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La Central Obrera Boliviana ha planteado al Gobierno la necesidad de anular la última reforma de pensiones y volver al sistema de reparto, que era solidario y que fue reemplazado por un gobierno de tendencia ´neoliberal´.

Por su parte, el Gobierno nacional ha hecho saber que se propone introducir algunos cambios en el sistema de capitalización individual que rige desde aquella reforma.

Quizá sea conveniente encarar este tema desde un punto de vista global, que incluya toda la problemática de la previsión social, la salud pública y las pensiones.

Para esto hay siempre dos vías: la responsable y la demagógica. La primera vía es muy difícil, porque requiere de estudios serios, proyectos bien pensados y mejor elaborados, así como de un equipo profesional que mire todos los aspectos, culminando en su implementación. La otra vía, la demagógica, es mucho más fácil, pero sus soluciones son de efecto efímero y terminan siendo perjudiciales.

El tema exclusivo de las pensiones tendrá que encontrar soluciones a partir de estudios bien hechos sobre la población asalariada. La anterior reforma fue hecha sobre la presunción de que la cantidad de asalariados está disminuyendo y no tiene esperanzas de recuperarse. Pero en Bolivia hay miles de asalariados que no son contados por las estadísticas porque pertenecen al sector informal.

Expertos internacionales propusieron en los años 80 que, antes de tomar medidas sobre el sistema de pensiones, Bolivia haga un esfuerzo serio para formalizar al sector informal.

Hay miles de empresas mineras pequeñas que jamás aportaron al sistema de pensiones y menos a la seguridad social. Otros miles de empresas de diferentes sectores hacen lo mismo. Son asalariados que no ahorran para la época de retiro. Y son miles. Sólo hay estudios aproximativos sobre esta realidad social.

Ahora, el Gobierno nacional ha propuesto aplicar algunos cambios en el sistema de pensiones conocido como capitalización individual. El anuncio se produce cuando se escuchan denuncias sobre irregularidades que estarían cometiendo las AFP. Aparte de estos ciudadanos que reclaman, hay otros miles que reciben pensiones muy bajas, equivalentes a los aportes que hicieron cuando estaban activos. Es para ellos que el Ejecutivo propone algún tipo de compensación. Porque parte del criterio de que si no aportaron más es porque no podían.

Aquí se podría estar ante el comienzo de una irregularidad. La compensación que se aplique les llegará a los que no aportaron porque no pudieron y también a los que no aportaron porque no quisieron. Si al final el Estado te compensa por lo que no aportaste, ¿qué sentido tiene aportar más, o aportar lo que corresponde? El asistencialismo, afirman los expertos, tiene invariablemente efectos negativos.

Quizá valga la pena pensarlo mejor. Si se tiene que hacer una reforma, que sea diseñada para largo tiempo. Y sin someterse a presiones, como las que anuncia, por ejemplo, la COB. La última reforma de pensiones está en proceso de aplicarse, pero muestra algunas deficiencias. La nueva reforma —que apunta a mejorar y ampliar el sistema individual— tendría que ser mucho mejor meditada.