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A la actual gestión administrativa parece haberle faltado mayor eficiencia y decisión para cumplir y hacer cumplir las normas que adoptó el 21 de junio del 2006, pues está perdiendo la oportunidad favorable que entonces había surgido para revertir un problema de graves consecuencias en la industria nacional de los textiles. No es cuestión de asumir medidas coercitivas, pero tampoco de dar muestras de debilidad. De lo que se trataba, en este caso específico, era de organizar el proceso que se había concertado y, de manera gradual, imponerlo.

El Decreto 28761 dispuso, en su artículo 3, que la fecha límite para la importación de ropa usada era hasta el 21 de abril del 2007 y la comercialización hasta el 1 de marzo de este año. Pese a ello, en el primer caso continuó el contrabando, aunque lo positivo fue que el año pasado se llegó a decomisar 7.668 fardos. Aunque no cesó totalmente el contrabando, lo avanzado era muy alentador. En lo esencial, era la demostración palmaria de que el Gobierno nacional esta vez no iba a transigir. Probablemente, lo que faltó fue aplicar mayor rigor en la lucha contra el contrabando, de manera que la venta de ropa usada se reduzca al mínimo.

De ahí para adelante, es decir hasta el 1 de marzo, la comercialización de la ropa usada de contrabando podía haberse reducido al mínimo. La batalla que hubiera quedado pendiente era eliminar, de manera similar, la venta de ropa usada importada. Con el pago de aranceles habría dejado de ser una ganga, mejor todavía si se aumentaban las disposiciones impositivas, con el buen argumento, que tendrá que seguir siendo utilizado, de que sólo podía comercializarse ropa nueva producida en el país.

El presidente de la Confederación de la Micro y Pequeña Empresa, Humberto Sandalio, refutó la aseveración de que los vendedores de ropa usada ascienden a 250 mil personas. "Los grandes importadores son 14, el resto son sólo pequeños vendedores que se ganan centavos en las calles", añadió.

Todos los esfuerzos desplegados por el Gobierno y principalmente por la Aduana Nacional, en los dos últimos años, han terminado en un fracaso con la decisión del nuevo ministro de Producción y Microempresa, Javier Hurtado, de firmar un "Protocolo de Entendimiento" con los importadores y los comercializadores de ropa usada. El acuerdo, asimismo, pierde el rango de legalidad, porque antes de tal medida no fue derogado el decreto que vence el 1 de marzo venidero.

La señal es, pues, muy negativa. Por una parte, demuestra que los planes de reconversión no tenían asidero o que los aludidos prefieren persistir en la facilidad del comercio de ropa usada antes que empeñarse en el trabajo productivo. Por otro lado, se mella la confianza en las autoridades, ya que difícilmente se puede aceptar una palabra que en breve tiempo se retira. Quizás sólo queda confiar en el arranque de dignidad de la gente para que no compre esa mercadería. Lo que parece un sueño imposible.