierno, Alfredo Rada— son los atentados explosivos (cuatro en total) que se registraron entre diciembre del año pasado y esta última semana.

La denuncia sobre espionaje concluyó en una inquietud mayúscula en los máximos niveles gubernamentales y de la oposición, dando como resultado algo que era inesperado: la ratificación, por una gestión más, del general Miguel Vásquez como Comandante General de la Policía Boliviana, postergando las ambiciones de jefes aparentemente dispuestos a todo para ocupar ese alto cargo y otros que, por su parte, aguardan su ascenso a generales.

Lo que ha salido a luz en los últimos días es que el tema del espionaje e investigación a políticos y periodistas podría obedecer a lo que se ha venido a denominar una “guerra sucia” o un “trabajo sucio”, por aquellos miembros de la Policía Nacional que aspiraban a los ascensos y al Comando General de la institución. En este sentido, fue el propio general Miguel Vásquez quien señaló al coronel José Luis Centellas, director de Inteligencia de la Policía, de haber inspirado el seguimiento de las 20 personas, lo que calificó como “falta grave”, que, ciertamente, lo es. Lo de “falta grave” es lo mínimo que se puede utilizar como calificativo, en vista de que se trata de un abuso inaudito, además de inconsulto, lo que muestra una inconcebible falta disciplinaria.

En su calidad de presidente interino de la República, Álvaro García Linera, quien posesionó al ratificado general Miguel Vásquez, hizo el viernes una exhortación a la institución policial para que vuelva a recuperar la confianza del pueblo, para que la ciudadanía se sienta protegida y no abandonada por quienes tienen el deber de resguardar la seguridad pública, y repudió lo que ha venido aconteciendo con el espionaje a políticos y periodistas, instruyéndole al Comandante General de la Policía que se realice una investigación seria de lo acontecido y una información que sea de conocimiento del Primer Mandatario y que pueda ser conocida por todo el país.