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¿Es viable el modelo de desarrollo del “estatuto autonómico“ propuesto por el comité cívico de Santa Cruz? Para ellos, el estatuto permitirá el desarrollo económico e Santa Cruz y e todo el país. La autonomía significaría una mayor descentralización y democracia en la gestión de los recursos. Para otros, el modelo implicaría separatismo, ruptura de la unidad del país y la postergación del desarrollo equilibrado. Para dilucidar la controversia es necesario precisar en qué consiste el modelo y, segundo, determinar su potencial económico y social en el contexto nacional e internacional.

El “estatuto”, que es una síntesis de las propuestas planteadas desde el 2003, sugiere las características institucionales del modelo económico deseado. Un análisis profundo de esta propuesta, en contraste con la dinámica histórica real, permitirá determinar sus características reales y su viabilidad.

El modelo no presenta aspectos innovativos de carácter estructural respecto a lo que fue y es la economía departamental. No hay propuestas referidas a proyectos de cambio del patrón de desarrollo departamental o a un desarrollo económico industrial o tecnológico o a proyectos de desarrollo social. No se distingue cómo podría surgir, de estas propuestas institucionales y administrativas, un desarrollo económico más sólido. Se puede decir que el estatuto trata de una especie de “modelo tradicional”.

Factores del modelo económico tradicional: La estructura del modelo cruceño surgió desde los 50, gracias al fuerte apoyo del Estado Central Autoritario (civiles y militares). Este fue el primer factor estratégico. Gracias a este Estado se facilitaron las distribuciones legales e ilegales de inmensos territorios a nuevos latifundistas provenientes del departamento, como de otras regiones. El nuevo latifundio constituye el segundo factor estratégico de ese modelo. Este latifundio se caracterizó por producir en una mínima parte, y por dejar ociosa a la inmensa mayor parte. Implica la existencia de un latifundio de cerca de cincuenta mil hectáreas y la producción efectiva de apenas mil o dos mil. El acaparamiento se realizó mediante despojos de las comunidades indígenas, en complicidad con la administración estatal.

Una parte importante de los nuevos latifundistas son inmigrantes desde mediados del siglo pasado de Alemania, Brasil, Argentina, Yugoslavia, numerosos menonitas provenientes de Estados Unidos y de Europa. Estos “colonizadores”, generaron ambiente psicológico de superioridad respecto a los valores culturales locales y nacionales.

Tercer factor, el financiamiento y los subsidios estatales. Este favorecimiento excluyente fue realizado por el Estado Central Autoritario, como posteriormente, por el Estado Central Neoliberal. El financiamiento fue realizado con los recursos de la nación, generados por otras regiones y sectores productivos, y canalizados mediante los bancos estatales de fomento como el Banco del Estado y Agrícola. Una parte mayoritaria de estos préstamos fue condonada o no devuelta, o totalmente deprecida por las devaluaciones. Estos préstamos constituyeron la base de la fortuna de la elite cruceña.

Cuarto, la inversión pública masiva por parte del Estado Central, la mayor parte de ella generada por otras regiones y sectores productivos, así como resultado del endeudamiento externo, fue dirigida a la construcción de importantes obras públicas de infraestructura física y social. Gracias a esta generosa inversión pública, el Estado Central logró construir la mejor y más extensa infraestructura carretera, la mejor infraestructura eléctrica, el mejor sistema de extensión agrícola y pecuaria, etc. La empresa estatal de construcción de carreteras y de infraestructura física, CBF), pese a que sus recursos eran generados por el sector andino del país, concentró sus mayores obras en Santa Cruz.

Quinto, el apoyo diversificado a la elite latifundista, múltiples subsidios estatales a individuos o a grupos, como en el caso de las rebajas sustanciales en los precios del diesel (alrededor de 180 millones de dólares anuales, financiamiento crucial que permite el transporte y las exportaciones de soya y derivados al Mercado Andino). Rebajas en las tarifas ferroviarias, exenciones tributarias, liberaciones de impuestos de exportación e importación de bienes de capital, reprogramaciones bancarias, etc. Sexto, preferencias arancelarias otorgadas al país por la CAN a la soya, principal producto de exportación cruceño. Gracias a estas preferencias, pueden vender un producto subsidiado y caro a la CAN. Por preservar este privilegio, el país no puede ser miembro pleno del MERCOSUR.

Elite oligárquica ineficiente y no competitiva: Ningún otro sector recibió tantos beneficios del Estado. El concepto de oligarquía se aplica bien a la conducta de esta elite insaciable, que ejerce un poder y un gobierno para su beneficio exclusivo. Estos subsidios estatales ad infinitum, sin metas de producción ni comerciales ni temporales, entran dentro de la categoría de prácticas comerciales “ineficientes y desleales” de la OMC. Suponen, además, que la economía nacional castiga a los productores eficientes y premia a los ineficientes, lo que causa graves distorsiones a la estructura productiva interna. Debido a los subsidios desequilibrados, el país perdió años la soberanía y seguridad alimentarias en alimentos básicos, y ni siquiera logró desarrollar una agricultura competitiva y sostenible en el sector oriental.

Esto se traduce en el crecimiento de un sistema distorsionado que genera alta concentración del ingreso y una brecha creciente entre una minoría de ricos y una inmensa mayoría de pobres. Una de las principales razones de la existencia de la pobreza extrema, es la existencia de estas distorsiones y privilegios. Una de las razones principales de la pobreza y del atraso del país, es la existencia de políticas desequilibradas que privilegian a un sector económico no competitivo y dejan en el abandono a la economía nacional. La elite latifundista y empresarial cruceña es responsable de esta situación.

La base económica de la elite de Santa Cruz aún no llegó a consolidarse, a construir una economía sostenible y competitiva, libre de subsidios permanentes y generadora de recursos para el desarrollo. Continúa siendo una elite oligárquica no competitiva, de baja productividad, altamente dependiente del Estado Central y derrochadora de los recursos de la Nación. Para subsistir esta oligarquía requiere mayores subsidios y expandir las superficies de cultivo, esto significa realizar enormes sacrificios y dejar en el abandono a otras regiones.

Con la crisis del Estado Neoliberal desapareció el sustento político y financiero de esta elite. Las fuentes tradicionales de financiamiento entraron en crisis. Por consiguiente, esa oligarquía cruceña proclama la autonomía, la separación respecto del país. Esta demanda se acrecentó con el triunfo de Evo Morales y con el establecimiento de un Estado Central Democrático.

Modelo económico: Pretende establecer un sistema de “gobierno central departamental” organizado de manera que pueda sustituir las funciones tradicionales de apoyo y de subsidios del Estado Central Neoliberal. El gobierno departamental tendrá la misión de preservar y reproducir el modelo productivo dependiente, en lo concerniente al control de la tierra y a su expansión, al financiamiento de la economía latifundista dependiente. El nuevo gobierno departamental no se diferenciaría del modelo dependiente ya analizado.

Las “competencias exclusivas” que el gobierno departamental cruceño desea implantar en gestión de la tierra y del latifundio, al sistema electoral departamental, a la justicia, al sistema de recaudación tributaria, a la planificación, a las leyes departamentales, a la policía departamental, tienden al separatismo, a reproducir y fortalecer el sistema dependiente anterior. La única diferencia radica en que si antes los subsidios y apoyos eran asignados por el Estado Central ahora lo serán mediante el “gobernador central departamental” y su propio sistema burocrático. Empero, expresa que no admitirá la existencia del latifundio improductivo y que promoverá a función económica y social de la tierra. Esto suena extraño ya que el Comité Cívico no admite la existencia actual del latifundio en su territorio.

Los recursos para el funcionamiento del modelo provendrían de los recaudados actualmente en el departamento por la explotación de los recursos naturales como el gas, los minerales, las actividades agrícolas y otras. La recaudación tributaria sería realizada por una entidad departamental propia. El Estado Central no tendría facultad para recaudar directamente estos recursos, ni para destinar la inversión pública a las diversas regiones. Con pocos recursos, el Estado Central Democrático debilitado dejaría de funcionar. Como se ve, el estatuto no plantea un proyecto de “descentralización administrativa más profunda” o “más democrática”, sino la reproducción subsidiada de una economía no competitiva.

Bernardo Corro
es Doctor en Economía